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Formalizan a exautoridades de educación de Maipú acusados de "malversación" durante la gestión de Cathy Barriga

¿Qué pasó?

Cinco exautoridades de la Municipalidad de Maipú, quienes trabajaron en la comuna durante la gestión de Cathy Barriga, serán formalizados. Esto, luego de acciones legales lideradas por el alcalde Tomás Vodanovic, sucesor de Barriga.

A los acusados se les sindica el delito de “malversación por aplicación pública diferente, con daño o entorpecimiento”, por hacer uso indebido de más de $2.200 millones, que provenían del Ministerio de Educación y tenían como objetivo robustecer la educación pública y de estudiantes prioritarios.

Los acusados eran exaltos cargos de la Corporación Municipal que administra la educación pública de Maipú (CODEDUC).

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“Valoramos el paso en el proceso para determinar las responsabilidades del grave daño que se le hizo a la educación pública de Maipú, y sobre todo a los más de 16.000 niños, niñas y adolescentes que asisten a nuestros establecimientos. Colaboraremos todo lo que sea necesario para que estos hechos no queden en la impunidad, porque las comunidades escolares de Maipú merecen justicia”, señaló Ignacio Cáceres, actual secretario general de la Corporación de Educación en la gestión del alcalde Vodanovic.

Las acciones legales

El municipio encabezado por Vodanovic  presentó una querella a inicios de 2022, donde denuncia el uso incorrecto de $1.414 millones del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) entre los años 2016 y 2020; y de $821 millones de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en 2021. De acuerdo a la solicitud de formalización, se realizaron pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales, un destino distinto del establecido por las normas que rigen los convenios de SEP y FAEP.

Esto habría sido en desmedro, por ejemplo, de labores de mantención y mejoramiento de inmuebles e infraestructura de liceos y jardines, o de la contratación de servicios y compra de insumos para actividades de captación de matrícula. 

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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