Dueños de boulevard en Maipú enfrentan grave querella: Son acusados de ocultar bienes en plena crisis financiera

Los dueños del Boulevard Terrazas de Maipú, ubicado en esa populosa comuna de la Región Metropolitana, están atravesando una dura situación económica y judicial, traducida en una demanda y querella en su contra.

El centro comercial es propiedad de los hermanos Álvaro y Diego González Jepsen, y de su madre Estrella Jepsen. El trío controla el recinto mediante la Inmobiliaria Jepsen, la que hoy carga con una liquidación concursal ordenada por la justicia civil.

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El origen de la crisis financiera de los dueños de Terrazas de Maipú

La crisis nace tras una demanda presentada por Constructora Cuevas y Purcell (Cypco) en 2022, en la que solicitó la quiebra de la inmobiliaria por no pagar siete facturas electrónicas emitidas entre abril y septiembre de 2021, las que en ese entonces sumaban más de $1.013 millones.

Amparándose bajo la ley, los Jepsen iniciaron su reorganización concursal para evitar la quiebra y en abril de 2023 presentaron una propuesta para ponerse al día con los acreedores (Banco Scotiabank, trabajadores, entre otros), la que finalmente fue rechazada.

Con la negativa, la justicia civil declaró la liquidación concursal de la empresa familiar, procedimiento que básicamente consiste en la venta "rápida y eficiente" de los bienes de la deudora para saldar sus pasivos.

Hasta ahí, la crisis estaba dentro de los límites de lo económico, pero luego se presentó una querella por un presunto delito identificado por Eduardo Godoy, el liquidador designado y cuyo objetivo es acceder a los libros de contabilidad de la inmobiliaria para revisar sus ingresos y gastos.

Una querella por "ocultamiento de bienes"

Cuando una empresa cursa un proceso de reorganización judicial (como los Jepsen a partir de 2022), tiene prohibido vender o traspasar bienes.

El problema está en que Godoy no ha podido acceder a los libros contables de 2021, 2022 y 2023; es decir, se desconocen los movimientos de la inmobiliaria durante esos años, en los que eventualmente pudo haber violado la citada prohibición.

Por esta imposibilidad en el acceso, fue ingresada una querella contra la inmobiliaria por los presuntos delitos de ocultamiento de bienes de la empresa deudora, suministro de información falsa sobre el pasivo o activo de la firma y omisión de las obligaciones de facción y conservación de los libros de contabilidad. En total, se cree que los Jepsen habrían ocultado cerca de $2.800 millones.

Los argumentos de la acusación son que Álvaro González Jepsen hizo pagos indebidos a terceras personas y sociedades relacionadas, administradas por él mismo; y escondió parcialmente los antecedentes de la empresa deudora.

El caso más representativo es el "desvío de un abono" pagado por la cadena Cinépolis por el arriendo en el boulevard: de los $546.208.755 transferidos, $527 millones se "desviaron" a una sociedad relacionada con la familia querellada.

Los descargos de Jepsen

Las acusaciones en contra de la inmobiliaria fueron abordadas por el propio Álvaro Jepsen. Junto con declarar que confía en que la justicia desacredite la querella, apuntó contra Banco Scotiabank ("crédito mal cursado, faltan firmas de garantía"), el liquidador Godoy ("todo su proceso ha sido de poca probidad") y Cypco ("misma constructora que como familia no le cobramos multas, que no cedió las facturas y después sale demandando y solicitando la liquidación forzosa").

"Hemos pagado con nuestro patrimonio personal y créditos personales deudas de nuestra inmobiliaria. La lógica y los hechos demuestran lo contrario: cuando quieres esconder patrimonio no lo pones en la mesa y lo ofreces para pagar", declaró a La Tercera.