"No son conductas aisladas": El alza de la corrupción municipal que preocupa al Ministerio Público

Son 640 las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo sobre delitos de corrupción municipal. Se trata de una cifra preocupante para la Fiscalía Nacional, pues dobla al número de gobiernos locales a nivel nacional.

“En todas las regiones del país tenemos investigaciones por temas de corrupción de municipalidades”, dice a Mega Investiga el director de la nueva Unidad Especializada de Anticorrupción (UNAC) del Ministerio Público, Eugenio Campos.

El otrora fiscal regional de Magallanes, que fue designado -en marzo del año pasado- por el persecutor nacional, Ángel Valencia para liderar la UNAC, conversó con Mega Investiga en el marco del nuevo programa “Hasta cuándo: alcaldes, reyes de la comuna”. Un espacio que busca exponer a los alcaldes que van a la reelección en las elecciones de octubre, pero enfrentan una serie de denuncias e imputaciones de irregularidades.

El abogado hace una radiografía sobre cómo la corrupción ha irrumpido en los organismos comunales y aborda los principales delitos que protagonizan los actores municipales, que van desde la malversación de fondos públicos hasta el cohecho.

Pero eso no es lo único. En su análisis, también advierte de un aumento de este fenómeno a nivel nacional, y asegura que la comisión de delitos en el marco de la gestión municipal ya no se trata de un hecho aislado.

“Causas que ya se encuentran formalizadas, causas que se encuentran con ex autoridades edilicias condenadas o prontamente a enfrentar juicios orales frente a determinadas responsabilidades penales no son ya, lamentablemente, conductas aisladas. Y lo que estoy señalando no es una sorpresa”, subraya y agrega: “Es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho”.

Un fenómeno en aumento

Del total de causas que el Ministerio Público registra sobre delitos de corrupción en municipalidades, al menos 476 están asociadas a funcionarios municipales, mientras que 76 específicamente a alcaldes.

Las investigaciones que apuntan directamente a las autoridades municipales, dice Campos, son complejas. Y es que, según explica el persecutor, cuando un jefe comunal presuntamente comete un delito por el cual es investigado, existe el riesgo de que, en el marco de su continuidad en el cargo, cometa otro tipo de ilícitos.

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“Frente de un alcalde en pleno ejercicio que está siendo objeto de una investigación, complejiza del punto de vista que pueden cometerse otros actos reñidos contra la ley”, explica y agrega que esas son consideraciones que la Fiscalía toma en cuenta para las indagaciones.

“El Ministerio Público tiene solo una bala de plata y, sobre ese punto, tiene que hacer investigaciones con carácter objetivo y reunir los antecedentes suficientes para que un tribunal de justicia pueda consignarlos al momento de tomar una decisión”, remarca.

Otra de las consideraciones del Ministerio Público en el marco de las investigaciones, y que advierte el director de la Unidad Anticorrupción, es el aumento en la comisión de delitos al interior de organismos comunales.

“El fenómeno de la corrupción municipal en los últimos 15 años ha ido en aumento. Teníamos una cifra al comienzo de la reforma procesal penal (...) de un centenar de causas. Para el día de hoy, solo aquellos de alta intensidad, que son alrededor de 640, dan cuenta de un fenómeno del que hay que preocuparse”, agrega.

Entre las causas que identifica Campos respecto del aumento de investigaciones está la transparencia municipal, las denuncias provenientes de la comunidad, la especificación de las policías frente a la detección de irregularidades y las indagaciones que el propio Ministerio Público ha iniciado de oficio.

Sin embargo, también remarca que uno de los factores podría ser -simplemente- el hecho de que ocurran “más situaciones que revisten carácter de delito”.

Fraude al fisco y cohecho: los delitos que más se repiten

Según información del Ministerio Público, actualmente se registran 191 causas por fraude al fisco, 186 por malversación de caudales públicos y 133 por cohecho o soborno, en el contexto del funcionamiento municipal.

Esos son solo algunos de los delitos que, según Campos, más se repiten en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. A esa lista se suman administración desleal, apropiación indebida de cotizaciones previsionales, exenciones ilegales y la falsificación de instrumento público.

El director de la Unidad Anticorrupción, en esa misma línea, también plantea dos aristas que, a su juicio, permiten la comisión de delitos de corrupción municipal.

Una de ellas es el mecanismo de contratación directa. “Aquello que nace como una muy buena idea lamentablemente puede ser el caldo de cultivo para, precisamente, ser un terreno fértil de temas de corrupción, donde hay niveles de exigencia mínimos, por no decir casi ausencia de ellos”, comenta.

Algo similar ocurriría con las corporaciones municipales. Según Campos, las asociaciones de derecho privado tienen “grandes campos de opacidad en la administración de fondos”. “Ahí hay mucho que hacer y trabajar para que este tema de opacidad se vaya aclarando y no sea, lamentablemente, aquel escollo que algunos utilizan precisamente para cometer delitos”, remarca.

Por lo mismo, el otrora fiscal regional explica que el Ministerio Público no solo se encarga de comprobar la comisión de esos delitos, sino también de generar “mecanismos para seguir la ruta de los dineros mal habidos”.

En esa línea, puntualiza en la importancia de la colaboración entre otros organismos del Estado para llevar a cabo las investigaciones, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que ha presentado 100 querellas por delitos de corrupción en municipios-, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Las consecuencias de la corrupción municipal

Para Campos, la corrupción municipal es un tema preocupante porque “mina” las bases de la función pública, de la probidad y de la confianza que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones.

Pero ese no es el único problema, pues -a su juicio- no solo afecta la credibilidad del sistema municipal, sino también permiten que “se vuelve permeable para la comisión de delitos”.

Ante ese antecedente, asegura que desde la Unidad Especializada de Anticorrupción trabajan para que las investigaciones que lleve el Ministerio Público sean “eficientes y eficaces”, para así enfrentar la corrupción municipal.