"Atentan contra la justicia": Estas serían las personas detrás de la amenazas contra jueces, fiscales y políticos

¿Qué pasó?

Recientemente, parlamentarios del Congreso Nacional recibieron intimidantes mensajes en sus correos institucionales tras dar a conocer su postura sobre dar continuidad al proceso constituyente, incluso exponiendo datos privados.

Sin embargo, esta práctica es habitual, puesto que ministros de Estado, fiscales, alcaldes y hasta el Presidente Boric, han sido blanco de amenazas de muerte y de índole sexual, aprovechando el anonimato a través de redes sociales.

Como dato a considerar, el jefe de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, Luis Orellana, detalla que en el 2019 "tuvimos 6 amenazas hacia autoridades. El 2020 subimos a 71 amenazas, ahí hubo un aumento exponencial. En 2022 a la fecha llevamos 15 amenazas".

"Hablaban de muerte"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha sido uno de las autoridades que han sido amenazados no solamente por redes sociales, sino que también en la puerta de su casa.

Por este hecho, el 14º Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Pablo Casanova por amenazas de muerte, determinándose como agravante la "incitación al odio", lo que ocurrió después del estallido social. Sin embargo, el sujeto aseguró que "no pasó nada más que gritar cosas".

El edil admite que nunca se tomó en serio las amenazas hasta que se produjo una marcha cerca de su casa, donde aparecieron "carteles muy amenazantes" y que "cambió mi perceción de riesgo porque hablaban de la muerte. Había una foto bien brutal de un muñeco colgando en un puente, como los muertos que hay en México", añade Carter.

Fue ahí cuando su hermano le avisa de gente avanzando hacia el domicilio: "Este señor que resulta condenado, empieza a gritar cuestiones muy atroces referidas a la muerte, a ataques sexuales contra tu madre, quema de la casa".

Posterirmente, intentaron abrir la puerta de la casa, siendo ese momento en que el alcalde de La Florida temió por su vida y la de su familia. Tras unos minutos, llegó la policía, dispersando a la multitud.

¿Quiénes están detrás de las amenazas?

Los exconvencinales Fernando Atria y Jaime Bassa, también fueron blanco de amenazas de muerte por parte del empresario Pedro Pool, quien ya cuenta con causas por violencia y golpizas, además de cinco querellas en su contra.

En un video, Pool amenaza con "exterminarlos y a todos los indios que están ahí también, los vamos a fusilar", amenaza directa de muerte a los constituyentes.

Por ese motivo, la periodista Paulina de Allende Salazar se contactó con Pool en búsqueda de los motivos detrás de estas amenazas. En la conversación, el hombre aseguró no arrepentirse nada y negó sus propios dichos.

"No reconozco ningún acto de violencia de mi parte. Yo soy una persona de trabajo. Yo no soy una persona violenta" y aclaró que "yo dije que cuando sea presidente de la República, voy a fusilar a los narcotraficantes".

Respecto a las amenazas a los convencionales, aseguró que "lo mío no pasa de ser una palabra, un dicho. Yo no he matado ni siquiera un pajarito en mi vida" y concluyó con que "no me arrepiento de lo que hago".

Estos intentos de amedrentar, generan consecuencias. Así lo manifiesta Fernando Atria, quien señala que "eso crea una situación en que las personas que ejercen un cargo público empiecen a cuidarse de lo que dicen pensando en la posibilidad de amenazas y eso es un problema".

Similar situación vivió Manuela Royo, también exconvencional, quien recibió amenazas del mismo sujeto que fue formalizado por amenazas a la expresidenta del Colegio Médico y exministra del Interior, Izkia Siches.

"Recibí amenazas en las redes sociales de que me iban a matar y que iban a venir a mi casa. La segunda era una amenaza ya de índole sexual. Es fuerte cuando personas que uno no conoce intentan hacerte sentir mal, menoscabarte como mujer solo por pensar distinto", lamenta.

¿Cuáles son las penas?

Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, señala que más del 30% "dicen haber sido amenazados. Hay casos concretos de fiscales que han sido amenazados en la Macrozona Sur con carteles públicos señalando que lo conocen a él, a su familia, a sus hijos".

Por ese motivo, se ha implementado -en el caso de los fiscales- medidas de prevención para proteger la integridad de los letrados con protocolos de seguridad secretos y así "poder asegurar que sus decisiones no estarán influenciadas por intimidaciones", añade Roberto Garrido, fiscal de La Araucanía.

Respecto a las penas, la amenaza apenas tiene una pena de 61 días a 540 días de privación de libertad, mientras que aquellas que son condicionales, tienen penas de los 541 días a los 5 años de cárcel.

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