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Corte Suprema falla a favor de narco colombiano beneficiado por juez Urrutia y desata nuevo conflicto con Gendarmería

La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que presentó la defensa del colombiano Rafael Marín Vielma, condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, y que en febrero pasado, fue uno de los polémicos beneficiados por el juez Daniel Urrutia.

En la acción judicial, dirigida contra Gendarmería, reclamó por su traslado a la Cárcel de Alta Seguridad, donde se ha mantenido de forma indefinida, “afectando gravemente la libertad personal y la seguridad individual”, pidiendo que se ordene su traslado a otro recinto, y que “mientras se mantenga en dicha unidad penal se autorice visita íntima”.

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En su resolución, del pasado 15 de abril, la Corte le dio la razón y sostuvo que se deben revisar los fundamentos que tuvo que la institución penitenciaria para efectuar el cambio de recinto, “pues su atención conlleva una mayor restricción a la libertad y derechos del amparado, tornándose en improcedente de no existir fundamentos que la justifiquen”.

Además, detalla que se debe fijar una audiencia para “debatir sobre las actuales condiciones en que se encuentra el amparado en el Recinto Penal de Alta Seguridad, revisar si ellas se ajusta a su clasificación, persiste la necesidad de segmentación y, en su caso, se adopten las medidas en resguardo al derecho a visitas que le asiste”.

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Así, el fallo del máximo tribunal revocó la resolución de la Corte de Santiago que había rechazado el amparo, por considerar que no hubo un actuar ilegal por parte de Gendarmería.

La respuesta de Gendarmería

Pese al fallo de la Suprema que ordena reevaluar la situación carcelaria de Marín Vielma, Gendarmería dio un portazo a cualquier cambio de penal.

El pasado 25 de abril, la alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad, Fabiola Valladares, informó al Undécimo Juzgado de Garantía que la sesión del Consejo Técnico determinó en febrero la permanencia bajo régimen de máxima seguridad y adjunta una notificación en la que se señala que recién en septiembre se realizará una nueva revisión.

Para justificar la decisión del cambio de penal, fue clave un informe de marzo de 2023 que alertó sobre sus antecedentes respecto al tráfico de éxtasis desde España, así como también del rol como líder de una organización criminal que operaba desde la misma cárcel en la que estaba recluido.

Según el informe técnico de traslado, Marín “es quien decide y determina en qué se invertirá el dinero proveniente del tráfico de drogas, ya sea en propiedades, o en los gastos necesarios para continuar con el negocio ilícito”, atribuyéndole un patrimonio cercano a los $300 millones, y se indica que tenía como brazo operativo a su pareja Lady Martínez Moreno, a quien le daba instrucciones sobre las maniobras de lavado de activos.

En el documento- al que accedió MEGA Investiga- también se agregó un allanamiento a su celda realizado el 5 de julio de 2022, donde Gendarmería encontró 4 chips de teléfono celular, 1 tarjeta SD, además de un televisor, dvd y microcomponente, sin autorización de ingreso. Además, en la misma diligencia se encontraron otros elementos prohibidos y un envoltorio con 1,7 gramos de anfetamina.

Según consta en el proceso, Marín declaró que todo lo encontrado en la celda y pabellón que comparte con otros internos “no son de mi propiedad y desconozco su procedencia y a quien le puedan pertenecer”.

Por todos estos antecedentes, Gendarmería concluyó que el cambio desde Santiago Sur al penal de Alta Seguridad se justificaba por su “perfil sociocriminógeno, su trayectoria delictual y poder adquisitivo, que hacen necesario adoptar medidas de seguridad distintas y adicionales para un adecuado control del régimen penitenciario, para este perfil de personas privadas de libertad, que permitan minimizar los riesgos para la infraestructura, del personal, de los demás internos, y por cierto de la seguridad pública”.

El factor “juez Urrutia”

El nombre de Marín Vielma tomó relevancia en febrero pasado, cuando MEGA Investiga reveló que fue uno de los beneficiados por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, a acceder a una visita íntima con Lady Martínez, que permanece recluida en en el penal de mujeres de San Miguel, tras ser formalizada por participar en la red de tráfico que encabeza su pareja desde la cárcel.

El ciudadano colombiano cumple dos condenas, la primera de 7 años de cárcel por tráfico ilícito de estupefacientes, y otra de 10 años y un día por el mismo delito y de 5 años por tenencia de armas, vinculado a una operación de tráfico de éxtasis desde España a Chile, además de estar formalizado en otra causa por asociación ilícita vinculada a la venta de drogas y lavado de activos.

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En uno de esos procesos, su abogado defensor fue Carlos Quezada, el mismo que a la vez ha representado a Daniel Urrutia en diversos procesos judiciales por amenazas y calumnias en su contra.

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