¿Hasta Cuándo?: Los tratos directos del alcalde de Linares con sobreprecio y proveedores fantasmas

Mario Meza Vásquez (RN), de 46 años, fue electo alcalde de Linares en diciembre de 2016 y hoy va a la reelección para su tercer período consecutivo. Sin embargo, actualmente está siendo investigado por la Fiscalía por haber realizado cuestionados tratos directos durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021, para la adquisición de alimentos, test rápidos y cloro, por los cuales pagó $100 millones, aunque el análisis que hace la Contraloría es que pagó más de $70 millones de sobreprecio de esos productos.

Después de años de investigación, el alcalde fue formalizado a finales de septiembre por el delito de fraude al fisco en carácter de reiterado. Pese a esto, Chile Vamos, su coalición, ha mantenido su apoyo para las elecciones de octubre, mientras que su partido solo ha suspendido su militancia, sin pronunciarse sobre su candidatura.

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Meze también suma algunas polémicas. Una de ellas fue la viralización de un video en el que aparecía él junto a John Sancho, por esos días administrador municipal. Ambos estaban recostados en la playa de Miami y aparecían básicamente ninguneando a Linares. Posteriormente, el alcalde debió pedir disculpas, aunque apuntó a sus detractores políticos por, a su juicio, sacar provecho de registro.

Fue justamente a John Sancho a quien transfirió el poder para gestionar las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, en el marco de un decreto alcaldicio que permite que en tiempos de emergencia el municipio pueda realizar tratos directos con proveedores, es decir, saltarse la exigencia de licitar a través de Mercado Público. 

Compra de cloro

En abril de 2020, en medio del debate sobre el regreso a clases, el Departamento de Educación de Linares decidió adquirir para sanitizar las escuelas 6 mil bidones de cloro, equivalente a 30 mil litros en total. Aunque se recibieron varias cotizaciones, se optó por el proveedor más caro y sin experiencia en el sector: Pedro Romero Orellana, quien cobró al municipio más de $36 millones.

Pese a la documentación, el alcalde rebate esto: "La Contraloría indica que de las tres cotizaciones que se tuvo a la vista, el cloro que nosotros compramos fue el más barato".

Lo curioso es que Orellana era un vendedor ambulante con domicilio desconocido y había registrado su actividad en el Servicio de Impuestos Internos solo cinco días antes de la venta. Además, se descubrió que la firma que aparece en su carnet de identidad no es la misma que se estampa en el contrato municipal. A esto se suma que se estableció que el cloro ya estaba en posesión del municipio antes de la compra, y el cheque para su pago fue emitido y cobrado en un tiempo récord en efectivo por Orellana.

Meza reconoció que las órdenes de compra son posteriores a la recepción del cloro. "Se hizo un sumario para esto a una persona, un funcionario municipal, que se le suspendió durante 30 días y se suspendió su remuneración porque efectivamente hay un error tremendo".

La fiscal jefe de Linares, Carola D'Agostini, abordó al curioso proveedor: "Con respecto a esta persona (Orellana), hoy día la estamos buscando por distintos medios (...), y la verdad es que no lo hemos podido ubicar, es como muy extraña esta situación. Yo tengo una apreciación respecto de esos hechos que, bueno, es parte de la investigación de una eventual suplantación de identidad".

"Lo que nosotros creemos es que él se lo entregó a quienes lo pusieron ahí para hacer la negociación, de manera que los que realmente la estaban haciendo no aparecieran porque estaban vinculados a gente de la municipalidad", agregó. Según la tesis de la Fiscalía, el verdadero proveedor del cloro sería Richard Ralph Bichet, hermanastro del administrador municipal John Sancho.

Compra de test rápidos

Durante la emergencia sanitaria, el municipio también realizó una compra directa de 3 mil test rápidos de COVID. Al igual que en el caso del Cloro, resultó elegido el proveedor más caro. Se pagaron $64.260.000 pesos y Contraloría sostiene que hay un sobreprecio de más del 400%. Además, el proveedor es Alex Fuenzalida Villalobos, un asesor contable que de un día para otro decidió incursionar en la venta de tests.

Fuenzalida tiene una causa abierta por cohecho en municipios de la región de Ñuble, en el marco del caso Luminarias, donde además se le imputa emitir facturas falsas a través de su empresa de asesorías. Y, tal como ocurrió con Romero, Fuenzalida también ha estado inubicable para la Fiscalía.

Compra de mascarillas y de cajas de alimentos

Asimismo, el municipio también compró 142 cajas de mascarillas al proveedor Alex Cabrera Briceño, que antes era asesor contable y no tenía el giro de negocios. Se pagaron $6.418.755, lo que representa un sobreprecio de más del 1.000%, según la Contraloría.

Además, en el marco de las cajas de alimento que se repartieron en la pandemia para las familias más vulnerables, en Linares el alcalde Meza decidió hacer esta entrega a todos los hogares, independiente de su situación económica. Las cajas serían compradas a pequeños empresarios linarenses para fomentar la economía local, pero la Contraloría detectó irregularidades en el proceso, como que para esto se pagó $119 millones de pesos de sobreprecio.

Entre los comerciantes favorecidos estaban Juan González, relacionado con la venta de cloro, y Marianela Muñoz, pareja del primo del alcalde, que se dedicaba a vender huevos. La investigación revela que los proveedores fueron seleccionados antes de que la licitación fuera aprobada por el Concejo Municipal.

Meza reconoce como error no haber pasado la compra por concejo: "Hubo un error. Efectivamente, hubo un error al no haber sido aprobado por el Concejo Municipal... Se nos pasó porque era la primera compra que estábamos haciendo. Lo que hicimos después es que todas las compras (...) fueron pasadas por el Concejo Municipal después de haber hecho presente esta observación".

Durante la conversación con "¿Hasta Cuándo?", el alcalde se mostró tranquilo y seguro, pese a que en la querella del Concejo de Defensa del Estado (CDE) aparecen antecedentes que dan cuenta de un fraude al fisco por casi $200 millones de pesos.

Formalización de investigación contra el alcalde de Linares

A la formalización de esta investigación no asistieron Romero, el vendedor de cloro, ni Fuenzalida, vendedor de test rápido, por lo que se despachó una orden de detención en su contra. Los demás funcionarios municipales y proveedores quedaron con la medida cautelar de firma y arraigo nacional. 

La jueza estimó que había antecedentes suficientes para acreditar el delito de fraude al fisco y dejó al exadministrador municipal John Sancho en prisión preventiva, siendo derivado a la cárcel de Parral. En tanto, el alcalde quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.  

"En el caso del señor Sancho se ha establecido la reiteración de los fraudes que exceden de las 400 UTM, en el caso del alcalde fue uno. Esa es la diferencia. Por eso se estableció una medida cautelar inferior, de lo que obviamente no estamos de acuerdo y por lo mismo vamos a presentar el recurso ante la corte", expuso la fiscal jefa de Linares.

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