Un oficio "extraviado", 23 convenios y el rol de un exfuncionario: El detalle que provocó el allanamiento al Minvu

Hasta el Ministerio de Vivienda (Minvu), en Alameda 924, llegó esta mañana el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos junto a la Policía de Investigaciones (PDI). El objetivo era sólo uno: allanar, por primera vez, las oficinas de la cartera liderada por el ministro Carlos Montes, en el marco de la investigación por el Caso Convenios.

La diligencia, al mando de la Fiscalía Regional de Tarapacá, se realizó por la arista que indaga los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Tarapacá y las fundaciones EnRed y Enlace Urbano. Los traspasos con la primera ONG suman casi $944 millones, mientras que los de la segunda alcanzan los $1.553 millones.

Ir a la siguiente nota

Y como los convenios adjudicados están relacionados al Programa de Asentamientos Precarios, también se ordenaron allanamientos en las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y del Departamento de Asentamientos Precarios.

El procedimiento se concretó para encontrar documentos en el marco de una arista de la investigación, que involucra al otrora funcionario del Minvu, Aldo Bastidas Leal, quien al dejar su cargo como funcionario público en mayo de 2022 se desempeñó como director de EnRed.

El actual imputado fue contratado en 2008, bajo la administración de Paulina Saball -en ese entonces subsecretaria de Vivienda- y prestó servicios en diversas reparticiones, particularmente en el Departamento de Asentamientos Precarios. A este último departamento llegó en 2021 con un nivel de jefatura, cuya administración es lo que indaga el fiscal Eduardo Ríos. 

El arquitecto registra seis sociedades a su nombre, de las cuales tres fueron fundadas este año. Se trata de: Entidad Patrocinante Al Sur SPA, Sociedad Transportes, Servicios Al Sur SPA y Servicios de Asistencia Técnica Entidad Patrocinante Aldo Bastidas. Ésta última la disolvió tras 30 días de funcionamiento.

Pero existe otra sociedad que no está a su nombre y es parte de la investigación: Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana SPA, creada el 31 de mayo de 2022 por un familiar de Bastidas. Según fuentes liagadas al caso, En Red habría contratado a este empresa para ejecutar el contrato del Minvu. Así, existirían varias facturas de este convenio por montos millonarios. 

La Fiscalía de Tarapacá envió tres oficios al Minvu entre agosto y octubre de este año, uno de ellos solicitando información justamente sobre Bastidas. Si bien en primera instancia la Secretaría de Estado respondió, más tarde el ente persecutor le solicitó precisar y complementar la información respecto del exfuncionario.

El problema fue que ese último oficio no habría sido contestado, lo que habría desencadenado los allanamientos realizados este jueves, cuyas diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público al Juzgado de Garantía. Según fuentes del caso, el fiscal Ríos diseñó el allanamiento en completa reserva e incluso pidió al juez que el ministro Montes no fuera informado para no entorpecer el operativo.

¿Qué se investiga?

Las diligencias decretadas por la Fiscalía Regional de Tarapacá apuntan a los 23 convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Tarapacá, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, en el marco del programa de Asentamientos Precarios: siete fueron suscritos con la Fundación Enred y 16 con Enlace Urbano, y en total suman $2.836 millones.

Esos mismos 23 traspasos de dinero fueron analizados por la Contraloría General de la República, organismo que advirtió -el pasado 9 de noviembre- que los convenios con ambas fundaciones, pese a tener objetivos y actividades idénticas, fueron fraccionados sin justificación, lo que permitió que no pasaran por la revisión del ente fiscalizador.

Otras de las irregularidades que constató la Contraloría fue la existencia de saldos pendientes por rendir, pese a que en 22 de los 23 convenios ya estaba expirado el plazo de ejecución. En el caso de Enlace Urbano eran casi $432 millones, mientras que la Fundación EnRed debía una rendición por $168 millones.

Respecto a las rendiciones que sí se realizaron, el organismo detectó que fueron inscritas en planillas Excel, por lo que podían ser modificadas.

Pero esas no fueron las únicas observaciones del ente contralor. También evidenció que los convenios suscritos con las entidades privadas sin fines de lucro se realizaron vía asignación directa, sin que se justificara la asignación de los proyectos, y tampoco se clarificó cómo se calcularon los costos de los proyectos.

Así también, se advirtió que los planes de trabajo de los proyectos fueron enviados después de firmar el convenio y que, en el marco del programa de Asentamientos precarios no hay manuales que indiquen cómo se entregan los recursos y cómo se certifica la correcta ejecución del programa.

Todos estos antecedentes se podrán revisar en un reportaje de Mega Investiga que se emitirá esta noche en el noticiario de Mega Prime, a partir de las 21 horas.

Montes: “No voy a renunciar”

Durante la mañana, y tras el procedimiento, el Ministerio de Vivienda declaró -mediante un comunicado- que están “prestando toda la colaboración posible” y precisaron que la diligencia se trata de una “autorización voluntaria”, que se da en el marco de una denuncia hecha por la misma secretaría de Estado en la región de Tarapacá.

Pese al comunicado, los cuestionamientos del mundo político no tardaron en llegar y, con el pasar de las horas, no le dieron tregua al ministro Montes, quien debió realizar un punto de prensa para referirse al procedimiento, junto a la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

En la ocasión, que se concretó en el mismo Minvu, el militante socialista explicó que el oficio que no se respondió se debió a la responsabilidad de una funcionaria y descartó renunciar al cargo.

“Aquí llegaron oficios que eran complementarios a lo que estaban y uno se extravió en el camino. No se respondió como correspondía en su momento y es por eso que ahora se le ha hecho ver a la funcionaria que debió haber respondido en el momento y se está corrigiendo todo” dijo, y agregó que “es una cuestión complementaria lo que estaba en juego”.

Y tajantemente añadió: “No voy a renunciar”.

Pocos minutos después fue el propio Presidente Gabriel Boric quien blindó al ministro de Vivienda.

“Este allanamiento, que fue instruido a propósito de una denuncia que realizó el mismo ministro Carlos Montes, da cuenta que en Chile no hay instituciones que estén por sobre la ley”, expresó el Mandatario, en una actividad en Quinta Normal.