Zoom a Calles Sin Violencia: Más de $21 mil millones, alcaldes inconformes y la defensa del Gobierno a su plan estrella

El Plan Calles Sin Violencia, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se presentó en 2023 como una estrategia clave para enfrentar -principalmente- la tendencia al alza de los homicidios.

El proyecto buscaba dar una señal importante ante una compleja crisis de seguridad que no daba tregua. El anuncio, por lo mismo, se concretó el 6 de abril, a menos de 24 horas de que el cabo Daniel Palma falleciera tras recibir disparos durante un operativo policial en Santiago.

Los ejes del plan, que se venían trabajando con anterioridad a ese suceso, incluían persecución penal, aumento de patrullajes, control de incivilidades y prevención en espacios públicos. Implicaba, además, una inyección de $500 millones para las municipalidades que integran la estrategia, para proyectos sobre intervención comunitaria.

Su ejecución, por lo mismo, era vista con buenos ojos por los alcaldes que estaban incluidos en el plan. Sin embargo, a poco menos de dos años desde su lanzamiento, las opiniones entre los jefes comunales -tanto de oposición como del oficialismo- están divididas.

Las últimas críticas apuntan, principalmente, a una desigual distribución de funcionarios de Carabineros en las comunas y a la eficacia del plan, considerando las cifras de homicidios registradas en el último año.

Y es que a comienzos de enero, el subsecretario del Interior, Luis Cordero informó que en 2024 se registraron 1.152 víctimas de homicidio, lo que representa una reducción del 0,35% en comparación al año 2023. “Chile detuvo la tendencia al alza en materia de homicidios”, dijo en ese momento la autoridad de gobierno.

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Algunos alcaldes, sin embargo, salieron al paso de esa cifra y aseguraron que no existe un impacto real del Plan Calles Sin Violencia. Mega Investiga reunió voces de diferentes jefes comunales que forman parte de la estrategia y se han visto afectados, sobre todo, por la tasa de homicidios. Entre la mayoría hay un diagnóstico común: la estrategia estrella del gobierno no era lo que esperaban.

“El plan tiene buena prensa, pero no vemos un impacto real”

El último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile posicionó a Antofagasta como la tercera comuna con más asesinatos (19) registrados durante el primer semestre de 2024. Con ese resultado a mano, el nuevo alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli) ha sido crítico con el Plan Calles Sin Violencia.

"Si bien no ha seguido aumentando la tasa de homicidios, tampoco ha bajado. Seguimos en niveles máximos de violencia, y eso mantiene el temor de la gente. El plan tiene buena prensa, pero no vemos un impacto real en lo que necesitan los vecinos", declaró a Mega Investiga.

Además, destacó que la cantidad de carabineros en la comuna sigue siendo limitada, lo que obliga al municipio a implementar medidas adicionales para complementar las labores policiales. "Por más que estén con autos nuevos, sabemos que son la misma cantidad", agregó.

Una crítica similar plantea el alcalde Christopher White (PS) de San Bernardo, una de las comunas que también se posiciona dentro de las diez con más homicidios consumados el primer semestre de 2024.

“El Plan Calles Sin Violencia ha sido un fracaso, porque ha habido un aumento en la tasa de delitos violentos asociados a homicidios, lo que claramente deja en evidencia que este plan no ha funcionado”, señaló.

Desde su perspectiva, el repunte en los crímenes refleja la urgencia de replantear las acciones de seguridad, y sugiere que se realice un trabajo “intercomunal”, enfocado “en sectores, que ya están identificados, donde el crimen organizado y el narcotráfico son amos y señores del territorio”.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN) también apuntó contra la eficacia de la estrategia. A su juicio, “efectivamente ha sido un ensayo y error por parte del gobierno, porque se ha tenido que reestructurar durante tres ocasiones” y agregó que existe una deficiencia en los recursos para darle funcionamiento al plan.

“Si uno pensara en los carros que se utilizan para los 10 carabineros que vienen en relación a ese programa, los carros que se utilizan son de la prefectura completa, por tanto, en recursos sí estaríamos absolutamente hoy deficientes”, sentenció.

Desigual distribución de Carabineros

Uno de los ejes principales del plan es el aumento de carabineros desplegados en las comunas. Sin embargo, la distribución de los funcionarios ha sido un foco de cuestionamientos. La alcaldesa de Quinta Normal y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Karina Delfino (PS) señaló a Mega Investiga que en el caso de la Región Metropolitana no es equitativa la relación criminalidad, población y Carabineros.

“En el caso de Vitacura hay 45 Carabineros que están operativos versus, por ejemplo, Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, que tenemos cerca de 35 Carabineros que están operativos. Nosotros tenemos mayores poblaciones de habitantes que Vitacura y mayor comisión de delitos, sobre todo los violentos. Obviamente esto no se explica”, declaró.

Asimismo, remarcó que “hoy las comunas más densas y más complejas no tienen más Carabineros operativos, y eso se nota cuando ocurren delitos de connotación, porque la respuesta policial a otros sucesos tarda”.

En la misma línea, el alcalde de San Bernardo señaló que “es lamentable” la desigualdad en la distribución de carabineros entre comunas de los sectores oriente y sur, las que “presentan una mayor tasa de homicidios y de hechos delictuales”.

Desde Independencia, el alcalde Agustín Iglesias (UDI), afirmó que pese a los anuncios de La Moneda, su comuna enfrenta un panorama complicado en materia de seguridad y fue crítico con el plan. “El Plan Calles Sin Violencia es un fracaso. Hoy Independencia tiene un récord de homicidios y los vecinos viven con inseguridad. (...) Seguimos con una baja dotación policial”, comentó a Mega Investiga.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (FA), en tanto, destacó que si bien “el plan Calles Sin Violencia ha permitido focalizar mejor el trabajo” en la comuna, “no resuelve por sí solo el problema estructural de la inseguridad”.

Por lo mismo, reparó en que “los recursos asignados, si bien no han sido pocos, sí han sido insuficientes frente a las necesidades de una comuna en constante crecimiento como Estación Central”. “Para que este plan sea más efectivo, es indispensable que se incremente el presupuesto y que todas las instituciones trabajen de manera fuerte y coordinada”, puntualizó Muñoz.

La defensa del gobierno

Pese a las críticas, desde el gobierno han sostenido una permanente defensa al Plan Calles Sin Violencia.

Una de las personas a quien le ha tocado asumir ese rol es a Carolina Leitao, actual subsecretaria de Prevención del Delito. La autoridad del Ejecutivo también estuvo en el otro lado de la vereda, cuando ejercía -hasta noviembre de este año- como alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la ACHM.

Mega Investiga solicitó una respuesta de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito ante los cuestionamientos de los alcaldes, pero se excusaron de entregar una versión.

En diversas ocasiones, la subsecretaria ha señalado que el plan no ha fracasado y que las críticas son “injustas”. “Yo no diría que el plan fracasó, sino que tuvo resultados positivos en muchas comunas y en regiones, y en la RM tuvo resultados disímiles”, dijo el pasado 7 de enero en Radio Universo.

$21.570 millones para intervención comunitaria

El Plan Calles Sin Violencia contempla una inyección de $500 millones para cada municipalidad que postulara proyectos al Programa Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Según un registro de la Secretaría de Estado, requerido por Mega Investiga, en el marco del plan se presentaron 195 postulaciones, de las cuales 185 ya tienen los recursos transferidos o están en proceso de transferencia, lo que equivale al 95%.

Esto, en términos económicos, equivale a más de $21.570 millones de inversión para programas enfocados en el mejoramiento e intervención de espacios públicos.

Sobre los proyectos que aún no concluyen su tramitación, desde la Subdere precisaron que se encuentran con observaciones técnicas”, lo que implica “hacer correcciones y revisiones a la presentación de la iniciativa”, para que así puedan contar con la aprobación del financiamiento.

En el caso de la Municipalidad de San Bernardo, el jefe comunal precisó que han recibido cerca de $450 millones desde la Subdere, que “han permitido recuperar distintos parques y sitios eriazos con iluminación para que la comunidad se haga presente”. Sin embargo, manifestó que dicho monto “no es suficiente para una comuna de 155 km cuadrados”.

En una línea similar, desde la Municipalidad de Antofagasta explicaron que durante la anterior administración se postularon tres proyectos enmarcados en el programa, pero que “sólo uno está aprobado”. Por lo mismo, explicaron que van “a revertir el número de iniciativas con el fin de utilizar todos los recursos que nos proporciona esta estrategia de seguridad”.

Pese a todos los cuestionamientos, desde el gobierno han defendido intensamente el plan de seguridad. Incluso, en diciembre de 2024 anunciaron que están trabajando en una actualización que estará enfocada en la intervención en barrios específicos, que suelen ser afectados por hechos de violencia y homicidios.

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