Empresa de exfuncionaria de Cultura recibió $1.700 millones por tratos directos y licitaciones desde la Subsecretaría

En diciembre de 2016, la entonces funcionaria de Gobierno, Katherine Vargas, se despedía de quienes habían sido sus compañeros los últimos seis años en el ex Consejo Nacional de la Cultura (CNCA), hoy Subsecretaría de Cultura. Ahí desempeñó diversas funciones, la mayoría de ellas vinculadas al desarrollo de actividades culturales y la confección de solicitudes de compras y contrataciones de servicios.

Al año siguiente volvería a encontrarse con la Subsecretaría de Cultura. El 13 de marzo de 2017, Vargas constituyó la empresa Pulmari EIRL, con un capital de $100.000 pesos. Tendría como giro deportes y actividades de esparcimiento, entre otros (ver documento). Pasaron dos meses y llegó su primer contrato con el Estado. Fue justamente con el servicio donde había trabajado apenas unos meses antes.

El monto fue bajo: $2.000.000 pesos por la entrega de materiales para actividades del ex CNCA. Sin embargo, ese sería el punto de partida de una decena de contratos que firmaría posteriormente la empresa con la Subsecretaría de Cultura.

Según los datos de Chile Compra, en 2019 la empresa de Vargas llegó a registrar 16 transacciones con la Subsecretaría, por un total de $259 millones. De ellas, 14 fueron por tratos directos, que alcanzaron los $252 millones.

Los documentos de esas transacciones dejaron algunas huellas de quiénes participaron de esos procesos. En el trato directo del 11 de junio de 2019, se le encargó a Lorena Cortés, jefa de sección de Compras y Licitaciones, la gestión para la contratación vía trato directo de Pulmari EIRL. La contraparte técnica de dicho contrato estaría en manos de Irma Pino, funcionaria del departamento de Administración y Finanzas de la Subsecretaría (ver documento).

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Dos meses después, firmó un nuevo trato directo, esta vez para el servicio de mantención del inmueble de la Subsecretaría en Valparaíso. El encargado de realizar la solicitud de compra fue Juan Zamora, funcionario de la sección de Logística y Mantención. Entre quienes firman los documentos administrativos relativos a la contratación de Pulmari, también figura Jael Villalobos, profesional de la misma sección.

¿Qué tienen en común estos nombres? Cada uno de esos funcionarios coincidió con Vargas durante su paso por la Subsecretaría, cuando la empresaria desempeñaba funciones en el gobierno (ex CNCA).

Los evaluadores que recomendaban adjudicar contratos a Pulmari

La Subsecretaría de Cultura es la encargada de llevar adelante el programa de los Centros de Creación (Cecrea), una iniciativa que busca “generar experiencias y procesos creativos de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes (NNJ), a través de laboratorios y proyectos interdisciplinarios”. Existen cuatro Cecrea a lo largo del país: Vallenar, La Ligua, Valdivia y Castro.

Como cualquier otro inmueble, estos centros requieren mantenimiento y aseo. A pesar de que no son grandes edificaciones, sus servicios de mantención son millonarios, y hay ocasiones en que los recursos se licitan o derechamente se entregan de forma directa.

La empresa de Katherine Vargas ha recibido los recursos a través de ambas modalidades. Desde 2017 a la fecha, registra más de $1.700 millones por contrataciones con la Subsecretaría. Es este servicio el que concentra la mayor parte de los ingresos de esta firma. Según los datos de Chile Compra analizados por Mega Investiga, el 80% de las transacciones de Pulmari con el Estado, provienen de la Subsecretaría de Cultura, seguido por Aduanas, que concentra 19%.

Las sumas más cuantiosas provienen de licitaciones. Vargas ha participado en varias de ellas, donde suele ocurrir que el servicio deja fuera de la evaluación al resto de los oferentes, o al menos la mayoría de ellos. Una muestra de aquello es el proceso del pasado 30 de septiembre de 2020, donde se licitó el servicio de aseo y reciclaje de los edificios institucionales en Valparaíso, al cual se presentaron cuatro oferentes. Sin embargo, sólo quedó en carrera la empresa de Vargas, quien se adjudicó la licitación por $243 millones (ver documento).

Para que una licitación sea adjudicada a un determinado oferente, el servicio designa a una comisión evaluadora, integrada por funcionarios encargados de —justamente— evaluar cuál es la mejor oferta según las bases de licitación, y recomendar adjudicar el contrato a uno de estos oferentes.

Los integrantes deben estar libres de cualquier conflicto que les pueda restar imparcialidad en ese proceso. Por ejemplo, vínculos familiares o tener amistad con algún representante de las empresas que participan de la licitación.

En el caso de las licitaciones donde ha participado Vargas, los integrantes de dichas comisiones suelen estar integradas por excompañeros de la Subsecretaría. Ocurrió en la licitación del 17 enero de 2020, donde los integrantes de la comisión, Karen Vergara, Jael Villalobos e Irma Pino, recomendaron adjudicar $78 millones a la empresa de Vargas para el servicio de Aseo del Cecrea La Ligua (ver documento). Los tres funcionarios habían coincidido con la empresaria en su paso por el ex CNCA. También lo hizo la funcionaria Lorena Cortés, que amplió dicho contrato por $20 millones.

Lo mismo ocurrió en la licitación del 30 de septiembre de ese mismo año, donde los integrantes de la comisión fueron Daniela Aguirre, Juan Zamora y Jael Villalobos, que propusieron adjudicar un contrato por $243 millones a la empresa de Vargas.

Según los registros revisados por Mega Investiga, existen al menos nueve funcionarios que participaron de estas comisiones o de los tratos directos, que coincidieron con Vargas mientras fue funcionaria del ex CNCA.

La representante de Pulmari, Katherine Vargas, evitó responder a este medio sobre su cercanía con alguno de los funcionarios públicos en cuestión. Sin embargo, señaló que “jamás se vinculó de manera directa en el ejercicio de sus funciones al interior de dicho servicio” con estos trabajadores, y que “nunca formaron parte de una línea directa en el ámbito laboral”.

Asimismo, este medio consultó si Vargas alertó sobre la participación de excompañeros del ex CNCA en las comisiones evaluadores, sobre lo cual aseguró que el deber de abstención “le corresponde al funcionario o funcionaria pública que sea designado para ello, y en ningún caso esto le corresponde a las empresas privadas que tienen el derecho de hacer contratos con el Estado”.

Sobre este punto, existe un registro de una funcionaria que se abstuvo de participar en un proceso de licitación donde participó Pulmari. Se trata de la entonces jefa del Departamento de Administración y Finanzas, Maritza López, quien se abstuvo en la licitación del 2017, por su "conocida amistad" con la representante de la empresa y exfuncionaria, Katherine Vargas (ver documento).

Las alarmas de los competidores

Los eventuales vínculos de Vargas con funcionarios de la Subsecretaría de Cultura son un secreto a voces entre quienes conocen los contratos vinculados a los Cecrea. En los últimos meses, algunos han escalado el caso hasta los tribunales de justicia.

El pasado 30 de mayo de 2024, la empresa Arpiz SpA, decidió demandar a la Subsecretaría de Cultura ante el Tribunal de Contratación Pública. Acusan haber sido perjudicados en una millonaria licitación para el servicio de aseo en el Cecrea de La Ligua.

El representante de la firma, Fernando Pizarro, asegura que las irregularidades en estos procesos se han repetido por años. “Hemos alertado a distintas autoridades sobre estas irregularidades desde el año 2017. Resulta preocupante que una empresa cuya dueña dejó de trabajar en el Ministerio de Cultura en diciembre de 2016 haya sido creada el 13 de marzo de 2017”, comenta Pizarro.

La causa está vigente y, en las últimas semanas, han pasado por el tribunal diferentes actores relacionados al proceso. El 13 de enero, declararon tres testigos de la Subsecretaría: dos de ellos desconocían que Vargas había trabajado en el ministerio (ver documento).

También se citó a declarar a la actual subsecretaria de Cultura, Jimena Jara, quien delegó la tarea a Pablo Rojas, jefe del departamento de Educación de la Subsecretaría. Rojas declaró que sí tenía conocimiento de que Vargas trabajó en la Subsecretaría, pero descartó algún tipo de influencia a raíz de la situación.

En esa misma línea, la representante legal de Pulmari descartó haber influenciado en algún proceso de contratación con la Subsecretaría. “A lo largo de mi carrera profesional y como funcionaria pública, siempre he mantenido un alto compromiso con la ética y la probidad, valores que se plasman en la calidad del servicio que prestamos (...) jamás me permitiría influir de manera indebida o fuera de los marcos de la ley para conseguir un contrato con el Estado o en el mundo privado”. Vargas agregó que “nunca hemos perdido de vista que Pulmari en mapudungun significa ‘hacer 10 veces mejor las tareas’”.

Mega Investiga solicitó una versión de los hechos a la Subsecretaría de Cultura, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuestas.

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