Fiscalía envía antecedentes al Servel por eventuales delitos electorales del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo

El próximo martes 15 será un día relevante para definir el futuro político del gobernador de Ñuble -y candidato a la reelección- Óscar Crisóstomo. Para esa fecha está agendado que la Corte de Apelaciones de Chillán comunique su decisión respecto del desafuero solicitado por la Fiscalía.

"Nosotros decidimos ir directamente a la Corte, para que si la Corte nos dice que concuerda con nuestra postura jurídica, inmediatamente pedir la formalización y las cautelares en una misma audiencia y no dilatarlo tanto", dice a Mega Investiga el fiscal jefe de Chillán.

El delito que busca imputar el Ministerio Público a Crisóstomo es el de “cohecho entre particulares”, ilícito frente al que existirían pruebas producto de la investigación surgida a partir de una querella del año 2021.

“Desde el inicio de nuestra querella, nosotros venimos dando cuenta de hechos ilícitos que ha cometido esta persona cuando ejerció el cargo de delegado provincial del Serviu, hechos ilícitos que cometió como funcionario público y luego en su faceta privada”, comenta uno de los abogados querellantes, Juan Pablo González.

La defensa del Gobernador, encabezada por el abogado Enrique Aldunate, se mantiene tranquila frente a la decisión que tomará la Corte de Apelaciones, y tildan de “sin fundamentos” la postura de la Fiscalía.

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“La impresión es que la imputación del Ministerio Público es absolutamente débil, y no tiene ninguna expectativa de éxito en el futuro", dice Aldunate.

Mientras tanto, la investigación del fiscal Sergio Pérez sigue avanzando en determinar si existen otros eventuales ilícitos en la conducta de Crisóstomo. Contexto en el cual el persecutor confirmó a Mega Investiga que derivó antecedentes al Servicio Electoral por la posible comisión de delitos electorales durante su campaña para Gobernador.

“Cohecho entre particulares”

Los hechos por los cuales el Ministerio Público busca desaforar a Óscar Crisóstomo ocurrieron luego de que este dejara su cargo como delegado del Serviu en Ñuble y formara la empresa privada “Inmobiliaria Pullay”.

El 3 de abril de 2019, Pullay firmó un contrato con una Entidad Patrocinante (intermediario entre familias y Minvu) llamada Acoge Asesorías, al cual tuvo acceso Mega Investiga, donde se comprometía a llevar a cabo tres funciones:

Realizar los levantamientos que permita la postulación al Subsidio de la vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de sus programas habitacionales.
"La prestadora" asume la responsabilidad por los resultados de la gestión de los levantamientos, tanto ante los organismos públicos como privados.

“La Prestadora" asume la responsabilidad de conseguir a las empresas constructoras que lleven a cabo la ejecución de las obras.

Acoge, como cliente, se comprometía a pagar “por los servicios prestados de la Inmobiliaria el 5% del total de los pagos obtenidos como Entidad Patrocinante, en base a cada beneficiario que obtenga su subsidio habitacional, el cual deberá ser efectivamente pagado al momento de ser pagado el cupón de elaboración de proyectos técnicos y contratación de obras”.

A ojos del Ministerio Público, si bien el contrato con Acoge sería ilícito, el delito de “cohecho entre privados” se produjo después.

El 30 de mayo de 2019, Pullay firmó un nuevo contrato, esta vez con la constructora Firenze. Esta última sería la encargada de llevar a cabo los proyectos habitacionales de las 17 familias que eran asistidas por la Entidad Patrocinante, Acoge.

Para el fiscal Sergio Pérez, el bien jurídico que se transgrede con este acuerdo es la “libertad de contratación” de los beneficiarios. "Esta libertad se limita cuando el que tiene que exhibirle las distintas inmobiliarias, llega a acuerdo con una y recibe una contraprestación económica por eso y se compromete a hacer todo lo necesario para que su cliente los contrate a ellos y eso es delito de corrupción entre particulares", comenta.

Pero para la defensa, esta contraprestación no representa nada irregular, porque “lo que hizo en definitiva Crisóstomo fue cumplir un acuerdo contractual por el cual él debía poner a disposición de la empresa gestora una empresa constructora para llevar a cabo el proyecto", dice su abogado Enrique Aldunate.

Antecedentes al Servel

Cuando la Corte de Apelaciones de Chillán se pronuncie respecto al desafuero, se marcará un hito importante para el caso. Si es que admite la solicitud, la Fiscalía va a pedir la formalización del -ahora- candidato a Gobernador. Mientras que si la rechaza, se deberá sobreseer a Crisóstomo en esta arista.

Sin embargo, desde la Fiscalía sostienen que existen otros delitos que ellos continúan investigando, e incluso derivaron antecedentes al Servicio Electoral.

“Hay otra arista que tiene que ver con eventuales delitos electorales, donde el Servel es la institución que tiene la legitimación activa. Nosotros le informamos a ellos eventualmente la configuración de delitos electorales, pero ellos no han formulado denuncia ni querella sobre el caso”, dijo el fiscal Sergio Pérez a Mega Investiga.

Como plantea el persecutor, en caso de detectarse un delito electoral, es el Servel el único que tiene la potestad de presentar una acción al respecto para que se abra formalmente una investigación al respecto.

"Si es que plantearon los antecedentes al Servicio Electoral, y el Servicio Electoral aún no se querella, es porque no tiene ningún sustento", plantea Enrique Aldunate.

La denuncia anterior que fue archivada

Lo cierto es que en el 2021, el Servel ya había recibido una denuncia por supuesto fraude en los gastos de campaña del - recientemente electo - gobernador de Óscar Crisóstomo.

El 23 de noviembre de dicho año, el abogado Juan Pablo González envió antecedentes respecto de “boletas de servicios que no habrían sido prestados; de precios super avaluados e irrisorios que no resultan proporcionales a los periodos y servicios supuestamente prestados; además de ser simulados, existiendo documentos ideológicamente falsos”.

La respuesta para González llegó varios meses después. El 8 de agosto de 2022, el Servel le envió una resolución para comunicar que se habían revisado los antecedentes, pero que no se aportan antecedentes distintos a los tenidos en cuenta para aprobar los gastos de campaña.

“En virtud de lo expuesto, y no habiéndose detectado nuevos antecedentes que permitan invalidar la resolución que aprobó la rendición de ingresos y gastos del candidato denunciado, corresponde disponer el archivo de la denuncia”, dice el documento.

Procultura: la otra investigación

Contra la tranquilidad de Óscar Crisóstomo, el “Caso Pullay” no es la única indagatoria que el Ministerio Público lleva en su contra. A esto se suma también la investigación respecto a los distintos convenios públicos firmados por la fundación Procultura, causa que hoy está en manos de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Durante esta semana, el fiscal Patricio Cooper encargó una serie de diligencias en la Región Metropolitana y la del Biobío, entre las que se incluyó la entrada y registro de los domicilios de personas relacionadas a la fundación.

Pero en otra región donde hubo movimiento fue en la de Ñuble, puesto que la Policía de Investigaciones se apersonó en el Gobierno Regional con el propósito de realizar citaciones a declarar a al menos 10 funcionarios, entre los que se incluyen los jefes de las divisiones de: Administración y Finanzas, Análisis y Evaluación, Planificación y Desarrollo Regional, entre otros profesionales.

"Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, colaboraremos con todo lo que nos requiera el Ministerio Público, considerando además que esta investigación tuvo un cambio de fiscal a cargo, y entendiendo que este debe avanzar en la indagatoria. En este sentido, le hemos transmitido a nuestros colegas el total y absoluto respaldo, puesto que la citación recibida, obedece al ejercicio propio de las funciones de su cargo", planteó Claudia Cabrera, jefa de la unidad jurídica del Gobierno Regional del Ñuble.

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