Funcionaria de Vitacura declara que entregaba dinero en efectivo a exalcalde Raúl Torrealba

Continúa la investigación de presuntas irregularidades en el pago de subvenciones en los "programas Vita", de la Municipalidad de Vitacura, durante la gestión del ahora exalcalde Raúl Torrealba (RN). Los hechos han sido indagados debido a diversas denuncias presentadas por el equipo liderado por la nueva alcaldesa, Camila Merino (Evópoli).

El lunes, la nueva administración comunal ingresó una denuncia antes el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. Antes de eso, Merino había denunciado "irregularidades" ante la Fiscalía, las cuales comenzaron a ser investigadas. 

Lo anterior, en el marco de la denuncia del expresidente y representante legal del Consejo Local de Vitacura, Vita Salud y Vita Deportes, Domingo Prieto, quien acusó la falsificación de su firma en documentos públicos y privados.

Allanamientos y suspensiones

Con esta información, consigna La Tercera, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó la entrada y registro de los domicilios del exalcalde Torrealba y del propio Prieto, lo que se materializó el pasado lunes 23 de agosto. Al mismo tiempo en que se requisaron computadores en todos los programas municipales dirigidos por Prieto. 

En paralelo, el municipio, en el marco de la investigación interna que lleva adelante, suspendió de sus cargos al director de Administración y Finanzas, José Bucarey; al contralor municipal, Sergio Beaumont, y a la directora subrogante de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín Prieto.

Confesión y autodenuncia

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente Carlos Ramírez detalló a la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago el testimonio clave de Antonia Larraín, quien es sobrina de Domingo Prieto, amiga de una de las hijas de Torrealba y que trabajó por 16 años en la municipalidad, asumiendo en julio de 2018 la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Según el persecutor, Larraín manifestó su deseo de "declarar y autodenunciarse". Primero lo hizo ante el director jurídico de Vitacura y luego ante el Ministerio Público. 

En concreto, según el relato del fiscal fue el 19 de agosto pasado cuando la mujer confesó que "apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020".

En paralelo, el persecutor consignó que Larraín sostuvo "que el sobre con dinero se lo entregaba el señor Prieto y en otras oportunidades Arnaldo Cañas o Cesar Silva, mandados por Prieto".

Según el citado medio, aún se investiga si estos sobres quedaban en manos de la funcionaria, quien recibía una renta líquida de $5.4 millones en su último cargo, o si eran entregados directamente al exalcalde Torrealba.

Sumas en efectivo

Pese a lo anterior, según la presentación del fiscal Ramírez, Larraín declaró que "todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración, sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio Raúl Torrealba".

Secreto Bancario

En paralelo a la decisión de permitir el allanamiento de la casa del exalcalde Torrealba y de parte del municipio, el 4° Juzgado de Garantía también permitió el alzamiento del secreto bancario de tres cuentas del exadministrador comunal. 

Con esto, se busca investigar los movimientos y determinar si estos se condicen con su renta como alcalde. Lo anterior, dado que hay testimonios que indican que en diversos programas municipales operaban "testaferros", que serían personas falsamente contratadas, quienes habrían devuelto parte de sus rentas a Torrealba. 

Todos los antecedentes recabados se remitirán hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el objetivo de que se determine si ingresar o no una querella en contra del exadministrador comunal. 

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