Gore del Ñuble en aprietos: Investigado por caso Procultura y solicitud de desafuero por corrupción entre privados

Menos de dos meses faltan para la elección del 27 de octubre donde, entre otros cargos, se escogerán por segunda vez en nuestra historia los Gobernadores Regionales.

Mientras muchos candidatos están abocados a la campaña, una preocupación extra surgió en el camino del actual gobernador de Ñuble y aspirante a la reelección, Óscar Crisóstomo. El 26 de agosto, la fiscalía regional ingresó una solicitud para desaforarlo y, de esa manera, poder imputar cargos en una eventual formalización.

"Se reunirá el tribunal pleno en una audiencia especial citada al efecto y en la cual luego de escuchar al solicitante, en este caso el Ministerio Público, y eventualmente a los representantes del gobernador regional, determinará si hace lugar o no a esta solicitud de desafuero", comunicó Gabriel Hernández, secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán.

En un escueto comunicado, la Fiscalía comunicó que la solicitud se daba “en el marco de una investigación penal que tiene el carácter de reservada, por lo que no se entregará mayor información al respecto”.

Por esa razón, hasta el momento era desconocida la imputación que el Ministerio Público le realizó a Crisóstomo y, por tanto, el o los delitos por los que podrían formalizarlo.

Mega Investiga conversó con el abogado defensor del gobernador, Enrique Aldunate, quien descartó que se tratara de un cohecho tradicional como había trascendido.

"El Ministerio Público le hace una imputación para pedir su desafuero y esta consiste básicamente en un delito previsto en el Código Penal que se denomina 'corrupción entre privados'", dice Aldunate.

"En determinados contextos se habla de 'cohecho' pero en definitiva se trata de un delito que afecta a relaciones entre particulares, no tiene nada que ver con el cohecho que afecta el ejercicio de la función pública", agregó.

La “causa madre"

La causa en la cual está investigado el gobernador Crisóstomo, y por la que se solicitó su desafuero, se inició por una querella del año 2021 realizada por el abogado Juan Francisco Maibee en el Juzgado de Garantía de Chillán.

"Acá hay una investigación de larga data, ya se van a cumplir tres años de un proceso investigativo que debería tener resultados positivos por parte del Ministerio Público", dice el querellante.

Los múltiples hechos que se enumeran en el documento, refieren a acciones realizadas por Crisóstomo en su rol como delegado provincial del Serviu de Ñuble, y los negocios realizados posterior a su salida en su empresa “Inmobiliaria Pullay Limitada”.

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En 2022, Mega Investiga expuso estos antecedentes en un reportaje llamado “Gobernador en la mira”, donde se entrevistó a familias que habían recibido un subsidio habitacional y que estaban trabajando junto a Pullay para lograr su ansiada vivienda, proceso que nunca se concretó.

En dicha entrega periodística (2022) el Gobernador acusó “negligencia” de parte del Serviu, por no haber entregado más rápidamente las viviendas a las familias. "Yo me fui de la empresa y renuncié hace más de un año. Entonces usted me va a decir que después de un año, el Serviu teniendo los antecedentes, ¿Todavía no soluciona el problema?".

Su abogado entrega hoy otro antecedente, y plantea que el proceso de estas soluciones habitacionales “se vio truncado precisamente por la querella que interpone este conjunto de personas”.

La función que realizaba la empresa de Crisóstomo era hacer de intermediario entre las familias y las inmobiliarias, para que estas últimas materializaran los proyectos. "Mediante contratos certificados ante notaría, vendían este grupo de personas a constructoras, y estas eran las encargadas de ingresar las carpetas”, dice Juan Pablo González, abogado patrocinante de la querella.

A través de un comunicado, el gobernador Crisóstomo planteó que “la causa tiene su origen en cuestionar acciones realizadas en ejercicio libre de mi profesión”.

Sin embargo, González plantea que el "ejercicio profesional venía del todo viciado porque él contaba con información privilegiada y además contaba con las personas indicadas dentro del Serviu, una vez que dejó el cargo, para efectos de concretar su designio criminal".

Entrega de subvenciones a familiares

En la querella ingresada en 2021, se denuncia además que Crisóstomo habría entregado indebidamente subsidios habitacionales a familiares que no califican para obtener los beneficios.

Se trata de acciones que habrían ocurrido cuando el actual Gobernador era Delegado del Serviu en Ñuble, cargo que ocupó desde junio del año 2014 al 22 de mayo del año 2018.

La denuncia que da inicio al proceso, señala que le adjudicó subsidios a su padre, a su hermano y su tía materna, en circunstancias que ninguno contaba con registro social de hogares.

"Eso se puede descartar por el solo hecho que el Ministerio Público no está alegando esos hechos como fundamento del desafuero", dice Enrique Aldunate, abogado del Gobernador.

Menos de un año después de su salida del Serviu, Crisóstomo constituyó formalmente junto a su esposa la empresa “Inmobiliaria Pullay Limitada”, la cual tenía como objeto “desarrollar proyectos habitacionales de habitabilidad y/o técnico, así como la prestación de servicios de asistencia técnica, jurídica y social, requeridas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asesoría y gestión inmobiliaria”.

A pesar de aquello, una demanda laboral de uno de sus exfuncionarios, plantea que los negocios con proyectos habitacionales partieron antes de esa fecha.

El funcionario que operaba como “coordinador administrativo” de Pullay, dice que sus funciones iniciaron el 2 de julio de 2018, tan solo días después la salida de Crisóstomo del Serviu, y que sus primeros trabajos fueron para un proyecto con “Acoge Asesorías y Consultorías Limitada”.

Meses después, el 3 de abril de 2019, la empresa Acoge firmó un contrato con “Inmobiliaria Pullay Limitada”, creada tan solo días antes (22 de marzo).

Caso Procultura: otro dolor de cabeza

"En el Biobío el Gobernador dio un paso al costado en el tema de su reelección, nosotros esperamos también que (Óscar Crisóstomo) de un paso al costado por la falta de probidad que ha demostrado en su gestión", dice el abogado Juan Francisco Maibee.

El querellante plantea que la acción interpuesta por ellos no es la única que enfrenta el actual Gobernador del Ñuble, esto porque también fue acusado en una causa referente a un convenio firmado entre su repartición y la fundación Procultura.

El convenio, que supera los $268 millones, tenía como objetivo “generar diálogos y avances en beneficio del desarrollo cultural, turístico, seguridad y de otras áreas anexas, entre la región de Ñuble y las provincias de Argentina”.

La Contraloría realizó duras observaciones al trabajo de Procultura, y estableció que la fundación había actuado como intermediario entre las empresas privadas y el GORE, además de subcontratar a otra organización para la realización del evento del cual se trataba el convenio.

Además, la CGR identificó que al momento de postular, la fundación presentó anexos con partes que fueron “copiado textual con algunas variaciones desde diversas fuentes de información”.

Posterior al informe, dos consejeros regionales decidieron presentar una querella donde se imputan los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida, delitos tributarios, entre otros.

Dicha acción se dirige contra Crisóstomo, pero también contra el entonces Subdere Miguel Crispi, además de la administradora del GORE, Alicia Contreras, el director regional del SAG, Osvaldo Alcayaga, y contra la Fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín y representada legalmente por la actriz Constanza Gómez.

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