Probidad y cohecho: El detalle de los informes por los que Providencia pagó cerca de $12 millones a Manuel Guerra en 2021

Con una guayabera y sin evitar a las cámaras de prensa, llegó a votar este domingo, el exfiscal Manuel Guerra, a la comuna de Lo Barnechea. El otrora jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, reapareció públicamente en medio de la investigación que pesa en su contra por eventuales delitos de cohecho, revelación de secreto y otros delitos funcionarios. “Me preocupa que la investigación avance a cargo del fiscal Mario Carrera, en quien creo, debido a que ha manifestado públicamente que perseguirá los hechos con la objetividad que corresponde”, señaló tras sufragar.

Y es que la revelación de chats que mantuvo el exfiscal con el abogado Luis Hermosilla, que daban cuenta sobre coordinaciones en causas judiciales y favores políticos, tienen hoy en un complejo escenario a Guerra. La indagatoria del caso está en manos del fiscal de Arica, Mario Carrera, quien ha estado abocado en las últimas semanas en una serie de diligencias.

Durante la investigación, donde figura como querellante el CDE, el exfiscal Guerra hizo entrega de su celular y abrió sus cuentas bancarias para que sean pesquisadas. Desde la Fiscalía de Arica, confirmaron que en la investigación ya existe una alerta de la PDI en caso de que el abogado quiera salir del país, así como también, aseguraron que se han tomado declaraciones a los principales intervinientes en las causas que tuvo en sus manos el exfiscal, como el Caso Penta; Exalmar; Dominga, entre otras.

En ese listado, el fiscal Carrera ya ha tomado declaraciones a los querellantes de esas causas, como María Inés Horvitz, exconsejera del CDE; Mauricio Daza, querellante en el Caso Penta; a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; entre otros.

Desde la Fiscalía de Arica aseguran que la indagatoria tomará tiempo, ya que la tarea se ha centrado en revisar las audiencias, declaraciones y resultados de las investigaciones que tuvo a su cargo el exfiscal Guerra; y contrastar aquello con los chats que mantuvo con Hermosilla, para verificar si efectivamente se materializaron las gestiones y los eventuales favores que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

La indagatoria también apunta a los cargos que ejerció Guerra apenas firmó la salida del Ministerio Público. Y es que, en los chats con el penalista, quedó reflejado cómo el exfiscal Guerra le solicitaba trabajo a Hermosilla, para cuando hiciera efectiva su salida del Ministerio Público. Las solicitudes habrían sido escuchadas. Apenas días después de su salida, el exfiscal comenzó a trabajar en la Universidad San Sebastián; y emitió boletas de honorarios en la Municipalidad de Providencia; y en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO).

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Mega Investiga tuvo acceso a través de Transparencia, a los informes que entregó el exfiscal en estas últimas dos reparticiones, en los cuales se abordan asesorías en materias de probidad, seguridad y delitos funcionarios, entre ellos el cohecho, justamente, uno de los delitos por los cuales hoy la fiscalía lo tiene en la mira.

Sugerencias para la prevención de delitos: los informes en Providencia

Fue el 1 de agosto de 2021, apenas un día después de su salida de la Fiscalía, cuando Manuel Guerra arribó a la Municipalidad de Providencia, en modalidad de honorarios. Su contrato sería por cinco meses, periodo en que tendría como tarea “desarrollar un análisis jurídico acerca de las modificaciones introducidas en materia legal, respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y probidad administrativa”, según se lee en el contrato de la época (ver contrato).

Mega Investiga consultó a la Municipalidad de Providencia, cómo llegó a trabajar a la comuna y con quién se contactó, sin embargo, no se refirieron a este punto. Sí señalaron que se contrató “como abogado independiente para desarrollar un análisis jurídico respecto de las modificaciones legales y la responsabilidad funcionaria debido a actualizaciones normativas”.

A través de solicitudes de transparencia, Mega Investiga tuvo acceso a los cinco informes mensuales que envió Guerra a la municipalidad, que fueron visados por la Dirección de Personas, y que eran requisitos para el respectivo pago mensual que alcanzaba los $2.259.887.

En los documentos se abordan distintas materias vinculadas a la probidad al interior del municipio (ver informes). Así, en el informe de agosto, se señala que el trabajo tuvo por finalidad “contribuir a la mejora de los servicios que la Municipalidad de Providencia presta a sus vecinos, a través de la estricta observancia del Principio de Probidad administrativa”. La mitad del informe, de 10 páginas, son citas textuales de artículos jurídicos vinculados a la materia.

En la misma línea, durante septiembre Guerra se enfocó en la revisión de la estructura y organigrama del municipio, así como en “la identificación de las áreas en que se hace más necesario el control de parte de la Administración”. Nuevamente, gran parte del informe son citas textuales sobre la descripción de las direcciones municipales, así como normas jurídicas sobre la materia, las que ocupan 15 de las 21 páginas del informe.

La tónica es parecida en las siguientes entregas de los informes: octubre, cuatro páginas sobre “las funciones más relevantes en que se hace necesario mejorar los sistemas de control”; noviembre 15 páginas acerca de los delitos funcionarios; y diciembre siete páginas que incluyen las “etapas para implementar un modelo de prevención de delitos”.

Para Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, este tipo de informes se caracterizan por la discrecionalidad y falta de control en la calidad de los mismos. “Cuando vemos documentos que son copias de leyes, donde lo único que se ha hecho es copiar y pegar, no hay una correlación clara que justifique la necesidad de ese servicio (...) este tipo de situaciones tiende a ser común en los municipios y en algunos organismos públicos, donde se ocupa este mecanismo del pago de servicio a honorarios contra un servicio de muy mala calidad, que simplemente se utiliza para pagar favores”, comenta Figueroa.

Desde el municipio se mostraron conformes con el trabajo del exfiscal al interior de la administración. Aseguran que durante su gestión, Guerra convocó a reuniones periódicas con los municipios, alcaldes y directores de seguridad. Así también, comentan que su experiencia “sirvió de referencia para la elaboración de políticas de gestión interna municipal”.

Sobre este punto enumeran iniciativas como el traspaso de las rondas de monitoreo a víctimas de violencia intrafamiliar desde Carabineros a las Seguridades Ciudadanas; la entrega mensual a los alcaldes de la base de datos de detenidos e informes delictuales de la fiscalía; entre otras, que han permitido la reducción de los delitos violentos en la comuna.

Asimismo, puntualizan que la contratación del exfiscal “no estuvo relacionada con la implementación de políticas contra el delito, sino que fueron de índole administrativa”.

El informe de cuatro páginas de la AMSZO

Un breve paso fue el que tuvo el exfiscal por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), agrupación que integran Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

Al igual que en el caso de Providencia, su llegada se produjo apenas un día después de salir del Ministerio Público, y no estuvo exenta de polémicas. Junto con su arribo a la asociación, surgieron cuestionamientos a su contratación, debido a que diez días antes llegó a la fiscalía que él lideraba, una denuncia en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos de malversación.

Vitacura es justamente una de las comunas que está bajo la jurisdicción de la Fiscalía Oriente, que en ese entonces lideraba Guerra. A pesar de que en su momento, la contratación abrió cuestionamientos por posibles conflictos de interés, Guerra desestimó haber tenido conocimiento de la denuncia.

Durante su breve paso por la AMSZO, que se extendió por apenas dos meses, Guerra alcanzó a enviar un informe de las actividades que realizó al interior de la asociación, por el que se le pagaron $3.389.831.

En el documento de cinco páginas, Guerra hace un “diagnóstico de la situación existente en las tres comunas que forman parte de la Asociación en lo relativo a la labor de asistencia jurídica” (ver informe).

Junto con esto, enumera la forma en que los tres municipios integrantes de la AMSZO, realizan asistencia jurídica a los vecinos de las respectivas comunas. En su conclusión, el exfiscal apunta a la necesidad de “trabajar en la mejor atención de las víctimas privilegiando la contención emocional en los primeros momentos luego de ocurridos los hechos (...); fortalecer los equipos de atención a víctimas (...) estrechar los lazos de coordinación con el Ministerio Público”.

Tras los cuestionamientos por su contratación, la AMSZO puso término anticipado a su contrato el 10 de septiembre del 2021. Desde dicha asociación, comentaron a este medio que su contratación se justificaba por su trayectoria en la Fiscalía, ya que podía “aportar una mirada importante en la búsqueda de seguir mejorando en la oferta en materia de seguridad”.

Asimismo, enfatizan en que el trabajo del exfiscal no alcanzó a desarrollarse por completo, y que es “difícil evaluar ese trabajo toda vez que el valor de lo que buscábamos era profesionalizar aún más ese servicio y uniformar la oferta de los tres municipios, sería injusto una evaluación de su trabajo, nuevamente porque solo alcanzó a hacer un diagnóstico en el mes que estuvo vinculado contractualmente a la AMSZO”.

La Contraloría General de la República hoy se encuentra revisando la contratación del exfiscal, luego de que la concejala de Las Condes, Isidora Alcalde, denunciara el hecho ante el ente fiscalizador.

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