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Defensa de exministra Fernández por acusación constitucional en su contra: "No cumple los requisitos para su discusión"

¿Qué pasó? 

La exministra de Defensa Maya Fernández presentó su respuesta a la acusación constitucional ingresada por parlamentarios de oposición, tras la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

En el escrito, la otrora Secretaria de Estado asegura que el libelo "no cumple los requisitos para su discusión" y también a punta a una supuesta "persecución política". 

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Defensa asegura que AC "no cumple los requisitos para su discusión" 

Según consignó Emol, en el documento la defensa de Fernández aseguran que "los diputados acusadores sostienen erróneamente que la fallida compra del inmueble por parte del Estado (...) es una vulneración de la prohibición constitucional", donde se "dispone que 'durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado'”.

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"Su error está en asimilar al Estado a un particular y presentar que la simple firma de la escritura pública ante notario bastaría para destituir a la exministra Maya Fernández. Esto es un error", indicaron.

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Además, afirman que "al revisar la acusación constitucional, queda en evidencia que existen varios problemas que implican que no se cumple con los requisitos constitucionales para su discusión".

Asimismo, sostienen que "los acusadores imputan responsabilidad por infringir la prohibición que pesa sobre los ministros de Estado de celebrar contratos con el Fisco. No obstante, en realidad, su libelo ataca otros actos en los cuales no le cupo participación a doña Maya Fernández".

La defensa asegura que la acusación "incurre en un vicio conceptual grave al interpretar que la responsabilidad constitucional de un ministro de Estado se configura bajo criterios de 'responsabilidad objetiva', es decir, sin necesidad de acreditar una conducta personal dolosa o negligente del acusado, o que siquiera el Fisco hubiera traspasado recurso alguno a Maya Fernández”.

"Persecución política" 

En el documento también "se advierte un uso indebido de la acusación constitucional en el presente caso. En efecto, existe una Comisión Especial Investigadora, que se encuentra en pleno desarrollo, que tiene el mismo objeto de esta acusación: reunir información en relación con el proceso de adquisición por el Fisco de Chile de la casa que fuera propiedad del ex Pdte. Salvador Allende Gossens”.

"El trabajo de la misma comenzó recién el 10 de marzo pasado. Es decir, sesiona en paralelo a la Comisión de la acusación, sin que exista coherencia en el actuar de la Corporación", complementaron.

"Adicionalmente, la existencia de una Comisión Investigadora en curso y la renuncia previa de la exministra (que extingue el efecto principal de la acusación, la destitución) demuestran un uso indebido del mecanismo, contrariando su naturaleza de última ratio... su admisión convertiría el proceso en un instrumento de persecución política, desnaturalizando su finalidad garantista", agrega el texto. 

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