"Este municipio podría ser víctima": Las comunicaciones previas al traspaso de chats de Irací Hassler a administración Desbordes

Luego de que la noche del viernes se publicaran los chats donde Irací Hassler y Karol Cariola critican duramente a sus aliados políticos, se abrió un duro debate respecto de quién tenía acceso a esas comunicaciones contenidas en el Informe 487 sin reservas.

Reservas que, tal como reveló Mega Investiga, fueron definidas por el fiscal Cooper el 12 de febrero de 2025 y aplicaban a chats con 10 personas del mundo político y de la entretención.

Sin embargo, la defensa de Irací Hassler ha apuntado a una eventual filtración por parte de la administración de Mario Desbordes. La cual habría quedado “en evidencia” por un chat supuestamente protegido que se incluyó en la querella interpuesta por la municipalidad.

“El Ministerio Público en el marco legal nos ha entregado antecedentes acotados y específicos respecto del posible tráfico de influencias. Con esa información hemos interpuesto una querella criminal conocida por todos", dijo este lunes Mario Desbordes.

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Explicación que no dejó satisfecho al abogado Miguel Schurmann, defensor de Hassler, quien respondió que “el señor Desbordes no ha contestado cómo tuvo acceso a la comunicación que se encuentra en el numeral 17 de su querella”. Conversación entre la entonces alcaldesa y Cariola, donde hablan respecto a la decisión de nombrar a Felipe Esbir en el cargo de Secretario de Planificación.

Hasta este momento, la discusión se centra en definir qué partes tenían acceso al Informe 487 sin reservas, como también dilucidar qué tipo de información y por qué razón, fue entregada a la administración municipal de Santiago.

Respecto del primer punto, el fiscal Cooper señaló en CNN Chile que son cuatro las partes que tuvieron acceso al informe completo: la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Regional de Coquimbo, la defensa de Irací Hassler y el Séptimo Juzgado de Garantía, a quienes se les ingresó previo a la audiencia de cautela de garantías solicitada por el abogado de Karol Cariola.

6 de marzo: Fiscalía pide información

El lunes 3 de marzo, con la incautación del teléfono y computador de Karol Cariola, se conoció que el fiscal Cooper había abierto una nueva investigación, nacida desde Sierra Bella, donde se persigue un eventual tráfico de influencias.

Tres días después, el jueves 6, el fiscal envió un oficio a Mario Desbordes solicitando información respecto de cuatro puntos principales que consideraba relevantes en la nueva investigación.

En el primer punto se solicita remitir todos los antecedentes que la municipalidad tenga de la empresa Chinamart, mientras que en el segundo se pide el acta del Concejo Municipal donde se discutió respecto de la renovación o aprobación de la patente de dicha compañía.

El tercer requerimiento fue más amplio, y dice relación con “toda la información relacionada con la existencia, actual o pasada, de proveedores de nacionalidad china que tengan o hayan tenido obligaciones contractuales con la Ilustre Municipalidad de Santiago”.

Mientras que en el cuarto punto, el fiscal pidió antecedentes respecto de empresas y/o personas naturales que hayan realizado donaciones de árboles navideños, pesebres y helados para la navidad de 2022.

Finalmente, el oficio señala que se envíe también “cualquier otro antecedente relevante para esclarecer los hechos objeto de la investigación, con el fin de garantizar su adecuada comprensión”.

7 de marzo: Municipio requiere antecedentes

Frente a la solicitud hecha por el fiscal Cooper, el abogado de la municipalidad de Santiago, José Ignacio Pinochet, envió al persecutor el 7 de marzo el oficio N°225.

Lo primero que señala el documento es que “con el propósito de dar cumplimiento estricto a su requerimiento y por cuanto este municipio podría ser víctima de los hechos que se señalan, es imprescindible que esta parte tenga acceso a las comunicaciones entre la otrora alcaldesa de Santiago señora Irací Hassler y la diputada señora Karol Cariola”.

Luego se señala que, según la información de los chats que se conocieron en medios de comunicación era posible que el municipio “vea afectado sus intereses”.

La petición de los chats se funda en el “interés municipal” y que estos serían necesarios también para responder a los puntos tres y cuatro del oficio del fiscal Cooper, por lo que se requería “toda información que conste entre las personas señaladas”.

Por último, el oficio firmado por el director de asesoría jurídica, señala que respecto de Chinamart, existieron tres patentes municipales asociadas al rut, todas con el mismo domicilio, y que ninguna se encontraba vigente.

10 de marzo: Fiscalía da “acceso parcial” a chats

Iniciando una nueva semana laboral, el 10 de marzo, el fiscal Cooper respondió a la contra-solicitud que recibió por parte del municipio de Santiago.

“En relación a su oficio N° 225 solicitando que se le conceda acceso a la totalidad de los intercambios de mensajes entre la exalcaldesa Iraci Hassler y la Diputada Karol Cariola Oliva”, parte señalando y agrega “se accederá parcialmente a su su requerimiento y se libera los siguientes intercambios de mensajes?”.

Luego de ello, se señalan una serie de conversaciones extraídas del celular de Irací Hassler, material al cual se le asignó internamente un Número Único de Evidencia (NUE).

Respecto de conversaciones entre la alcaldesa y Karol Cariola, la Fiscalía envió al municipio chats de 10 días distintos entre enero de 2022 y abril de 2023. Entre ellos, no se encuentra el intercambio del 30 de diciembre de 2022, donde ambas critican duramente al presidente, a la ministra Vallejos y a Matías Meza-Lopehandía.

Además, se les compartió mensajes que Hassler se envió con Reynaldo Morales (coordinador actividades comerciales de la municipalidad) y con “Juanito González”, militante comunista llamado Jorge Cárcamo. Ambos chats se encontraban dentro del mismo NUE.

Los alcances de la “constancia de reserva”

En octubre de 2024, en medio de una ola de críticas a la Fiscalía por la filtración de investigaciones, Ángel Valencia envió un instructivo a los fiscales regionales y adjuntos, asesores jurídicos y abogados asistentes con una serie de medidas que se incorporaron a la normativa interna del Ministerio Público.

“Las presentes instrucciones buscan contribuir a que la recopilación, almacenamiento y uso de información personal sensible, se realicen conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad, finalidad y legalidad, minimizando los riesgos de filtración o uso indebido de información que puedan comprometer tanto la seguridad de esta información, como la integridad y efectividad de las investigaciones penales”, señala el documento.

En el instructivo, se incluye la opción de anexar información pesquisada que no sea de interés para la investigación y no entregarla a los intervinientes.

Esa es la medida que aplicó el fiscal Cooper en su constancia de reserva del 12 de febrero de 2025, donde definió no entregar a las partes (exceptuando la defensa de Hassler) una serie de conversaciones que formaban parte del NUE del celular de la alcaldesa.

Entre las conversaciones a las que se les dio esa protección especial, se encuentran aquellas que se enviaron a la Municipalidad de Santiago el 10 de marzo, por lo cual se abre el debate de si la reserva que se les dio en la causa Sierra Bella aplica para la nueva causa denominada Chinamart.

Es importante señalar que en el instructivo emanado desde la Fiscalía Nacional en octubre de 2024, el último punto dice relación con la “revisión y reversibilidad” de la evidencia protegida.

“Cuando surjan nuevos antecedentes en la investigación, o que el desarrollo de la misma abra nuevas líneas de indagación, el fiscal siempre podrá considerar que aquellos antecedentes previamente anexados resultan actualmente relevantes para el esclarecimiento y averiguación de los hechos investigados”, dice el instructivo.

El documento señala que si se requiere modificar la “protección” a esa evidencia, “el fiscal deberá solicitar al Fiscal Regional respectivo la autorización para que esta información deje de estar anexada y, por ende, se incorpore a la carpeta principal”.

Esta situación no aplicaría en este caso, puesto que quien lidera la investigación es el propio fiscal regional de Coquimbo.

Como último punto, el oficio termina señalando que si surgen cuestiones asociadas a las instrucciones, las consultas deben canalizarse con las unidades de Crimen Organizado y Drogas, Anticorrupción y Unidad de Asesoría Jurídica.

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