"Se informará al Ministro": La historia de la norma que complica versión de Tohá sobre su rol con los gastos reservados

“Consultas”, dijo la ministra Carolina Tohá mientras miraba desde una testera a los periodistas que llegaron a Estación Mapocho el día domingo, lugar donde emitió su voto.

La primera pregunta fue por el tema de gastos reservados en el Caso Monsalve, y apuntaba a cómo era posible que ella como ministra no estuviera al tanto del destino que el subsecretario le daba a estos dineros.

"Los gastos reservados tienen una regulación, y tienen claramente establecidos de qué manera se rinden, no se rinden a la ministra, tienen otra modalidad de rendición", dijo Tohá. Y afirmó que "su proceso de rendición ha funcionado correctamente".

El día lunes, durante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, fue consultada nuevamente por este tema. Esta vez, sí mencionó escuetamente que por su escritorio pasa un “informe”.

"Sobre los gastos reservados, los gastos reservados funcionan de esta manera: hay un mecanismo en que se rinde la cuenta más específica a la Contraloría, de manera periódica, por parte de la subsecretaría que es la que tiene gastos reservados”, dijo.

"A la ministra se le entrega el compendio del informe sin rendirle directamente, pero se le entrega el documento del informe para que se presente a la comisión de Inteligencia cada seis meses", agregó.

Lo cierto es que la ley 21.211, promulgada en enero de 2020, incorporó una serie de controles al proceso de rendición y revisión de gastos reservados. Sin embargo, el concepto escogido para la redacción de la ley fue que los organismos son “informados” por la institución receptora de esos dineros.

Mega Investiga revisó la tramitación de estas normas y encontró que la obligación de informar al ministro fue materia de largo debate hasta ser incluido definitivamente, principalmente para que sea esta persona la “responsable política”.

Consultado el Ministerio de Interior sobre las diversas versiones comentaron que Carolina Tohá ha recibido informes de ambas policías sobre el uso de los gastos reservados. En ese sentido, sostuvieron que la Subsecretaría de Interior es la que debe rendir cuenta a Contraloría con reportes periodícos. 

Mientras que por el lado de los orgnanismos de Inteligencia, Interior señaló que la secretaria de Estado es la responsable de ir a la Cámara de Diputados a dar cuenta del "buen uso" de estos recursos. 

Finalmente, informaron a Mega Investiga, que en la tramitación del Presupuesto 2025 acordaron una modificación del artículo que regula los gastos reservados con el fin de que la Subsecretaría informe a la ministra Tohá al igual como lo hacen las policías a su jefe administrativo. 

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Durante la audiencia de apelación de cautelares de Manuel Monsalve, la querellante María Elena Santibáñez se refirió a la otra causa abierta con el ex subsecretario, donde se investigaría entre otros delitos el de malversación de fondos públicos, la que quedó a cargo del fiscal Francisco Jacir.

“Atendido las características del dinero que se empleó para la comisión de estos delitos, que es siempre pago en efectivo, tanto el restaurante como el taxi. Dinero en efectivo que coincide absolutamente con el dinero que se entrega a los funcionarios públicos para efectos de los gastos reservados”, planteó Santibáñez.

“Nuestra sociedad demanda mayor transparencia”

En medio de las investigaciones denominadas Pacogate y el Milicogate, ambas con aristas sobre mal uso de gastos reservados, se acordó durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2018 que el presidente de la República debía enviar al Congreso un proyecto con modificaciones a la legislación vigente que regulaba el uso de ese tipo de dineros.

En base a ese compromiso, el Presidente Sebastián Piñera envió el 20 de diciembre de 2018 un proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

“Nuestra sociedad demanda mayor transparencia en materia de rendición de cuentas de los gastos reservados, también influenciada por investigaciones recientes que dirige el Ministerio Público y que son de público conocimiento”, señala el mensaje.

En el documento enviado mencionan una serie de cambios para aumentar los controles sobre las instituciones que tienen acceso a estos recursos y, al menos inicialmente, se daba un rol predominante al subsecretario en este proceso.

“El principal avance del presente proyecto de ley radica en la información sobre el uso de los gastos reservados que deberá proporcionar cada unidad operativa a cargo de su ejecución, al subsecretario que se indica”, dice.

En representación del Ejecutivo, participaron en la Comisión de Hacienda el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli.

El 19 de junio de 2019 se produjo la discusión en sala del proyecto, donde fue el diputado Giorgio Jackson el designado como informante frente al pleno. El proyecto fue aprobado ampliamente y se despachó al Senado.

Los cambios del Senado

El 19 de agosto de 2019 fue aprobado en general el proyecto en la Sala del Senado, y fue durante su debate que se planteó por primera vez la idea de incorporar la figura del ministro en la ley que recibieron desde la Cámara.

“Ese es uno de los aspectos que debemos perfeccionar acá, en el Senado, ya que, en nuestra opinión por lo menos, lo lógico y natural es que, para exigir responsabilidad política, sean los ministros los responsables de conducir el proceso de uso de gastos reservados en Defensa y en las Policías”, dijo el senador Jorge Pizarro (DC).

Menos de un mes después, el 2 de septiembre, el Ejecutivo envió una serie de indicaciones a la ley. Entre ellas, la de modificar que el uso de gastos reservados "se informarán al Subsecretario del Interior" para pasar a la frase "se informarán al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior”.

En el segundo informe de la Comisión de Hacienda del Senado, se establece que el Contralor Jorge Bermúdez “expresó estar de acuerdo con que en la cadena del uso de los gastos reservados intervengan más personas que tengan que ver con su revisión en la institución respectiva, por lo que apoyó la modificación que incluye la participación del Ministro del ramo”.

En dicho informe se menciona también la presentación realizada por el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, en una de las sesiones de la comisión.

En su exposición, el subsecretario planteó que con este proyecto de ley para modificar la rendición de gastos reservados “se incorpora el control político al más alto nivel”. Esto porque se establecía la obligación del jefe de servicio de informar en forma secreta y escrita a los ministros.

“Es el que asume la responsabilidad política directa”

El 18 de diciembre de 2019, cuando el proyecto fue votado en particular en la Sala del Senado, fue el propio ministro Espina quien presentó respecto a los principales cambios que incluía este proyecto.

Uno de ellos fue el hecho de tener que definir, e informar a Contraloría, cuáles son las unidades operativas que van a ejecutar gastos reservados al interior de cada institución.

“Entonces, no solo se fijan las unidades operativas, sino que los jefes de esos servicios tienen que rendir cuenta detallada de los gastos reservados al Ministro del área correspondiente y al Subsecretario. Es decir, el Ministro es el que debe pedir la rendición de cuentas, junto con el Subsecretario, para saber en qué se han invertido, qué misiones se han cumplido y los antecedentes relativos al uso de los gastos reservados”, planteó Espina.

Cuando fue su turno para intervenir, la senadora Yasna Provoste (DC) planteó que el hecho de incluir la figura del ministro fue producto de largo de debate y que insistieron en que “era necesario perfeccionar el texto para que hubiera claridad de la responsabilidad política de los Ministros o Ministras sobre el uso de los gastos reservados exclusivamente en seguridad interna y externa”.

Quien también estuvo de acuerdo fue el senador Carlos Montes, hoy ministro de Vivienda y Urbanismo.

“Me parece también muy importante que, en definitiva, el responsable de todo sea el Ministro respectivo. Es el Secretario de Estado quien recibe el informe del jefe operativo. Y el Ministro tendrá que señalar si está bien o está mal ese informe. Por lo tanto, este es el que asume la responsabilidad política directa, por mucho que pueda reclamar ante el jefe operativo”, dijo Montes.

Como el proyecto fue aprobado en particular con modificaciones, volvió para ser votado en la Cámara de Diputados.

En esa instancia, el 30 de diciembre de 2019, fue el diputado Leonardo Soto (PS) quien planteó que con esta ley “el ministro de Defensa Nacional o el ministro del Interior y Seguridad Pública pasarán a ser responsables constitucionalmente del uso de los gastos reservados, de manera que si no controlan, no fiscalizan bien, su propia responsabilidad política estará en juego. Eso también es una novedad”.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en particular, y se promulgó el 29 de enero de 2020.

El texto definitivo de la ley 21.211, establece en su artículo 4 que “los jefes de los respectivos servicios deberán informar por escrito, en carácter secreto y semestralmente, a la autoridad que se indica en el inciso segundo, de la utilización de dichos recursos”.

Mientras que el inciso segundo, quedó señalado que “del uso de los gastos reservados correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile y a la Agencia Nacional de Inteligencia se informará al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior”.

Las grietas de la postura de Tohá

A pesar de que, como se señaló, la tramitación de la ley estableció en el ministro un figura relevante de control y que debe asumir “responsabilidad política” en cada de mal uso, Carolina Tohá planteó distintas posiciones en pocos días ante la denuncia de su propio subsecretario Luis Cordero que sólo encontró un millón de los $50 millones en efectivo que habían sido solicitados por Monsalve como última remesa.

La jefa de Gabinete pasó de “no se rindan a la ministra” para luego establecer que “a la ministra se le entrega el compendio del informe sin rendirle directamente”.

Esta discrepancia, respecto a lo establecido en la ley, generó molestia en el diputado Miguel Mellado, quien preside la comisión investigadora del Caso Monsalve y recibió a Tohá en la primera sesión de la instancia.

"Aquí hay algo que no cuadra ¿Qué es lo que hacía el subsecretario que no le informaba a la ministra del uso de los gastos reservados? Ahí hay un tema que hay que dilucidar, porque la ley es clara en este tema", planteó Mellado a Mega Investiga.

En tanto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, planteó que es prácticamente imposible llegar a conocer el detalle de cómo se usan los gastos reservados y que el proceso de rendición “es más bien una declaración de buena fe de buen uso de estos recursos que, justamente la ley en comenta, establece que deberá ser informada a su superior jerárquico, vale decir en este caso el subsecretario del Interior a la ministra del Interior”.

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