Soborno y cohecho: Fiscalía formalizará investigación contra alcalde Chamorro (PS) y empresario de Puerto Coronel

Como un verdadero balde de agua fría recibió este jueves el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, una notificación por parte de la Fiscalía del Biobío. La persecutora Glenda Lagos solicitó al Juzgado de Garantía de Coronel fijar la fecha de formalización en contra del jefe comunal socialista y otros seis involucrados en el bullado caso de Puerto Coronel.

El alcalde se enfrenta a una compleja situación judicial en medio de su carrera por la reelección en la comuna, donde aspira a encabezar por tercera vez consecutiva el municipio de Coronel.

El Ministerio Público lo investiga por supuestos pagos que habría recibido por parte de la empresa portuaria más grande de la Región del Biobío durante los años 2022 y 2023, periodo en que el empresario Eduardo Hartwig se desempeñaba como presidente de la compañía.

La Fiscalía apunta a Hartwig como el presunto creador de un complejo esquema a través del cual se habrían emitido facturas fraudulentas por servicios no prestados, todo con el fin de generar fondos destinados al pago de sobornos de trabajadores del puerto y de autoridades comunales, entre ellas el propio Chamorro y el concejal PS Eduardo Araya.

Este es apenas una de las aristas del complejo caso, por el cual la Fiscalía solicitó la formalización de siete involucrados: el alcalde Chamorro y el concejal Araya serán formalizados por delitos de cohecho; el empresario Hartwig por el delito de soborno y administración desleal; mismos delitos por los que serán formalizados otros cuatro empresarios del caso.

La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 7 de octubre en el Juzgado de Garantía de Coronel.

Hasta ahora, el alcalde no se ha referido públicamente a los avances de la indagatoria, sin embargo, este domingo el programa Hasta Cuándo de Mega Investiga, dará a conocer una entrevista inédita al alcalde Chamorro, donde asegura ser inocente de los delitos que se le imputan.

Pagos de hasta $4 millones mensuales: los detalles del Caso Puerto Coronel

La formalización llega casi un año después de que el propio Puerto Coronel presentara una autodenuncia a través del actual gerente de la compañía, Patricio Román.

Fue en noviembre de 2023 cuando, tras un cambio en la gerencia general de la empresa portuaria, se dieron a conocer una serie de irregularidades que se habrían cometido durante años en la compañía, y que tenían como uno de sus protagonistas al fundador y presidente de la compañía, Eduardo Hartwig.

Según los antecedentes que conoció en ese entonces el nuevo gerente, Hartwig había montado un complejo sistema defraudatorio en la compañía desde hace al menos dos años atrás.

La mayoría de los detalles los dieron a conocer a través de una querella que se presentó en marzo de este año, donde la empresa da cuenta de que Hartwig, junto al ex gerente general, Javier Anwandter, habían creado un sistema que buscaba extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, para distintos fines.

En términos generales, el mecanismo consistía en que Harwtig y Anwandter "organizaban, coordinaban e instruían" la emisión y el pago de facturas por servicios no prestados, que eran generadas por sociedades relacionadas a los imputados Víctor Olivares y Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero.

Los recursos generados de manera fraudulenta, habrían sido destinados, entre otras cosas, al pago de dirigentes sindicales del puerto, autoridades de la zona y al propio enriquecimiento de Hartwig.

Según los antecedentes de la indagatoria, el empresario Olivares era una de las piezas clave del esquema. A través de su empresa, Transolv, el empresario emitía facturas por servicios a la empresa, que en la práctica no se habrían realizado.

Incluso, para hacer más creíble el movimiento, Olivares enviaba cotizaciones ficticias a la empresa portuaria, específicamente al entonces gerente de Finanzas, Daniel Chamorro.

La liquidez obtenida de esos esquemas habría sido utilizada para realizar pagos al alcalde Chamorro, que iban desde 3 a 4 millones de pesos mensuales. También se investigan posibles pagos al concejal socialista Eduardo Araya, por montos similares.

Incluso, en entrevista con el programa Hasta Cuando, el propio Chamorro admite que conoce a Olivares y que solían reunirse en los pasillos de la municipalidad para discutir temas del puerto.

Parte de estos antecedentes son los que llevaron a la Fiscalía y la PDI a allanar el domicilio del alcalde y su oficina en la municipalidad el pasado 10 de enero. En aquella ocasión, además se realizaron diligencias en otros 10 domicilios de los involucrados en el caso.