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Primer golpe de timón de nueva contralora afectará a empleados públicos a contrata

¿Qué pasó? 

La nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, estampó su firma en un polémico dictamen  sobre la protección laboral de los funcionarios públicos a contrata (plazo fijo de un año). Ahora, la confianza legítima deberá ser resuelta por los tribunales de justicia y no por la Contraloría General de la República. 

Durante su gestión, el excontralor Jorge Bermúdez fortaleció ese derecho adquirido a través del tiempo. Es decir, si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, podía tener la confianza legítima de que se le iba a volver a renovar y que solo podía ser desvinculado a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.

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Sin embargo, Pérez emitió un dictamen que establece que en adelante la Contraloría se abstendrá de pronunciarse acerca de los reclamos por vulneración al principio de confianza legítima, por parte de funcionarios públicos a contrata que pierden su empleo.

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¿A qué se debe la decisión de la nueva contralora? 

Según los argumentos de Pérez, esta materia se ha ido judicializando y, al resolver los recursos de protección presentados por los empleados públicos desvinculados, la Corte Suprema cambió el criterio de Bermúdez de dos a cinco años para la confianza legítima.

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Es decir, de acuerdo al nuevo criterio establecido por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, el principio de confianza legítima opera después de cinco años para los empleados públicos a contrata, por lo que si se les desvincula antes de ese período no se configura un actuar ilegal o arbitrario.

Concretamente, debido a este criterio de los tribunales, el dictamen establece que esta situación "impide a esta entidad fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa; corresponde que, en lo sucesivo, se abstenga de resolver sobre la apuntada materia".

Por lo mismo, con el dictamen de Pérez, estos trabajadores ya no podrán reclamar ante la Contraloría para exigir la confianza legítima, y deberán recurrir a las cortes de apelaciones respectivas mediante un recurso de protección.

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