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Las pruebas de la Fiscalía contra Karina Oliva y sus ex colaboradores en "Comunes"

Para el próximo 20 de diciembre quedó fijada la audiencia de formalización contra Karina Oliva, la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana por el Frente Amplio, y otras once personas que participaron en su campaña política y que enfrentarán cargos por fraude de subvenciones.

En 23 tomos de investigación, a los que tuvo acceso Mega Investiga, la Fiscalía Sur recopiló antecedentes que detectaron irregularidades en el financiamiento de ese proceso electoral, como abultar gastos para luego rendirlos ante el SERVEL y así obtener devoluciones fraudulentas, por una cifra cercana a los $142 millones.

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Entre quienes figuran en la lista de imputados está la expareja de Oliva y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, la exsecretaria ejecutiva del partido, Camila Ríos y el exadministrador de la campaña, Martín Miranda, a quien también se le sumarán cargos por infracciones a la Ley de Gasto Electoral.

ATON

“Era una maqueta”

Una de las principales aristas de la indagatoria apunta a la Fundación Chile Movilizado, el centro de estudios de Comunes, que facturó $120 millones en la campaña electoral de 2021, pese a existir evidencia de que la ONG copió informes de la empresa de estudios de opinión Criteria.

Una declaración clave la dio el 26 de diciembre de 2022 Estefanía Campos Figueroa, quien integró el Partido y el directorio.

“El objetivo era trabajar en el partido, siendo financiados por la Fundación, que era un cascarón, una maqueta, estaba vacía por dentro, era para existir una plataforma para poder trabajar en periodos inter electoral, y así mantenían a una cara que era Karina Oliva. No era un centro de pensamiento, nunca operamos en algún lugar físico”, reveló Campos ante el Ministerio Público.

Pero no fue lo único que destapó la militante de Comunes. También detalló cómo se defraudó al sistema electoral.

“No vi a nadie realizando informes desde Chile Movilizado para la campaña (...) no puedo entender que se haya hecho un informe de 60 millones cada uno, en un período de tiempo tan acotado (...) Nunca vi a la Fundación realizando facturas o boletas, no sé si existieron contrataciones en las asesorías que hicimos o no, nunca participé de la reunión previa de acuerdo económico”, confesó.

Otra declaración clave la dio Francisca Keller, quien estuvo a cargo de la coordinación estratégica y negó que la ONG de Comunes hubiera participado en la campaña: “No conozco a Chile Movilizado, no tuve relación con ninguna persona de dicha fundación, ni estaba en la información que yo manejé”.

También apuntó contra Camila Ríos, a quien acusó de no haber participado en la campaña de Karina Oliva, y que emitió boletas por cerca de $25 millones por diseño y planificación de despliegue territorial.

“No es correcto que ella haya participado en data analytics. El data analytics se ve todos los días y el informe final lo hace la Fábrica Imaginaria a través de Criteria, y nadie más que Criteria, era parte de dichos servicios”, concluyó.

Problemas financieros

La indagatoria de la Fiscalía también reveló los graves desórdenes financieros de Comunes, en sus rendiciones y en el pago a los proveedores de las campañas políticas de 2021. Así quedó expuesto en una serie de correos electrónicos, que forman parte de la carpeta investigativa, entre la empresa Criteria y la directiva del Partido.

En uno con fecha 22 de diciembre de 2022, Christian Leiva, gerente de Finanzas de la encuestadora, le escribe al secretario ejecutivo de Comunes, Felipe Larenas, donde le advierte que si no regularizan los pagos podrían reactivar una demanda en su contra:

“Te escribo a fin de consultar si ya pudieron tener su reunión con Servel... Es por esto que te pido puedan enviarnos una nueva propuesta al calendario de pagos ofrecido en el transcurso de esta semana apelando a su revisión de otras alternativas de recursos distintas al Servel y así poder avanzar y cerrar la formalización de nuestro acuerdo”.

En respuesta, Larenas aseguró que “durante estas semanas hemos estado trabajando en una proyección de gastos para cubrir deudas urgentes como la que tenemos con uds. durante el año 2023 (...) Lo único que nos falta, es confirmación de SERVEL respecto de la propuesta pues requiere liberar fondos fiscales aportados por dicho organismo, única vía de financiamiento que tenemos para llevar adelante la propuesta”.

A estos problemas financieros, se suma que el Servicio Electoral denunció ante el Ministerio Público un posible fraude al fisco, debido a que Comunes no presentó la rendición del balance correspondiente al 2020 y 2021, en un monto que asciende a $142 millones, según informó La Tercera.

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La excandidata a gobernadora, por su parte, ha mantenido silencio desde que la Fiscalía Sur anunció su formalización. Oliva nunca ha reconocido alguna irregularidad y ha sostenido que esta denuncia es parte de un “montaje”. Incluso, cuando renunció a la colectividad acusó una “condena anticipada” por parte del Tribunal Supremo de Comunes.

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