El fin de Democracia Viva: Tribunal ordena disolución y cancela su personalidad jurídica tras escándalo por corrupción

“Se declara disuelta, cancelando su personalidad jurídica, con costas”. Así, el 17 Juzgado Civil de Santiago le puso una lápida a la Fundación Democracia Viva, a casi un año de que estallara el denominado caso Convenios.

Esto, tras acoger una demanda en juicio sumario que interpuso el Consejo de Defensa del Estado, dirigida contra su representante legal, el ex militante de Revolución Democrática Daniel Andrade Schwarze, en la que se solicitó la medida contra la Fundación, debido a una serie de irregularidades en el cumplimiento de sus estatutos, según determinó el Ministerio de Justicia.

Todo, como consecuencia de la investigación de la Fiscalía por fraude al fisco y otros delitos de corrupción, que se generó por el traspaso de 426 millones de pesos desde la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, encabezada por el también ex militante de RD, Carlos Contreras.

MEGA Investiga accedió al fallo, dictado el pasado 6 de mayo, en el que la jueza suplente, María Isabel Kokisch, estableció que “es pertinente concluir que la Fundación demandada ha incurrido en una infracción grave a los estatutos”, tras determinar que no cumplió sus obligaciones legales, al no responder los antecedentes que le pidió el gobierno, tras el escándalo de los convenios.

Además, en la resolución se agregó que Andrade, pese a que fue notificado de la demanda en su calidad de representante legal, nunca contestó el libelo ni tampoco rindió ninguna prueba a su favor para que se rechazara, por lo que se le declaró en rebeldía, y se le condenó en costas.

Los duros cuestionamientos a la Fundación

La arremetida contra Democracia Viva se dio luego de que la Subsecretaría de Justicia realizara una fiscalización a la Fundación, entre junio y agosto de 2023, en la que advirtió una serie de desórdenes internos e incumplimientos de sus estatutos.

En primer lugar, se apuntó a la falta de reemplazo de integrantes del directorio, y los acuerdos en éste, debido a que hubo sesiones que se celebraron con un número menor a cinco dirigentes, sumando que en un periodo diez meses no quedó registro de la realización de sesiones del directorio.

También se cuestionó el objeto social y su patrimonio inicial que correspondía a $300 mil, sosteniendo que era “exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad” y que “el aporte social se gastó prácticamente en su totalidad en actividades propias de la constitución de la Fundación y no en la consecución de su objetivo social”, según detalló el CDE en la tramitación del juicio.

En la demanda también se señaló que los polémicos convenios en Antofagasta no tenían ninguna relación con el fin de Democracia Viva “por los cuales la demandada percibió una gran cantidad de dinero, concluyéndose -en definitiva- que no se ha destinado su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social, cuestión de carácter esencial en este tipo de personas jurídicas”.

De hecho, según la fiscalización, más del 60 por ciento de los fondos entregados por el MINVU fueron utilizados para trabajo territorial de la Fundación y el resto para la labor en los campamentos.

El origen de Democracia Viva y su lastre político judicial

En septiembre de 2021, Daniel Andrade, junto a Doris Pinto y Catalina Guzmán, concretaron el acta de constitución de la Fundación, sin saber que dos años después serían la pieza clave del caso de corrupción que provocó un terremoto político en el gobierno de Gabriel Boric.

Andrade, que tomó el rol de representante legal, era pareja de la diputada y ex presidenta de RD, Catalina Pérez, quien a la vez tuvo de jefe de gabinete a Carlos Contreras, el mismo que como SEREMI autorizó los millonarios tres convenios para trabajos en campamentos de Antofagasta.

“Hoy empezamos el camino de armar una fundación para ir formalizando el proyecto Democracia Viva para aportar a radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazdos sociales y políticos”, publicó Andrade en su cuenta de Facebook, celebrando el nacimiento de la organización.

En junio del año pasado, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio por los millonarios traspasos y, en enero, formalizó por fraude al fisco a Andrade, Contreras y a la concejal Paz Fuica, quienes incluso estuvieron en prisión preventiva por este caso.

Además, se mantienen en calidad de imputados, el ex ministro Giorgio Jackson y el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, además de la diputada Pérez, quienes ya declararon en la indagatoria penal y están a la espera de lo que resuelva la Fiscalía.