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Le quitaron la custodia de sus hijas luego de una discusión y ahora deberán pagarle millonaria recompensa

Una madre y sus dos hijas consiguieron justicia. Un tribunal de España ordenó que las indemnicen por el irreparable daño que recibieron en 2016: la Consejería de Familia las separó tras una discusión por un celular.

Anita, Micaela y Ángela cuentan su historia. Anita perdió la custodia de sus mellizas injustificadamente. Ocurrió después de que una de ellas le contó a una consejera familiar sobre el altercado con su mamá.

Resulta que las tres participaban en un programa de intervención familiar para mejorar las relaciones. Pero las cosas se salieron de control cuando la consejera supo del forcejeo por el celular.

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Las separaron de sus hijas alegando desamparo

Una noche de enero de 2016, Anita y una de sus hijas discutieron por el uso de un dispositivo móvil. La discusión fue más allá y ambas forcejearon. La consejera familiar que les asignaron consideró eso como una falta grave.

Por ello, fueron suspendidas del programa y tres meses después, en abril, las separaron. Trabajadores sociales junto a la Guardia Civil se encargaron de hacerlo sin previa notificación, alegando desamparo de las chicas.

¿Qué ocurrió después?

En consecuencia, Micaela y Ángela, que tenían 12 años en ese momento, fueron obligadas a vivir en una residencia ubicada a 80 kilómetros de su madre. Anita, por su parte, solo tenía derecho a verlas una hora cada mes.

Así vivieron un año. Hasta que un juzgado en Ávila reparó que debían vivir juntas cuando ya las adolescentes habían sido víctimas de maltrato. Incluso, debido a las circunstancias, se enfermaron física y mentalmente.

La Fundación Raíces asumió el caso al considerar que había violaciones de derechos, abuso de poder y uso subjetivo de la información, algo que la Fiscalía demostró.

La indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de España consideró que lo vivido por las mellizas fue un secuestro. Ese período lo definió Anita como el más doloroso de sus existencias.

Por todo ello, el tribunal ordenó a la Consejería de Familia indemnizar a las víctimas con 150 mil euros (casi 130 millones de pesos chilenos), 50 mil para cada una, indicó El País.

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