Las pruebas que llevará Fiscalía ante La Haya para probar la participación del gobierno venezolano en el crimen de Ojeda

Bajo absoluta reserva llegó este jueves el fiscal nacional Ángel Valencia a Países Bajos. ¿Su objetivo? Entregar, mañana a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya las pruebas que tiene el Ministerio Público para acreditar el vínculo del gobierno venezolano con el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

En la presentación, el jefe de la Fiscalía entregará a la corte los antecedentes de la carpeta investigativa que permiten reconstruir cómo se gestó desde Caracas el crimen contra el exmilitar venezolano y se contrató al Tren de Aragua para ejecutarlo.

En un oficio reservado –al que tuvo acceso Mega Investiga– que el fiscal Sur Héctor Barros, quien dirige la investigación, envió al fiscal nacional el pasado 21 de marzo, se detallan esas pruebas. “Se tiene conocimiento de que el homicidio con secuestro de Ronald Ojeda Moreno tiene una vinculación política con el gobierno de Venezuela”, reza ese documento.

Con esta presentación se concreta el anuncio que la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, había realizado el pasado 23 de enero, cuando sostuvo que Chile acudiría a la CPI si la investigación confirmaba que la dictadura de Nicolás Maduro estaba detrás del homicidio del militar disidente del régimen.

En la previa de su presentación, el fiscal nacional enfatizó que los antecedentes que van a presentar en la instancia son “contundentes”.

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“Hemos identificado que el asesinato de Ronald Ojeda fue encargado desde la cúpula de la organización criminal Tren de Aragua, bajo instrucciones que provienen de altos mandos vinculados al gobierno de Venezuela. Este hecho fue planificado como un crimen por encargo con una clara motivación política, en respuesta a la oposición que Ojeda representaba hacia el régimen de Nicolás Maduro”, aseguró Valencia.

Las pruebas

En el oficio reservado, el persecutor Metropolitano Sur explica cómo se llegó a la convicción de que el gobierno venezolano movió sus piezas para acabar con la vida del exmilitar.

“En el común de los delitos cometidos por el Tren de Aragua, los secuestros se producen para pedir altas sumas de dinero por la liberación de las personas secuestradas o como mensaje a otros delincuentes cuando no se someten a los lineamientos de la organización criminal. En este caso no fue posible establecer ninguna motivación distinta al móvil político, por cuanto no existió ningún llamado extorsivo, no se intentó obtener dinero para la liberación, no se encontró nada en la vida de la víctima que lo relacionara con alguna actividad delictual”, se lee en el escrito.

Barros apunta también a la participaión de Walter Rodríguez en el secuestro y señala que ingresó al país “solo para cometer este delito y sale rápidamente una vez que se lleva a cabo”. Rodríguez trabajó en el pasado para Tareck El Aissami –quien ocupó altos cargos en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro– cuando era gobernador de Aragua.

Otro de los elementos que utilizará Valencia es la gran diferencia con los otros secuestros perpetrados por el Tren de Aragua en suelo nacional.

“En casi la totalidad de los casos en que se realizan secuestros por la organización en algún lugar en que se mantengan cámaras, siempre existe una persona encargada de llevarse tanto los DVR y los teléfonos de posibles testigos para no ser detectados, lo que no ocurrió en este caso, lo que hace suponer que la intención era que se observara por toda la población que la PDI estuvo a cargo del trabajo, avalando la tesis gubernamental venezolana”, se explica en el oficio.

Además, la forma en cómo se asesinó a Ojeda –mediante asfixia por suspensión– “corresponde a una forma de tortura utilizada por agentes de inteligencia del Gobierno Venezolano, y conforme a información proporcionada por disidentes del Gobierno Venezolano en distintos medios de prensa”.

Un grupo de WhatsApp y declaraciones

En la carpeta hay tres declaraciones de imputados que apuntaron que la ejecución de Ojeda respondió a un móvil político y que el secuestro con homicidio fue encargado desde Venezuela. “Se habría producido por traicionar a la patria, y fue ordenado por el Gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por sus integrantes que operaban en Chile”, explicó Barros en su escrito.

Una de esas declaraciones aportó un dato clave: “Quien ordenó el secuestro fue un político Venezolano, de nombre Diosdado Cabello”.

En los teléfonos de los involucrados también se encontraron antecedentes que apuntaron en esa dirección. En un grupo de WhatsApp que tenía como nombre solo un ícono de una bandera pirata, uno de los líderes de la organización, apodado el Turko –Rafael Gámez–, escribió a los demás que “la orden viene de arriba” y que “le dieron la confianza”.

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