La "bomba" de Contraloría: Mails irregulares, excel sin control y una demanda del CDE activa
“Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos que genera riesgos”, reza en la última lámina de la presentación final que realizó ayer el Contralor Jorge Bermúdez en la comisión investigadora que revisa hace cuatro meses las irregularidades en transferencias de dineros en el programa de Asentamiento Precario del Ministerio de Vivienda.
El abogado, que vive sus últimos días a cargo de la entidad fiscalizadora, no se guardó nada. En sus anteriores intervenciones ya venía deslizando lo que sería ese día, en el que lanzó una “bomba” de racimo en 15 de las 16 regiones del país. Y no se trata sólo de informes con graves irregularidades, sino que además Bermúdez ordenó que casi la totalidad de los hallazgos fueran enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
El Contralor tiene plena convicción que hay presencia de eventuales delitos, a pesar de que a los parlamentarios les reconoció que no podía referirse a ese punto en dicha instancia. Pero si dibujó lo que su equipo encontró: “Aquí se enquistó la corrupción”.
Las unidades regionales empezaron a indagar los convenios y las transferencias, luego de que estallara las denuncias contra la Fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática, en junio pasado. Tras este escándalo, que golpeó duramente al entonces ministro Giorgio Jackson, se originaron una serie de renuncias de seremis involucrados y la subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas, quien terminó por asumir la responsabilidad política. Todos ligados a RD.
“Esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre”, señaló el contralor, indicando que al tener “mecanismos tan débiles” puede ocurrir que las situaciones detectadas se repliquen.
A cuatro meses de esas fiscalizaciones, la tarde del jueves Contraloría liberó los 18 informes que indagaron los convenios y transferencias entre Vivienda y las diversas fundaciones que trabajan en los campamentos del país. Y, a pesar de que gran parte de las irregularidades ya habían sido expuestas, los reportes entregaron nuevas luces de la debilidad institucional del Ministerio de Vivienda y su programa de Asentamiento Precario.
En esa línea, uno de los informes que llamó la atención es el que analizó a la subsecretaría del Minvu a nivel central. Ahí, la Contraloría detectó graves problemas de control y faltas de protocolos que explicarían las mismas fallas encontradas en las seremías a largo de Chile.
Por ejemplo, el ente fiscalizador detectó una falta de metodología para catastrar campamentos a nivel nacional a lo que se sumó la ausencia de un registro técnico de Fundaciones, rendiciones registradas en archivos excel y la de un protocolo para identificar conflicto de interés entre funcionarios y los representantes de las organizaciones sin fines de lucro.
Pero el hallazgo que llamó mayor la atención fue una revisión a las más de cinco mil cuentas de correos electrónicos del Ministerio de Vivienda. El análisis arrojó que 406 casillas se encuentran operativas en personas que nunca tuvieron un rol en el Minvu.
“Expone al servicio a que eventualmente se efectúe el uso indebido de estas casillas de correo, pudiendo acceder a datos confidenciales, modificar o eliminar información crítica en forma no autorizada”, detalló la fiscalización de Contraloría, cuyo organismo destinó estos antecedentes al Ministerio Público y al CDE.
Democracia Viva y Antofagasta
El informe sobre la seremi Minvu de Antofagasta ratificó las graves irregularidades destapadas conocidas con el caso de Democracia Viva. El documento advirtió que el exseremi Carlos Contreras no veló por tener un protocolo para selección de las Fundaciones, autorizó contrataciones por trato directo sin considerar la experiencia y permitió que se “contratara” a 12 personas en el Minvu con financiamiento de las organizaciones vinculadas a los campamentos.
Contraloría, además, detectó que la selección de Democracia Vida por $426 millones no dejó registro de documentos que justifiquen la contratación. En esa línea, el ente fiscalizador cuestionó dos de los tres contratos-$270 millones- con la fundación ligada a RD, pues consideró que esos convenios son similares y se aplicaron en dos asentamientos que son parte del mismo Macro Campamento Balmaceda. Así, estos antecedentes también fueron destinados a la investigación de la Fiscalía de Antofagasta.
“Si hay un modus operandi o no respecto de las fundaciones, la verdad es que no me atrevería a calificar una cosa así. Eso ya supone el ejercicio de otras facultades que nosotros no tenemos, como serían aquellas que son más intrusivas, de poder incautar, de poder acceder a correos electrónicos, poder acceder a computadores. Eso tiene que estar en otra sede”, comentó el contralor Jorge Bermúdez.
Alerta entre relaciones Minvu y Fundaciones
El conflicto de interés es un concepto que fue abordado por la mayoría de los informes de fiscalización. La falta de control permitió que varios contratos y transferencias hayan sido cuestionados por los agentes de Contraloría.
Así, por ejemplo, en Atacama el Coordinador del Programa de la ONG Comprometidos, cuyo giro era cine y mascotas, y que fue contratado para entregar agua potable en los campamentos, fue asociado a relación de amistad y nexos con el Serviu regional y el Gobernador Miguel Vargas.
Mientras que en Valparaíso, Contraloría descubrió irregularidades con el ex director del Serviu de esa ciudad, quien tras dejar su puesto en abril de 2022 creó la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada. ¿El problema?: Que cinco meses después, esta compañía firmó un acuerdo por $17 millones con la Fundación Procultura, cuya ONG había sido contratada por el ex serviu antes de dejar su cargo. Una triangulación que para los fiscalizadores “puede ser un elemento que configure algún conflicto de interés”, por lo que se determinó un sumario y la derivación de los antecedentes al Ministerio Público.
El error de no tener “boletas de garantías”
Otro de los problemas “graves” que detectó la Contraloría es la falta de las boletas de garantías para poder ejecutarlas en caso que las organizaciones no cumplan con los trabajos o con la devolución de dinero restante.
Es el caso de los convenios en Tarapacá. Según el informe, existen saldos por rendir de $431.930.915 por parte de Enlace Urbano y de $168.079.015 por la ONG EnRed y al no tener esta herramienta no han podido reponer estos dineros, a pesar de que los plazos de ejecución ya finalizaron.
Este mismo problema ocurre en Valparaíso con la Fundación EnRed. La seremía del Minvu regional requirió la restitución de $254.375.000 por término anticipado de tres convenios, los que aún no han sido devueltos por no tener boletas de garantías, además de no haber trazado un cronograma para el reintegro de esos millonarios fondos.
Por esta razón, el Consejo de Defensa del Estado ya está preparando un plan para ir en busca de los dineros que están cuestionados y deberán ser devueltos por las organizaciones. El primer caso se activó en Los Lagos, donde el CDE presentó una demanda durante los primeros días de septiembre para recuperar $74 millones que la ONG Acción Digital no devolvió en el marco del “Proyecto Plan de Acompañamiento Social y Comunitario” en campamentos de la Décima Región.
Minvu: “No captamos el conjunto de forados”
Si bien el contralor Bermúdez evitó referirse a la existencia de un mecanismo o un modus operandis, sí enfatizó que la falta de regularización es la puerta de la corrupción: “Permite que el virus se pueda propagar”, dijo.
Estas palabras no cayeron bien en el Gobierno. Por eso, rápidamente salieron a comentar que estos problemas se comenzaron a originar en la administración de Sebastián Piñera.
“Buena parte de los problemas no son de ahora, se vienen arrastrando por bastante bastante tiempo”, sostuvo esta mañana el ministro Carlos Montes, quien agregó que luego de enterarse de este problema en junio activó una serie de acciones como comisiones investigadoras en el propio ministerio, además de las denuncias a Fiscalía y CDE.
“Nosotros no captamos en ese momento el conjunto de forados y los riesgos que había de hechos de corrupción”, advirtió Montes, que sin dudarlo dijo que no iba a renunciar y que ya han pedido la restitución de $1.765 millones a ocho fundaciones.
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