Test de drogas a diputadas y diputados se aplicaría en septiembre

La Cámara de Diputadas y Diputados deberá decidir en las próximas semanas entre cinco laboratorios que fueron invitados a una licitación privada para realizar el test de drogas a congresistas, que será aplicado cada seis meses. 

Así lo indicaron altas fuentes de la Cámara Baja que manejan el tema y quienes aseguraron a Meganoticias que la selección del laboratorio que será contratado para realizar el test de pelo a los diputadas y diputados estará terminada durante la segunda semana de agosto. Será la Comisión de Régimen Interno de la Cámara la que lo seleccionará.

El primer control de consumo de estupefacientes o psicotrópicos ilegales a los y las congresistas tendría lugar los primeros días de septiembre. Este debe realizarse 30 días hábiles después de que se publique el extracto del reglamento en el diario Oficial, que será el próximo lunes 22. 

Dicho test se realizará a casi dos décadas de que el exministro vocero durante la dictadura de Augusto Pinochet, Francisco Javier Cuadra, afirmara que había parlamentarios que consumían drogas, provocando una gran polémica a nivel nacional. En ese entonces, el Senado le ofreció que entregara mayores antecedentes a su denuncia, pero Cuadra no profundizó en su revelación y aseguró haber recibido amenazas de muerte junto con señalar que los nombres de quienes consumen drogas “son un secreto que me llevaré a la tumba”.

Desde esa fecha, el consumo de drogas entre los congresistas ha estado cada cierto tiempo en la agenda pública. Sobre todo en la última campaña presidencial, donde el entonces candidato Gabriel Boric mostró en uno de los debates televisados el resultado de un test que se hizo para probar que no consumía drogas. 

Laboratorios a cargo 

Los nombres de los cinco laboratorios que se encuentran participando en la licitación privada no son públicos. Pero hay algunos que ya tienen experiencia celebrando estos contratos con el Estado y se presume que podrían postular, pues el mercado de los test de drogas es muy concentrado.

Desde el año 2014, el Estado de Chile ha celebrado contratos con Corthorn Quality S.A, con Corthorn Ltda, y, en el último año, con una unión temporal de proveedorescompuesta por ambos laboratorios, para realizar test de drogas a funcionarios públicos, que van desde el Presidente de la República a ministros, subsecretarios y jefes de servicios. Pero hasta ahora, los diputados y diputadas no han sido testeados, porque la Cámara no había aprobado un reglamento que permitiera la realización del controversial test: recién lo hizo el 13 de julio pasado. A partir de entonces comenzó la cuenta regresiva. 

La comisión que decidirá al laboratorio que hará los tests está integrada por representantes de las bancadas de los partidos políticos y también por el comité de independientes, además de los miembros de la mesa directiva de la Cámara Baja. 

Aunque el reglamento establece que los laboratorios deberán ser elegidos por licitación pública y su contrato tendrá una duración de cuatro años, sólo por 2022 la Cámara podrá adjudicar la toma de muestra y control a un laboratorio y licitar durante este año el resto del período legislativo.

Base de datos reservada 

A partir de este año, en la Cámara de Diputadas y Diputados, habrá un encargado de relacionarse con el laboratorio que se haya adjudicado el control de consumo de estupefacientes o psicotrópicos ilegales. Este será nombrado por el secretario general de la Cámara.

El funcionario será responsable de mantener una base de datos reservada con la identificación de las personas que salgan sorteadas para hacerse el test y de aquellas que aún no lo han sido.

También deberá notificar personalmente a aquellos congresistas seleccionados en el sorteo aleatorio para someterse a control. Luego, el secretario general de la Cámara les informará el resultado.

El sorteo se realizará en una reunión de jefes de comités convocada especialmente para organizar el test de drogas. Cada año, el  primer control se efectuará antes del 30 de junio y, el segundo, antes del 31 de diciembre.

Una vez que el diputado o diputada sea notificada de que debe realizarse el test, será guiada inmediatamente hasta el lugar en que deberá realizarse el control. Quien resulte positivo en el examen, tendrá que someterse a un nuevo examen en el control siguiente. Los nombres de los congresistas que tengan un resultado positivo se harán públicos.