Dos propiedades y un fondo APV de $80 millones: El detalle de la escritura de separación de bienes de Manuel Monsalve

49 días han transcurrido desde que se conoció la existencia de una denuncia por delitos de connotación sexual contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Investigación que le significó la salida del cargo y que lo tiene actualmente cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras haber recibido una supuesta amenaza de muerte por parte de un líder narco a las pocas horas de haber llegado a la cárcel de Rancagua.

Fue el pasado 27 de noviembre, tras la audiencia de apelación a la medida cautelar, que se confirmó que la Fiscalía Centro Norte agrupó en una causa separada la investigación sobre los eventuales delitos de obstrucción a la justicia, infracciones a la ley de Inteligencia y malversación de caudales públicos por el supuesto uso de gastos reservados.

Esta última arista se abrió por una ampliación de querella del abogado Luis Eduardo Cantellano y el diputado Andrés Celis. Indagatoria donde probablemente se revisarán las cartolas bancarias del exsubsecretario y se revisará su patrimonio, el cual recibió una variación en su propiedad días antes de ser detenido.

Tal como publicó Ex Ante, Manuel Monsalve firmó su separación con su esposa tan solo seis días antes de que fuera detenido por la PDI en su departamento en Viña del Mar.

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Mega Investiga accedió a la escritura pública firmada el 8 de noviembre en presencia del notario Patricio Corominas. Documento que fue elaborado por Daniela Horvitz Lennon -hermana de María Inés Horvitz, quien ejerció hasta el miércoles pasado como abogada del exsubsecretario- y donde se detalla los bienes que eran de la sociedad conyugal: una casa, un departamento, dos estacionamientos, una bodega y un fondo de ahorro previsional voluntario.

Según indican fuentes de Mega Investiga, el documento no fue firmado en la notaría, sino que en un lugar establecido por el estudio Horvitz y Compañía. Una gestión especial que se hace en ocasiones donde, como es el caso, los involucrados tienen alta notoriedad pública.

$225 millones para cada uno

Un documento de 11 páginas titulado “Separación de Bienes y Liquidación de Sociedad Conyugal” fue firmado el día 8 de noviembre por Manuel Monsalve y su cónyuge, María Eugenia Garrido. Ambos se casaron bajo ese régimen el 11 de junio de 1993 ante el oficial del Registro Civil de Coronel.

Por medio de esa escritura, ambas partes acordaron que los bienes de los cuales era dueña la sociedad conyugal pasarían a ser divididos en su propiedad, quedando la mitad para cada uno.

La primera propiedad que se reconoce es una casa en la comuna de Chiguayante, adquirida el año 2014, y que los cónyuges avaluaron en ocho mil quinientas unidades de fomento. Lo cual, a fecha del 8 de noviembre, corresponde a 322.840.370 pesos chilenos.

Los otros bienes raíces son los ubicados en la comuna de Viña del Mar, en un edificio en el sector de Agua Santa. En ese lugar, la sociedad conyugal era dueña de un departamento, una bodega y dos estacionamientos, todos adquiridos el 12 de enero de 2007. En total, los cuatro bienes se avaluaron en 3.688 UF, es decir, 140.074.739 pesos chilenos.

Por último, como sociedad eran dueños de un fondo que Manuel Monsalve tenía en una cuenta de ahorro previsional voluntario que al momento de la firma alcanzaba los 2.106 UF, unos 80 millones de pesos.

El monto total por el que fueron avaluados los bienes de la sociedad conyugal alcanzó las 14.306 unidades de fomento. Sin embargo, de ese monto se descontaron las deudas que mantenía con el Banco de Chile por hipotecas de las propiedades de Chiguayante y Viña del Mar.

Descontados esos montos, el total disponible alcanzó los 11.871 UF, quedando 5.930,5 para cada uno, poco más de 225 millones de pesos.

Para gestiones futuras, Monsalve y su esposa otorgaron un poder especial e irrevocable al abogado Miguel Villegas Camus, del estudio jurídico Horvitz y Compañía.

Propiedades subvaloradas

Dentro de las sospechas que han levantado los movimientos del exsubsecretario con su patrimonio, se incluyeron en los últimos días cuestionamientos a las declaraciones que él hizo de sus bienes cuando todavía estaba en el cargo. Contexto en el que Bío-Bío Investiga reveló que la ex autoridad declaró un valor inferior en sus propiedades.

En concreto, en su última declaración de fecha 28 de marzo de 2024, Manuel Monsalve estableció que el avalúo fiscal de su departamento en Viña del Mar era de $31.510.835. Sin embargo, según el propio SII, durante el primer semestre de 2024 esa propiedad fue avaluada en $88.266.309.

Una situación similar ocurrió con su casa en Chiguayante. Si bien el bien raíz alcanzó a estar avaluado en $142.354.100 durante el primer semestre, Manuel Monsalve declaró en marzo que su valor fiscal era de $83.549.453.

Una situación que llama la atención por la amplia diferencia entre los montos declarados y los reales, lo que habría llevado al subsecretario a subvalorar su patrimonio. Un hecho que puede ser revisado en el sumario administrativo de la Contraloría y donde podrían existir sanciones para la ex autoridad.

Las remesas de Monsalve

En la investigación que llevará adelante el fiscal Francisco Jacir, uno de los delitos investigados será el de malversación de caudales públicos. Ilícito que fue imputado en una ampliación de querella del abogado Luis Eduardo Cantellano y el diputado Andrés Célis.

En dicha ampliación se establece el detalle de los dineros que habrían sido utilizados por la Subsecretaría del Interior. Allí se menciona que para el año 2024 fueron asignados $530 millones, de los cuales habrían sido utilizados $50 millones durante junio y otros $50 millones durante septiembre.

La propia rendición y supervisión del uso de estos recursos ha sido objeto de cuestionamientos. En ese contexto, Mega Investiga demostró que en 2020 fue incluida una norma que obligaba al ministro de turno a ser informado del destino de los gastos reservados. Cuestión que complica las versiones señaladas por la propia ministra Tohá.

Incluso, el diputado Tomás Lagomarsino, integrante de la comisión investigadora del Caso Monsalve, ofició a la contralora Dorothy Pérez para que se pronuncie respecto al alcance de la norma y si los gastos debieran ser rendidos a la ministra.

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