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Polémica por eliminación de 'Body Scan' en cárceles: Minsal defiende la medida y gendarmes están en desacuerdo

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, en entrevista con Meganoticias Alerta, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, defendió la decisión del Ministerio de Salud de eliminar los 'Body Scan' desde centros penitenciarios y del Sename, aludiendo a que "generan problemas a la salud".

Por su parte, el exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal, junto al diputado Jorge Alessandri (UDI), se mostraron fuertemente en contra de esta medida.

¿Qué dijo el subsecretario?

Al ser consultado por esta medida, el subsecretario Araos sostuvo que en "este tipo de dispositivos de 'Body Scan' generan rayos X, que son radiaciones ionizantes, que generan problemas a la salud en exposiciones reiteradas a largo plazo".

Sobre este mismo punto, argumentó que "por ejemplo, la Unión Europea no ha autorizado, o francamente ha prohibido el uso de estos 'Body Scan' en ciertos lugares. En este sentido, para nosotros lo más importante es cuidar a las personas".

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Posturas en contra

Pör otro lado, el  exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal, se mostró fuertemente en contra de esta medida, señalando que "los elementos tecnológicos que requiere el ejercicio de la función penitenciaria tienen que estar a disposición de la institución".

"Da cuenta del desconocimiento de lo que significa en materia de riesgo a la misma población penal y al personal eliminar el 'Body Scanner'", agregó.

En la misma línea, el diputado de la UDI Jorge Alessandri indicó que Gendarmería "tiene que tener tecnología s su disposición. No puede ser que entre una persona con un celular, con droga. (...) Ahora Salud quiere meter la cola en las cárceles y decir que no se pueden hacer escáner para detectar cosas ilegales".

Además, desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile emitieron un comunicado donde señalaron que esta medida "ha generado una extrema preocupación al interior de las filas".

"Genera condiciones en donde la integridad física de nuestros funcionarios en general se encontraría en grave riesgo, del mismo modo ocurrirá con la propia población recluida", añadieron.

Finalmente, sentenciaron que: "Creemos que contrario a lo planteado por la autoridad ministerial, constituye un enorme retroceso desde el punto de vista de la vulneración de los Derechos Humanos de nuestra población objeto, así como también de sus familiares que los visitan con frecuencia en los establecimientos penales y especiales, considerando que sería frenar el avance obtenido en la implementación de tecnificación de instrumentos que contribuyan a incrementar las medidas de seguridad".

Revisa el comunicado completo

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