La caída de Democracia Viva: Informe forense PDI revela que ONG no tenía giro de construcción y dinero fue para sueldos

El 31 de octubre, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Antofagasta evacuó el informe forense contable sobre la Fundación Democracia Viva al Ministerio Público. Los relevantes hallazgos de esta auditoría habrían sido cruciales para que el fiscal Cristián Aguilar haya apurado la formalización de los dos principales imputados de la arista que investiga a la ONG ligada a Revolución Democrática: Daniel Andrade y Carlos Contreras, quienes fueron detenidos ayer por la policía.

Según el reporte, al cual tuvo acceso Mega Investiga, los detectives especializados detectaron varias irregularidades en el proceso de asignación del convenio como también durante la ejecución del programa social en los campamentos de la ciudad nortina.

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El objetivo del Ministerio Público para solicitar esta pesquisa financiera apuntó a verificar tres puntos centrales para la investigación. En primer lugar, detectar la presencia de los delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y cohecho. Luego, el fiscal Aguilar pidió auditar las cuentas corrientes de Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez para determinar ingresos, egresos, transferencias y cualquier “otras circunstancia” que se considere relevante para la investigación.

Mientras, que en último lugar, y para detectar algún tipo de “dolo”, el persecutor instruyó a los detectives verificar el estado de avance físico de las obras y actividades comprometidas por la Fundación Democracia Viva en los campamentos.

“Adolecía de vicios”

Así, la policía llegó a conclusiones que dejaron en mal pie a los militantes de Revolución Democrática: al momento de la adjudicación de los convenios aprobados por las resoluciones 504 y 576, “la Fundación Democracia Viva no tenía declarado el giro de construcción de Proyectos de Servicio Público”.

A esto, la PDI descubrió que la ONG adolecía de vicios en la conformación del directorio, cuya observación fue registrada por la Secretaría Municipal de Ñuñoa, los cuales fueron solucionados por el propio Daniel Andrade, quien dejó la presidencia y dejó en su lugar a Paulina Cabrera, vinculada a la diputada RD Maite Orsini.

A pesar de estos hallazgos, el informe policial, da cuenta que la Seremi Minvu de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, asignó igualmente los fondos en tres convenios: $200 millones, $170 millones y $56 millones.

En total, a Democracia Viva se le entregaron $426 millones, cuyas rendiciones resultaron con varias objeciones y rechazos por faltas de documentos, lo que tiene en aprietos a la ONG, pues se le pidió devolver gran parte del dinero. “En resumen, la Fundación deberá restituir la suma $391.768.516”, destaca el informe forense de la PDI.

En ese sentido, estas maniobras aumentaron las sospechas de los detectives sobre esta organización ligada a Revolución Democrática. Y, tras auditoras los dineros, descubrieron que gran parte de los fondos para ejecutarlos en infraestructura para los campamentos, la Fundación los derivó al pago de sueldos. Es decir, lo que estaba destinado para implementar en estanques de red húmeda y estaciones de incendios, se usó para remuneraciones de los integrantes de la ONG.

“Solo por conceptos de pagos al personal se destinó $146.926.219”, detalla la auditoría policial, que puso el foco en tres “funcionarios” de Democracia Viva que percibieron la mayor cantidad de honorarios. Por tanto, la Bridec solicitó al Ministerio Público levantar el secreto bancario para indagar la “trazabilidad financiera” de los dineros fiscales.

Se trata de la cientista política Paulina Cabrera, quien figuraba como coordinadora del proyecto y contraparte con el Minvu para revisión de los convenios y a quien el imputado Daniel Andrade había nominado como presidenta de Democracia Viva; el ingeniero comercial Marcelo Briones, encargado de las finanzas de los tratos con el Minvu, y la artista y gestora cultural Cynthia Cisternas, que tuvo el cargo de analista financiera.

Informe UAF complica a diputada

Mega Investiga dio a conocer ayer un reservado informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que detectó cuatro movimientos sospechosos en las cuentas corrientes de Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez en el marco de los dineros indagados de Democracia Viva.

La unidad, que persigue eventuales lavado de activos, informó al Ministerio Público un depósito de $15 millones realizado por la propia parlamentaria en su cuenta corriente privada, mediante un vale vista que obtuvo del banco donde recibe el sueldo como diputada cada 30 días. Mientras que por el lado de su ex pareja, la UAF reportó nueve depósitos “cuestionados” en su cuenta que totalizaron $3,6 millones.

Al respecto, Catalina Pérez negó haberse beneficiado con dineros de los convenios e incluso puso en “duda” que ella haya transferido $15 millones mediante un vale vista, a pesar del detallado informe de la Unidad de Análisis Financiero, que fue evacuado el 4 de diciembre pasado a la Fiscalía Nacional.