Denuncias de explotación sexual en residencias de Mejor Niñez aumentaron 45% en 2023: hay 33 víctimas de redes de trata

A Guillermo Araya Castillo le apodaban El Padrino. Con ese mote era conocido en la residencia de Mejor Niñez en Villa Alemana llamada “Hogar para la Niña Adolescente”, administrada por la Corporación Municipal de la comuna y que recibe niñas y menores de edad derivadas de los tribunales de familia por ser vulneradas en sus derechos.

Al menos hasta enero de 2023, según declararon los funcionarios de la residencia, El Padrino era una figura desconocida para ellos, pues solía frecuentar a las niñas y adolescentes del hogar en el exterior y a través de redes sociales.

Ir a la siguiente nota

En esos encuentros, Araya Castillo –según pudo acreditar la investigación de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) y Cibercrimen de la PDI– les ofrecía dinero y drogas a cinco adolescentes de la residencia a cambio de mantener relaciones sexuales.

Uno de los aspectos más graves que reveló la investigación –que aún sigue en curso–, es que antes de las denuncias, el nombre de Guillermo Araya Castillo figuraba en el libro de visitas de la residencia de Villa Alemana, lo que a su vez permitió establecer la identidad del imputado: un exfuncionario de la Armada.

A la fecha, El Padrino cumple prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y se le acusa de cuatro delitos: tráfico de pequeñas cantidades, control de armas, producción de material pornográfico y explotación sexual de menores de 18 años.

Los Datos

Según cifras de Mejor Niñez, las denuncias por explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes que están al cuidado de residencias del Estado han aumentado 45,1% en un año. Si en 2022 se contabilizaron 304 denuncias, en 2023 esa cifra ascendió a 441.

Si bien desde el organismo que reemplazó al cuestionado Sename explican que el aumento responde a que el sistema para canalizar denuncias se ha perfeccionado lo que ha permitido depurar los datos, la directora Gabriela Muñoz reconoce que “son cifras lamentables”.

“Hoy día hay explotación sexual en Chile, hay explotadores que están cometiendo estos delitos, donde lamentablemente las residencias son un foco de interés de estos ilícitos”, complementa.

Los datos revelan que el incremento de las denuncias de explotación sexual comercial se ha producido en 12 regiones del país y afecta al 38% de las residencias que pertenecen a la red de protección infantil de Mejor Niñez.

Del universo de denuncias que se registraron en 2023 hay un dato que alarma al Ministerio Público y a las policías: hay 33 niñas y adolescentes que fueron víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación sexual y comercial.

En todo caso, puntualizan que la mayoría de los delitos de esta naturaleza son cometidos por hombres de manera individual, pero reconocen que existen indicios de que el crimen organizado podría estar incursionando en estas dinámicas delictivas.

“Se ha podido observar en el último tiempo un aumento de las denuncias de estos delitos vinculados con explotación sexual contra principalmente niñas y adolescentes mujeres que están bajo el cuidado del Estado en centro residenciales. Lo que se ha podido ver en general en todo el país es el contacto por parte de aplicaciones o redes sociales a las víctimas que se encuentran dentro de estos centros y también cómo diferentes explotadores captan a estas niñas y adolescentes cerca de su entorno”, señala Maurizio Sovino, director de la Unidad de Delitos Sexuales (Udesex) del Ministerio Público.

Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, que forma parte del circuito de ONGs que abordan la explotación sexual infantil, apunta a que “las residencias son identificadas por estas redes que permanentemente acechan a estos hogares y muchas de esas residencias no tienen las herramientas ni siquiera para detectar estas redes, mucho menos para tratar el trauma complejo y tratar a las niñas cuando se requiera”.

Programas arrastrados del Sename

De acuerdo con estadísticas a enero de 2024, el sistema de protección de Mejor Niñez
atiende a 127.030 niños, niñas y adolescentes en alguno de sus programas de protección. De ese total, 4.853 menores de edad están al cuidado del sistema residencial.

El organismo cuenta con varios programas de protección especializada en explotación sexual, que ahora se encuentran en procesos de actualización, pues son programas que se arrastran del antiguo Sename. Al primer semestre del 2023, existieron 1.255 atenciones por estos programas, correspondiendo el 91% (1.147) a niñas y adolescentes mujeres.

Actualmente, se están ampliando los cupos para este tipo de atenciones, pues existe una lista de espera de 57 niños, niñas y adolescentes.

“Hemos hecho actualizaciones al programa, pero no es un programa que hemos cerrado. Vamos a fortalecer el programa para poder dar respuesta, pero hoy día a la luz de lo que estamos brindando, es un programa que nos permite complementar el trabajo de residencia que también está siendo –como te mencionaba– fortalecido”, asegura la directora de Mejor Niñez.

Para Marcelo Sánchez, de San Carlos de Maipo, no se ha actuado con la celeridad que demanda el fenómeno. “Si tú miras la cobertura que tiene Mejor Niñez en materia de los programas especializados para explotación sexual comercial infantil, es la misma que hace 15 años. La cobertura que ofrecen los 18 programas especializados tienen alrededor de 1.200 cupos, es decir la misma cantidad de cupos que tenía cuando era tres veces menos la cantidad de victimización anual y de denuncias anuales”, cuestiona.

Bajas condenas y aumento de imputados desconocidos

La explotación sexual infantil es un delito complejo de investigar. Así lo reconocen desde el Ministerio Público y también lo demuestran los datos. De las investigaciones que se iniciaron por este ilícito desde el 2010 al 2021, solo el 2% culminó con una sentencia definitiva, obteniéndose sólo 7 condenas.

Del total de causas entre 2021 y 2023, un 58% se mantiene vigente y la mayoría (39%) de ellas termina en archivo provisional. En el mismo periodo, el 67% de los casos ni siquiera logró identificar a un posible imputado responsable del delito, según cifras de la Fiscalía.

“El problema es que en estos casos las víctimas no se sienten víctimas y por lo tanto no podemos muchas veces contar con ellas y con su relato durante el proceso penal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es investigar en ausencia de ellas y eso es bastante difícil, puesto que nos cuesta acreditar todos los elementos que nos exige la ley para poder investigar a alguien”, explica Sovino.