Qué hay detrás de los robos a ministerios: Un "tour" delictual y un examen por trastorno de personalidad

Por una presunta enajenación mental, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió el procedimiento y otorgó la libertad al ciudadano venezolano, Juan Pablo Sánchez, sindicado como el autor del robo de dos computadores desde el Ministerio de Culturas y las Artes y de otras vulneraciones de seguridad a otras reparticiones públicas. 

El hecho ocurrió el 24 de julio pasado, cuando ingresó a las dependencias del Palacio Pereira, logrando sustraer dos notebook, cortando las sujeciones metálicas de los mismos y saliendo del lugar.

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El caso dio paso a una intensa búsqueda y, dos semanas después, la Fiscalía Centro Norte logró su detención en Tocopilla y lo formalizó por el delito de robo con fuerza en lugar no habitado, quedando en prisión preventiva.

La investigación logró identificar al sujeto por medio del registro de cámaras públicas y privadas y reveló un tour por distintas organismos públicos.

Primero, a las 18 horas ingresó de manera clandestina a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, y recorrió diferentes pisos, para luego retirarse a las 19:15 horas. Minutos después, ingresó al Liceo N 1 Javiera Carrera, ubicado en calle Compañía, donde sustrajo un celular y, al verse sorprendido por una inspectora, lo tiró al piso y salió corriendo del lugar.

Luego de eso, concretó su ingreso al edificio del Ministerio de las Culturas, donde se llevó las especies, avaluadas en casi dos millones de pesos. Tras el robo, ingresó a un edificio ubicado en calle San Antonio y luego a un departamento, que le arrendaba a una chilena que reside en Estados Unidos.

El testimonio de la mujer fue clave para identificar al imputado y obtener su número de teléfono, que luego le permitió al OS9 de Carabineros determinar su georreferenciación que lo localizaba en la región de Antofagasta.

Así, fue como la madrugada del 2 de agosto personal policial lo encontró en un terminal de buses de Tocopilla, donde le hicieron un control de identidad y, al realizar la revisión de sus vestimentas, encontraron su cédula de identidad venezolana y en el bolso que portaba parte de las ropas que vestía el día en el que ocurrieron los hechos.

El defensor público, Yerko Pizarro, solicitó la salida alternativa de este ciudadano venezolano por una serie de antecedentes que demostrarían la inimputabilidad del sujeto, debido a un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastornos de personalidad.

"Se acercó su familia y dio cuenta que (el imputado) estaba sujeto a un tratamiento de enajenación mental en venezuela, por lo que se determinó realizar un examen para ver en qué condición está actualmente", comentó Pizarro.  

Así, el tribunal ordenó realizarle un peritaje psiquiátrico el que estará a cargo del Servicio Médico Legal, que finalmente determinará si es imputable o inimputable.

La arista MINDESO

Este caso se sumó al robo de computadores en distintas instituciones estatales, que generó serios cuestionamientos por la falta de medidas de seguridad, la lenta reacción del gobierno y su presunta relación con el caso Convenios.

La situación más escandalosa pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, cinco días antes del episodio del Palacio Pereira, donde desconocidos se llevaron 23 computadores y una caja fuerte, lo que derivó en la detención de dos personas, incluido un reo quien, por medio del “cuento del tío”, engañó al guardia de seguridad y se hizo pasar por el entonces ministro Giorgio Jackson para dar luz verde al atraco.

Otras reparticiones afectadas fueron la Corporación de Asistencia Judicial, el Servicio Mejor Niñez, Ministerio de Transportes, entre otros, lo que generó que se nombrara a la fiscal Tania Sironvalle para indagar el que ella misma definió como un “fenómeno criminal”.