$627 millones cuestionados: Fiscalía recibe informe por convenio entre Gore Biobío y fundación vinculada a exdiputado

Lo que sería un inédito Centro de Desarrollo e Innovación Espacial en la Región del Biobío, terminó en manos de la justicia y con un cuestionamiento de parte de la Contraloría General de la República.

Ese último reproche vino luego que, en abril de este año, el ingeniero comercial Jorge Condeza presentara una denuncia ante el ente fiscalizador, solicitando investigar el convenio firmado en 2022 entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación Leitat, por el que se entregaron $719.700.000 millones.

La Contraloría, tras una indagación, confirmó una serie de irregularidades que ya se sospechaban hace meses, principalmente, por el retraso en las rendiciones y el porcentaje de avance del programa.

La gravedad de los hechos implica un nuevo golpe para Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, ya que el ente contralor enviará los antecedentes a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El convenio, eso sí, ya estaba en la mira del Ministerio Público desde mayo de este año, cuando la Fiscalía Regional anunció la apertura de una investigación de oficio, por antecedentes expuestos en un reportaje de Radio Biobío. Una acción judicial que vino acompañada, meses después, de una querella por fraude al fisco presentada por el propio Gore del Biobío, en la que acusaron incumplimientos de parte de la Fundación Leitat.

Uno de los protagonistas de este caso es el exdiputado Ricardo Rincón, quien prestó asesoría a la fundación Leitat. Mega Investiga tuvo acceso a los registros que dan cuenta de los pagos que recibió el otrora parlamentario por asesorías en el marco del proyecto. Remuneraciones que llegaban a los $3 millones de pesos mensuales.

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Los $719 millones por un Centro Espacial

Fue el 29 de diciembre de 2022 cuando, tras obtener el apoyo del Consejo Regional, se oficializó el convenio entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación Leitat, para la ejecución del programa denominado “Desarrollo e Innovación Espacial del Biobío”.

Se trataba de un proyecto que buscaba “estimular la innovación, la economía, la sociedad y el talento local”. También buscaba “impulsar la creación de nuevos productos y servicios para la consolidación de nuevos negocios basados en tecnología satelital”.

El costo del contrato fue de $719 millones, que se pagaron en una sola cuota el 11 de enero de 2023. Además, se acordó una garantía del 10% del monto total y se fijaron dos años de plazo para la realización del programa.

Sin embargo, la Contraloría constató que, al 30 de junio de 2024 sólo se habían rendido un 45,8% de los recursos asignados. Algo irregular, ya que a esa fecha se debería haber presentado un avance del 75%.

“Dado que el Gore tiene como procedimiento la entrega total de los recursos del programa, sin exigir la rendición de cuentas, y considerando además que la garantía de fiel cumplimiento del convenio solamente alcanzó a un 10% del monto total del programa, implica un eventual riesgo en la pérdida de los recursos públicos no rendidos”, se lee en el documento del ente fiscalizador.

Otra de las observaciones que realizó la Contraloría fue que se detectaron retrasos de hasta 57 días hábiles en la aprobación y contabilización de las rendiciones mensuales de gastos. Esto se suma también a que al 30 de junio de este año se encontraban pendientes de revisión por parte del Gore del Biobío $254.092.042, “correspondientes a las rendiciones de julio de 2023 y mayo de 2024, con atrasos de hasta 171 días hábiles administrativos”.

Debido a la gravedad de esos reproches, la Contraloría inició un sumario para determinar eventuales responsabilidades. Pero las acciones del ente fiscalizador no concluyeron ahí, puesto que también remitió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

Junto con eso, el ente fiscalizador elaboró una tabla en la que constató los problemas de rendición que ha tenido la Fundación Leitat con el Gore del Biobío.

Según el compilado, entre enero de 2023 y junio de 2024, la corporación rindió $329.938.063. De ese monto, no obstante, el Gore del Biobío sólo aceptó $92.623.046 y se rechazaron $237.315.017.

Si se suma aquel número con los $389.761.937 que la fundación aún no había rendido para esa fecha, da un total de $627.076.954. Un monto que, justamente, el Gobierno Regional hoy busca restituir a sus arcas.

En julio de este año, el Gore del Biobío resolvió el término anticipado del programa, mientras que el 9 de octubre pasado, el organismo regional aprobó la liquidación técnica y financiera del proyecto firmado con la Fundación Leitat, para que se restituyeran los $627 millones.

Sin embargo, según constató la Contraloría, dicha acción aún no se concreta, puesto que la corporación presentó un recurso de reposición, en el que solicita que se reciban las subsanaciones correspondientes a los gastos.

Los pagos a Ricardo Rincón

Mega Investiga tuvo acceso a las rendiciones presentadas por la Fundación Leitat, contenidas en la denuncia ante Contraloría y correspondientes a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. En ellas, se aprecia que la mayoría de los gastos corresponden al pago de remuneraciones.

En el listado de funcionarios figura, entre otras personas, Ricardo Rincón, exdiputado y hermano de la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

En los documentos se registran tres pagos al abogado, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, por un total de $3.036.579 cada uno, y bajo el concepto de informes de asesoría.

Su participación en este proyecto, sin embargo, generó diversos cuestionamientos en el Consejo Regional. Incluso, en mayo de este año, Radio Biobío publicó un reportaje en el que planteó que habría sido el propio Rincón quien realizó gestiones para acercar las intenciones de la Fundación Leitat al Gore del Biobío; y abordó presuntos “vínculos políticos” entre el ex parlamentario y el gobernador del Biobío.

Aquella publicación motivó a la fiscalía a iniciar una investigación de oficio. Y es que uno de los antecedentes dados a conocer apunta a que, cuando Rodrigo Díaz pensaba ir a la reelección en el Biobío; el partido Demócratas, liderado por Ximena Rincón, y en el cual milita Ricardo Rincón, apoyaría su candidatura. Sin embargo, la autoridad regional decidió bajar su postulación, ante las implicancias que ha tenido por el Caso Convenios durante su administración.

Consultado por este medio, Rincón descartó tener conocimiento de algún tipo de investigación del Ministerio Público relacionada con este convenio, y aseguró que su labor en este programa se limitó a “asesorar profesionalmente a Leitat Chile en la iniciativa”, junto con la realización de once informes técnicos de “más de 400 páginas”.

En esa línea, precisó que su trabajo se enfocó en el “diseño conceptual del proyecto, no en su especificidad técnica, y en la ejecución remunerada, muy parcialmente, de uno de los 5 componentes del proyecto, el que consistía en el desarrollo de la estrategia regional, institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad”.

El abogado también informó a Mega Investiga que, como consecuencia del convenio del Gore del Biobío, existió un incumplimiento contractual de parte de Leitat -como pagos pendientes-, por lo que decidió dejar de prestarle servicios a la fundación.

“He entregado mi representación a un colega abogado para la interposición de las acciones judiciales pertinentes, razón por la que no me extenderé en sus detalles económicos por obvias razones”, definió.

Zoom a las rendiciones

Las rendiciones a las que tuvo acceso Mega Investiga también dan cuenta de diversos gastos efectuados por la Fundación Leitat, en el marco de la ejecución del programa.

Si bien en su mayoría corresponden a remuneraciones, algunos pagos dan cuenta de gastos por dominio web y asesorías de diseño.

“De enero a mayo del 2023, los gastos fueron casi exclusivamente pagos de remuneraciones de funcionarios de la Fundación, existiendo un solo pago por asesoría diseño y desarrollo de logotipo”, establece la denuncia.

Así también, se evidencian gastos en pasajes en avión desde Santiago a Concepción, consumo de comida en cafeterías y restaurantes, y servicios de transporte, como el arriendo de autos.

Jorge Condeza explicó a Mega Investiga que el motivo de la denuncia fue el poco avance en la ejecución del proyecto, junto con la constatación de “gastos generales por mucho tiempo y visitas a Concepción seis meses después de recibir los dineros”.

Agregó también que el informe de la Contraloría “demuestra un gran desorden que existía en el Gobierno Regional”. “Lo más relevante es la diferencia entre el saldo por ejecutar en las rendiciones y el saldo en la cuenta corriente, que implicaba un eventual mal uso de los fondos”, concluyó.

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