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Pobladores se resisten a abandonar toma ante inminente demolición: Terreno sería devuelto a familia de dueño que fue asesinado

¿Qué pasó? 

A más de cinco años del asesinato del empresario Alejandro Correa tras la ocupación ilegal de sus terrenos en Quilpué, el Serviu determinó que el próximo 30 de septiembre se iniciará el proceso de demolición de la toma Calicheros para ser entregada a la familia de la víctima.

Ante el inminente desalojo del campamento, que comprende cerca de 150 familias, Mucho Gusto conversó con una residente del lugar y un vocero que aboga por los derechos de las personas que viven en tomas, quienes cuestionaron la decisión de las autoridades y aseguraron que apelarán a la resolución. 

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"A mí no me pueden sacar de mi casa" 

Jazmín Durán, una de las pobladoras de la toma, precisó que el fallo, a su parecer, solo implica una orden de demolición y no de desalojo. "(Derechos Humanos) me decía que tenía que salir. Y no, poh, si yo no quiero, me van a demoler la casa encima, porque no hay orden de desalojo. A mí no me pueden sacar de mi casa", expresó.

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"Yo no tengo papeles de ser dueña de este terreno. Yo ocupé este terreno, pero nosotros construimos a vista y paciencia de los dueños. O sea, no te creo que haya sido la semana pasada que yo construí este rancho", reconoció la mujer. 

La residente aseguró que para el martes se ha convocado a una marcha en Valparaíso, organizada por campamentos catastrados igual que este. "Tenemos órdenes de apelación que está ingresando el abogado que trabaja con nosotros y que nos está ayudando", declaró Durán. 

En la entrevista, afirmó que ellos siempre han querido comprar el terreno, pero que la familia Correa nunca ha estado dispuesta a hablar. "Si ellos no quieren vender, están en su derecho, pero no vengan y hagan esto, no hagan sufrir a la gente", comentó. 

"Si ellos quieren de vuelta su terreno, bien, pero háganlo por la vía judicial. No hay una orden de desalojo. Lo que dice claramente es que es una orden de demolición. Demolición y desalojo son dos cosas distintas", agregó Jazmín. 

Familias presentarán recurso de protección 

Por su parte, Gustavo Sepúlveda, vocero del movimiento Pobladores en Toma, indicó que de momento solo les ha llegado "una orden de demolición" y no de desalojo. "Nosotros estamos actuando por los abusos que hay, por ciertas exageraciones", declaró. 

El vocero señaló que incluso la abogada de la familia Correa, Jeannette Bruna, "solicita que se desaloje y no le dan curso, no le dan al lugar, que se proceda por donde corresponda, es decir, ocupe su instancia legal como propietario y haga el juicio respectivo". 

Al respecto, Sepúlveda anunció que presentarán un recurso de protección. "En Chile está consagrado el derecho constitucional del propietario, pero también de las personas, y en este caso hay varios derechos constitucionales que se están viendo vulnerados". 

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