Casa de Allende: Ampliación de querella solicita que ministra Carolina Arredondo y Miguel Crispi declaren como imputados

Minutas, correos, oficios y declaraciones, son parte de la carpeta investigativa sobre la bullada compra de la casa del expresidente Salvador Allende que estalló recién iniciado el año 2025. 

La arista penal se abrió el 8 de enero tras la presentación de una querella por eventual fraude al fisco, y la investigación quedó a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. 

Una de las materias más cuestionadas sobre la adquisición del inmueble, es la de las alertas que habrían sido desoídas durante el proceso, y que apuntaban a las complicaciones jurídicas y políticas que esta decisión podría conllevar. 

En ese contexto, Mega Investiga reveló a inicios de febrero la existencia de una minuta firmada por dos funcionarios del Servicio Nacional de Patrimonio (Serpat): la jefa de gabinete, Paz Carmona, y el asesor jurídico, José Cortés Vergara. Corresponde a la primera alerta de la que se tenga registro.

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Dicho documento enfatiza como un “elemento a considerar” el hecho de que en la sucesión había dos personas con calidad de autoridades. Situación que fue incluida en la minuta para ser tomada en cuenta “para efectos jurídicos y comunicacionales”.

La declaración de la directora del Servicio Nacional de Patrimonio, Nélida Pozo, ratifica la existencia de dos minutas que fueron enviadas al jefe de gabinete de la Ministra de las Culturas, Gonzalo Pinto.

Esta y otras declaraciones, que forman parte de la carpeta investigativa, motivaron la ampliación de la querella y la inclusión de nuevos nombres que formaron parte importante del fallido proceso de compra de la casa del ex presidente Allende. 

El documento fue ingresado este lunes por el abogado republicano de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara. En el escrito de 29 páginas, Palamara apunta a nuevos delitos que se habrían cometido en la operación, particularmente los de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y el de contrato simulado.

Y es que los antecedentes recogidos hasta ahora por el fiscal Cooper, darían cuenta de nuevas alertas que se habrían presentado previo a que se concretara la compraventa del inmueble. 

Una de ellas la abordó la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, quien en su declaración en calidad de testigo, apuntó a las comunicaciones que se mantuvieron con los asesores de presidencia. 

El pasado 30 de septiembre, Diez le habría manifestado a su jefatura “aprehensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para realizar esta revisión era muy poco, además no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles”.

Junto con esto, el pasado 9 de octubre de 2024, Diez sostuvo una reunión con Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, los asesores de presidencia encargados del seguimiento de la operación. 

En ese encuentro, la exjefa jurídica de Bienes Nacionales habría hecho presente “las preocupaciones jurídicas y políticas por la adquisición de este inmueble, debido a que la parte vendedora era una Senadora y una Ministra de Estado”, según se lee en su declaración.

Según el testimonio de Diez, en esa misma reunión los asesores presidenciales, Moreno y Nazar, le habrían señalado respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, que  “ellos quedaron en revisarlo y con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia SECOM, en conjunto con comunicaciones del Ministerio”.

Solicitan declaración de Crispi como imputado

Con el transcurso de las semanas, las revelaciones periodísticas y la investigación de Fiscalía, se ha permitido clarificar el paso a paso de la compra y también ampliar el listado de los funcionarios públicos a los cuales el Ministerio Público podría citar prontamente.

Una de las figuras que ha entrado al centro de la polémica es la de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, principalmente por las advertencias recibidas por su jefe de gabinete.

Según la declaración de la jefa del Servicio Nacional de Patrimonio, Nélida Pozo, una primera minuta fue enviada el 24 de abril de 2024, donde su jefa de gabinete “Paz Carmona, le escribe al jefe de gabinete de la Ministra, Gonzalo Pinto”.

José Cortés, firmante de la minuta junto con Carmona, declaró que uno de los elementos incluidos era sobre los integrantes de la Sucesión propietaria. “Un problema era la presencia de dos autoridades de Estado, opinión que se entregaba para efectos de revisarlo, desde el punto de vista jurídico y comunicacional”, plantea.

Asimismo, Pozo declaró también sobre la existencia de “una segunda minuta, donde se hace un comparativo de las implicancias de adquirir por subtítulo 29 o 31. No tenemos el acuse recibo del correo”.

En base a dicho contexto es que la ministra Arredondo fue incluida en la ampliación de querella, donde se solicita que se le cite a declarar como imputada.

Junto con ella, se incluye también la solicitud de tomar declaración como imputados al jefe de Gabinete de Presidencia, Carlos Durán, y al jefe de asesores, Miguel Crispi.

Casa de Allende sería administrada por fundación 

Otro de los puntos a los que hace referencia el documento presentado por el abogado Palamara apunta a un antecedente que podría complicar aún más la situación de la ministra de defensa y la senadora Allende.

Palamara señala que “a través de los antecedentes de la investigación, descubrimos que la verdadera intención no era solamente comprarle la casa a la ministra, sino más que ello, la intención era pasársela de manera gratuita en comodato a la Fundación Salvador Allende”.

Así quedó de manifiesto en la declaración de José Cortés, quien señaló que durante una reunión celebrada el 21 de marzo de 2024 con Felipe Vio y Genaro Cuadros, los representantes de la familia Allende le entregaron un proyecto que implicaba traspasar el inmueble a la Fundación Allende en comodato de parte del fisco, para que posterior a la compraventa, se creara “la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes se harían cargo de la administración de la propiedad”.

El problema es que la representante y presidenta de la Fundación Salvador Allende es Marcia Tambutti, hija de la senadora Allende y esposa del abogado de la familia, Felipe Vio.

En su declaración, Cortés señala que Tambutti incluso estuvo presente en una de las visitas que hizo el Serpat a la casa de Allende. “Me parece que fue a fines del mes de mayo de 2024, y fuimos recibidos por la senadora Isabel Allende, su hija, el abogado Felipe Vio, don Genaro Cuadros”, se lee en el testimonio entregado por el asesor del Serpat.

Para José Cortés, uno de los problemas que se plantearon en el proceso es que si el inmueble era comprado con recursos del Serpat, debía ser administrado por dicho organismo.

Dicho conflicto, según declaró Cortés, fue abordado en una reunión que tuvo lugar en julio de 2024 en el Palacio de la Moneda. A ella asistieron los asesores presidenciales Bernardita Nazar y Leonardo Moreno, los jefes de gabinete de Bienes Nacionales y Cultura, además de Pablo Maino, Genaro Cuadros y Felipe Vio.

En dicha instancia, le plantearon a Cortés que la compra no podía ser llevada a cabo por el Serpat, y que debía hacerse vía Bienes Nacionales, lo cual el asesor jurídico interpretó que “al ser adquirido por el fisco, el bien iba a estar en poder de bienes nacionales, para ser administrado por una entidad pública o privada”, como podía ser en ese caso la Fundación Salvador Allende.

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