Las redes y conexiones de la nueva vocera de la Corte Suprema

Corría octubre de 2022 cuando en los pasillos del Congreso en Valparaíso, se discutía la –hasta ahora– única nominación del Presidente Gabriel Boric para ocupar un puesto en el Pleno de la Corte Suprema: la entonces jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Soledad Melo.

Un año y ocho meses han transcurrido desde que fue ratificada como ministra del máximo tribunal por el Senado, con 44 votos a favor y una abstención del senador Karim Bianchi (Ind.-DC), un apoyo prácticamente unánime tras las negociaciones que desplegó el Ejecutivo, aseguran quienes conocieron de esas tratativas.

“En el transcurso del tiempo en que me he desempeñado como magistrada del Poder Judicial, he podido advertir que resulta indispensable contar con características significativas y relevantes, entre ellas destacan la independencia (...), lo que conlleva la necesidad de carecer de conflictos de interés”, señaló la ministra Melo en su presentación ante la comisión de Constitución del Senado, el 11 de octubre de 2022.

Cinco meses antes, llegó a manos de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS), y el Presidente Boric la nómina que contenía la quina elaborada por la Corte Suprema para llenar la vacante que dejó la entonces jueza Rosa del Carmen Egmen.

Pese a que sería cercana con la centroderecha, según fuentes judiciales, el Gobierno decidió apoyar su candidatura y apostar a que su nombre generaría consenso entre los senadores de la oposición, quienes finalmente terminaron entregándole su respaldo.

De acuerdo a quienes conocieron esos acercamientos, fue la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien lideró esas tratativas. Las mismas fuentes señalan que la magistrada mantiene buenas relaciones con el Ejecutivo.

En medio de los cuestionamientos por el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, senadores de oposición consultados por Mega Investiga señalaron que, en la nominación Melo como carta a la Suprema, también existieron “presiones” y “negociaciones impropias”.

“Son acercamientos de pasillo e intercambios verbales que a veces traspasan el límite de lo ético”, señala uno de esos parlamentarios.

La nueva vocera de la Suprema

Para nadie es un secreto que no son días fáciles al interior del máximo tribunal. La revelación –tras publicaciones de CIPER– de una serie de mensajes que dan cuenta de la presunta intervención de magistrados en nombramientos judiciales ha sacudido a los pasillos del Palacio de Tribunales.

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Y es que en el marco del caso Topógrafo, donde se investiga al exjuez Juan Antonio Poblete por interceptación ilegal de comunicaciones, se reveló un informe elaborado por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI, entre el exmagistrado –hoy en prisión preventiva– y el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), en que trataban la postulación a la Corte Suprema de la actual ministra María Teresa Letelier.

Pero no solo eso. CIPER también publicó una conversación entre el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el abogado Luis Hermosilla, donde el primero enviaba un pantallazo en el que Gonzalo Migueles, pareja de la exvocera de la Suprema, Ángela Vivanco, ofrecía a Palma un doctorado y el cargo de fiscal regional Centro Norte, en manos de Xavier Armendáriz, una plaza codiciada al interior del Ministerio Público. Todo eso a cambio de que desistiera de su candidatura a fiscal nacional.

Episodios que desencadenaron que este lunes, a eso de las 16 horas, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, anunciara que convocará al Comité de Ética “para conocer los hechos que afectan a integrantes de este tribunal por hechos que son de público conocimiento”.

Instancia que, sin embargo, no tiene atribuciones sancionatorias.

Para encauzar la crisis, además, el Pleno designó como vocera a la ministra María Soledad Melo, cargo que arrastraba un año de vacancia luego de que Vivanco presentara su renuncia tras la polémica que desataron sus dichos sobre el alcance del fallo de las isapres.

Vínculos con el TC, investigación de Lexus y críticas a Fiscalía

Si bien es la ministra más reciente de la Corte Suprema, no es una desconocida al interior del Poder Judicial. En 2001 fue designada como jueza titular del 15º Juzgado Civil de Santiago y en 2003 arribó al cargo de relatora titular del máximo tribunal.

La expresidenta Michelle Bachelet al final de su gobierno, en 2010, nombró a Melo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Cargo en el que estuvo hasta su traslado a la Suprema.

Según fuentes consultadas, Melo mantiene una relación de pareja con el exministro del Tribunal Constitucional, Nelson Pozo, quien es militante del Partido Socialista.

Pozo, quien dejó su cargo en enero de este año, era un férreo opositor de la presidencia de María Luisa Brahm, cercana a Renovación Nacional.

De hecho, en marzo de 2021, acusó que existía un problema de trato personal en el tribunal “personificado en la presidencia”, sumándose a las denuncias de maltrato laboral que existían en contra de la magistrada.

La nueva vocera, además, en marzo de este año fue designada como parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por los próximos dos años.

En ese rol, Melo es quien está a cargo del sumario por la cuestionada adquisición de 22 autos Lexus, compra que fue visada por el Pleno el pasado 2 de febrero. Es decir, deberá zanjar si existieron responsabilidades administrativas en la compra de esos vehículos.

La ministra, además, ha expresado sus reparos con el Ministerio Público. En su presentación ante el Congreso señaló sobre los procesos investigativos que “a veces (algo) hace caer un juicio y, en definitiva, se cae porque hay una prueba que no fue lo suficientemente sólida para los efectos de sustentar la acusación y que lleva a alguna absolución que no puede caer bien ante la comunidad”.