$1.660 millones: La cuestionada licitación en Puente Alto por transporte escolar que será revisada por alcalde Toledo

Una licitación de $1.660 millones para el servicio de transporte de menores de edad adjudicó la Corporación Municipal de Puente Alto a Inmobiliaria e Inversiones Yandi Limitada, en noviembre del año pasado.

La empresa será la nueva encargada de trasladar a estudiantes a establecimientos educacionales que pertenecen al organismo. Sin embargo, ha encendido las alertas por supuestamente no cumplir con los requisitos para esa labor.

Los denunciantes aseguran que el proceso, que se concretó al tercer intento, no estaría exento de cuestionamientos. Uno de ellos apunta a que la sociedad amplió su giro a servicios de transporte un mes antes de que se publicara la licitación en Mercado Público, y que recibió “información privilegiada” previo a postular.

El caso, incluso, fue expuesto por el diputado Hernán Palma en una reunión con la Contraloría General de la República, en julio del año pasado.

“Preocupa de sobremanera que la administración anterior del municipio de Puente Alto, antes de irse, haya dejado amarrado el transporte escolar a una empresa que ya habíamos denunciado en distintos espacios”, dijo el parlamentario a Mega Investiga.

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La empresa Inmobiliaria e Inversiones Yandi Limitada está a cargo de Jorge Cifuentes Almazábal, quien también tiene otros contratos con la Corporación Municipal y la Municipalidad de Puente Alto, pero por servicios de seguridad. De hecho, una de las licitaciones con esos organismos fue cuestionada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, desde donde también remitieron los antecedentes a la Contraloría.

Mega Investiga intentó contactar a Cifuentes Almazábal, pero descartó entregar declaraciones.

Desde la Municipalidad de Puente Alto, a cargo del alcalde Matías Toledo, confirmaron a Mega Investiga que se inició una indagación ante la denuncia de eventuales irregularidades. 

"Desde la segunda semana de instalación del nuevo equipo de trabajo, la Municipalidad de Puente Alto, a través de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, detectó la irregularidad denunciada y, en un acto de responsabilidad y compromiso con la transparencia, inició una investigación interna para esclarecer los hechos y verificar la veracidad de las acusaciones", precisaron mediante un comunicado. 

Los primeros cuestionamientos

El 24 de mayo de 2024, la Corporación Municipal de Puente Alto publicó una licitación para un servicio que, en términos generales, consistía en la disponibilidad de buses, conductores y auxiliares para acompañar a los menores de edad durante los trayectos a los establecimientos educacionales.

Fueron cuatro los oferentes que se presentaron, entre ellos la Inmobiliaria e Inversiones Yandi Limitada. Sin embargo, ninguno -según la comisión evaluadora- cumplía con los requisitos técnicos exigidos para la contratación, por lo que se sugirió declarar desierta la licitación.

“No existen ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos administrativos y técnicos establecidos para adjudicar”, dice la resolución emitida por la Corporación el 8 de agosto del año pasado.

El proceso, desde sus inicios, no pasó desapercibido y llamó la atención de algunos integrantes de la Asociación Coordinadora de Centros de Madres, Padres y Apoderados de la Provincia Cordillera, quienes previo a que se declarara desierta la licitación comenzaron a indagar sobre la empresa.

“Nos fuimos dando cuenta de que obtenían información privilegiada, desde antes de la licitación. Ellos adquirieron una cantidad exacta de los buses que necesitaba la Corporación Municipal en noviembre de 2023, poco antes de que publicaran la licitación ya los estaban acondicionando”, dice Ross Mery Gutiérrez, presidenta de la asociación.

El diputado Palma, por su parte, remarcó que desconocen “cómo logró la empresa que en un tiempo récord le aprobaran a 29 máquinas la revisión técnica”. “Entiendo también que se adulteraron las patentes en términos de la colorimetría que exige la norma”, agregó.

Los cuestionamientos también apuntan a que la empresa no tiene experiencia en el traslado de menores de edad, y que recién comenzó a desarrollarse en ese rubro con esta licitación.

Y es que Yandi Limitada realizó una ampliación de su giro recientemente. Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta 2020 los giros de la sociedad eran “alquiler de vehículos automotores sin chofer” y “alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos sin operación”.

Sin embargo, el 26 de abril de 2024 -a tan sólo un mes de que se publicara la licitación en Mercado Público- incluyeron giro para transporte de escolares, de trabajadores y de pasajeros en buses interurbanos.

Todos esos antecedentes fueron expuestos en una reunión en la Contraloría General de la República, que se concretó el 11 de julio de 2024.

Además, quedaron plasmados en un oficio que el 26 de junio de 2024, antes de que se declarara desierta la licitación, el diputado Palma envió a los ministerios de Educación y de Hacienda.

En el documento también se alertó de una posible mal utilización de los recursos Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) entregados por el Ministerio de Educación: “Los recursos FAEP serán destinados para la licitación del transporte escolar, impidiendo que se realicen mejoras en cerca de 27 colegios”.

El oficio recién tuvo respuesta el 19 de agosto y vino de parte de la Corporación Municipal de Puente Alto. En ella, se informó que la licitación fue declarada desierta, pero no se respondieron las dudas planteadas por el parlamentario.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Puente Alto confirmaron que "se está revisando detalladamente el financiamiento asociado a dicha licitación, incluyendo el uso de recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) que se menciona en la denuncia". 

Un trato directo antes de la licitación final

Tras la resolución que declaraba desierta la licitación, la Corporación Municipal optó por publicar una nueva licitación, el 14 de agosto de 2024. Sin embargo, este proceso fracasó nuevamente luego de que se solicitara su revocación para modificar las bases técnicas.

A modo de un tercer intento, el 30 de agosto de 2024 se publicó nuevamente la licitación para el servicio de transporte. Esta vez, se dividió en dos grupos de 14 buses cada uno.

En paralelo, la Corporación Municipal de Puente Alto decidió no renovar el contrato con los prestadores actuales del servicio en ese momento, por lo que impulsó un trato directo que se extendiera hasta que se adjudicara la licitación.

Según la resolución que aprueba la contratación directa, la decisión se adoptó porque “el ITS responsable confeccionó 27 informes y certificados, en los cuales se da cuenta de situaciones anómalas para la continuidad de este importante servicio con los proveedores actuales”.

La Corporación Municipal de Puente Alto recibió cuatro cotizaciones para participar del trato directo, entre las que estaba Inmobiliaria e Inversiones Yandi Limitada. Esa empresa fue la única declarada admisible para continuar con el proceso. Según la Corporación Municipal, las otras no cumplían con la cantidad de buses requeridos.

El trato directo, finalmente, se cerró con Yandi Limitada. La prestación del servicio comenzaría a partir del 4 al 30 de septiembre de 2024, por un monto mensual de $62.296.731; y seguiría desde el 1 al 30 de octubre de 2024, por un monto mensual de $69.218.590.

Tras el cumplimiento del trato directo, el 11 de noviembre del año pasado la Corporación Municipal adjudicó la licitación final para el servicio de transporte. Habían postulado dos oferentes mediante Unión Temporal de Proveedores (UTP), pero fue Yandi Limitada -en conjunto con Transportes Trans-Seval SPA- la empresa que se quedó con el contrato de $1.660.680.000 por 22 meses.

La otra empresa de Jorge Cifuentes

Yandi Limitada no es la única empresa de Jorge Cifuentes que tiene relación con la Municipalidad de Puente Alto. En 2018, Sociedad Integral Jorge Cifuentes (JCA Security LTDA) firmó un trato directo con el municipio, luego de que el organismo comunal revocara un llamado a licitación.

El contrato era para un sistema de vigilancia que se extendería por seis meses, con la posibilidad de ser renovados. Esa cláusula le permitió a la empresa mantenerse hasta el 2021, cuando la Municipalidad de Puente Alto publicó nuevamente una licitación, en la que la comisión evaluadora sugirió que se le adjudicara a JCA Security.

Sin embargo, el 1 de febrero de 2022 el concejo municipal de Puente Alto rechazó esa adjudicación. El argumento fue que JCA Security tenía retrasos en el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, junto con una serie de cuestionamientos que surgieron a partir de un contrato firmado por el Instituto Nacional del Deporte, en el marco de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Chile.

Ese mismo día, para no dejar al municipio sin un sistema de vigilancia, los ediles aprobaron contratar vía trato directo a la empresa SB Vigilancia Limitada por seis meses, hasta resolver el asunto.

Esa decisión, sin embargo, fue cuestionada por JCA Security, quien presentó una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, en contra de la Municipalidad de Puente Alto. Pedían que se realizara la adjudicación.

Como ese proceso estaba en tramitación y evaluación, no se podía llamar a una nueva licitación. Sin embargo, el 25 de agosto se emitió una nueva orden de compra por trato directo -fundamentada en la causal de emergencia- para contratar a JCA Security por un plazo de seis meses renovables, y por un monto de $162 millones mensuales. Ese contrato fue prorrogado por otros seis meses en febrero de 2023.

Finalmente, en julio de 2013 el Tribunal de Contratación Pública rechazó la solicitud de impugnación que presentó JCA Security un año antes, argumentando que efectivamente la empresa mantenía deudas previsionales y, por ley, para adjudicarse una licitación no debe mantener deudas en los últimos doce meses.

Pese a eso, Puente Alto siguió contratando a JCA Security, extendiendo el trato directo firmado anteriormente. Y ya en junio de 2024 publicaron una licitación pública que, nuevamente, se adjudicó JCA Security. El contrato se firmó por doce meses y por casi $317 millones.

Todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento ante la Contraloría, por parte del Observatorio Chile Compra. La Dirección de Compras y Contratación Pública remitió un informe al ente fiscalizador, junto con un oficio en el que aseguró que podría existir una “transgresión a la normativa de compras públicas y, consigo, eventuales responsabilidades funcionarias”.

Ante la advertencia, la Contraloría inició la emisión de un pronunciamiento, proceso que está en último trámite.

Desde el municipio a cargo de Toledo, en tanto, remarcaron que mantienen un "compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas hacia las vecinas y vecinos de Puente Alto" y agregaron que garantizarán "que los resultados de esta investigación serán compartidos públicamente y se tomarán las medidas correspondientes en caso de detectarse irregularidades". 

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