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Columna de Mauricio Morales: "Apitutados, nepotistas y corruptos"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Si hay algo que molesta es que el mérito individual esté por debajo de los pitutos y los contactos para conseguir objetivos personales. Sabemos que esos pitutos y contactos forman parte de una red social que se teje con el tiempo en las familias, colegios, y universidades. Por eso nos llama la atención que los apellidos de la elite se repitan y reproduzcan con el paso del tiempo, y que sus miembros sean particularmente homogéneos, construyendo un círculo cerrado y muy solidario entre sí.

Pero estos pitutos y contactos no son propios de la elite. En 2020, el Servicio Civil aplicó una encuesta a 21.443 funcionarios públicos de 65 reparticiones, encontrando que cerca de un tercio reconocía que su acceso al estado se había generado a raíz de un pituto. Muy probablemente, esta cifra se encuentre subrepresentada, pues no todos transparentan- por vergüenza- que una red de contactos fuese más poderosa que los méritos propios para acceder a un trabajo, cuestión que es rechazada por los chilenos.

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Un estudio de Datavoz elaborado para el Consejo para la Transparencia en 2018 mostró, por ejemplo, que el 81% de los encuestados condenaba el uso de pitutos para conseguir ciertos objetivos, entre ellos un empleo. La encuesta IPSOS de julio de 2023, por otro lado, evidenció que un 60% reconocía que una práctica de corrupción común a nivel estatal era el “nepotismo o favoritismo de familiares o amigos al otorgar empleos, contratos o beneficios”, mientras que el 40% dijo lo mismo sobre el “tráfico de influencias o uso de su posición para obtener ventajas personales o favorecer a otros”.

Estos datos sirven para entender el contexto en que actualmente se desenvuelve la política. El caso Hermosilla y el reciente nombramiento de Diego Vela -ex presidente de Revolución Democrática- como integrante de la delegación chilena ante la OCDE son claros ejemplos de corrupción y nepotismo respectivamente. Sobre lo primero, hay una amplia investigación que -entre otras cosas- tiene por las cuerdas a Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema. Según informa la prensa, ni siquiera pudo entrar a su oficina en la Pontifica Universidad Católica por instrucción de la Fiscalía.

Ya hay en marcha una acusación constitucional en su contra, la que con total seguridad avanzará en la Cámara. En el Senado, en tanto, hay más incertidumbre, pero difícilmente se revertirá una decisión que los diputados, por amplia mayoría, ya tienen tomada. Respecto a los otros tres ministros que probablemente pasen por la misma situación, el más complicado es Jean Pierre Matus, quien figura en los famosos chat de Hermosilla.

Pero acá hay que hacer, al menos, una distinción. Tanto el pituto como la corrupción son actos condenables. De eso no cabe duda. Pero una cosa es haber hecho lobby -aparentemente el pituto lo tenía Hermosilla- para acceder a un cargo, y otra muy distinta es haber torcido las reglas básicas de la justicia para favorecer a un particular. Lo primero, por cierto, amerita destitución. Lo segundo, además de la destitución, amerita una sanción penal. De lo contrario, la imagen del Poder Judicial se seguirá deteriorando.

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Como muestra la última encuesta del CEP, el 50% cree que la corrupción está extendida en los tribunales de justicia, siendo superado solo por el Gobierno (60%) y el Congreso (63%). Esto último no deja de llamar la atención, pues precisamente serán los congresistas -personas de escaso arraigo en la ciudadanía- quienes deberán decidir sobre el destino de los jueces. Estas acusaciones constitucionales se convierten, para ellos, en una gran oportunidad para mejorar su imagen, transformándose en los verdaderos verdugos de los ministros involucrados en corrupción o en malas prácticas.

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Ofrecerán, con cierto orgullo, la cabeza de esos ministros a una ciudadanía enrabiada y desconfiada de la justica. Es probable que las esquirlas del caso Hermosilla sigan afectando a otros miembros del Poder Judicial, pues, tal como indica la reciente encuesta CADEM, el 89% estima que queda mucho por saber sobre este caso.

Respecto a Diego Vela, que representa más bien un caso de nepotismo, la discusión no es necesariamente si se encuentra capacitado para ejercer el cargo. El punto es si existía otra persona tanto o más capacitada que él para asumir esas funciones, pero que por no contar con una red de amigos, quedó debajo de la mesa.

El asunto de fondo, sobre todo para un Gobierno que dijo “no” a los pitutos, es que este tipo de prácticas desnuda claramente la desigualdad no solo ante la ley, sino que ante la vida, lo que va profundizando la decepción y el malestar con la democracia.

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