Lideran delitos por ley antidrogas y robo con intimidación: Radiografía a las expulsiones de inmigrantes

Más de una decena de vuelos chárter se han realizado en los últimos tres años, para materializar expulsiones de inmigrantes. En cada uno de ellos, han subido personas vinculadas a delitos que van desde secuestro hasta corrupción de menores. 

El viernes último, se oficializó un nuevo proceso de salidas. El Gobierno reportó la expulsión de 44 ciudadanos Ecuatorianos, Bolivianos y Colombianos, quienes habían cometido diversos delitos. En este caso no hubo venezolanos en la lista, dado que las relaciones diplomáticas están quebradas. 

El listado es amplio, e incluye a inmigrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría colombianos y venezolanos. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Migraciones, desde 2018 hasta el 1 de julio de 2024, se han materializado 9.258 expulsiones administrativas y judiciales.

Mega Investiga solicitó a la Policía de Investigaciones, vía transparencia, las cifras respecto de expulsiones materializadas por la PDI y los delitos asociados a las mismas, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, específicamente entre el 12 de marzo de 2022 y el 14 de mayo de 2024.

La causa más recurrente por la cual se expulsan a inmigrantes son los delitos asociados a la Ley 20.000, conocida también como la ley antidrogas, que alcanzan el 47% de las expulsiones. Luego lo siguen los delitos de robo, ya sea con violencia, intimidación u otros; y los delitos por ingreso clandestino.

Según las cifras entregadas por la PDI, el 83% de los delitos vinculados a las expulsiones son por alguna de las causales anteriormente señaladas.

Para el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, la alta presencia de expulsiones por infracciones a la ley antidrogas, se explica porque “están asociadas al crimen organizado o a redes de tráfico de personas, donde se utiliza la facilidad del cruce ilegal para transportar drogas, y al alto consumo de estupefacientes en nuestro país”.

Bolivia, Colombia y Venezuela: las nacionalidades que lideran las expulsiones

Al hacer un zoom a la información entregada por la PDI, se pueden obtener cifras respecto a la nacionalidad de los expulsados y sus respectivos delitos. Los datos dan cuenta de que los inmigrantes de nacionalidad boliviana son los que lideran las cifras de expulsados, con 724, seguidos por los colombianos con 571, y los venezolanos, que alcanzan las 554.

De la misma forma, se puede obtener información respecto de los delitos asociados a sus expulsiones. Nuevamente, las infracciones a la Ley 20.000 aparecen como las causas más recurrentes, particularmente en el caso de los bolivianos, donde la cifra llega a las 649 expulsiones por este tipo de delitos.

Según Bellolio, este registro se explicaría, en parte, por un tema histórico. “Se da por la larga frontera, la facilidad para ingresar al país, la participación del narcotráfico en el país vecino, y las bajas penas por traficar droga, que muchas veces terminan en una devolución desde Chile a Bolivia, generando un mayor incentivo a arriesgarse a traficar drogas”, comenta.

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En el caso de los inmigrantes expulsados de nacionalidad colombiana y venezolana, el panorama es algo distinto. Si bien existe una alta presencia de expulsiones asociadas a la ley antidrogas, las causas más frecuentes están vinculadas a delitos de robos con violencia e intimidación. En el caso de los venezolanos, las expulsiones por estos delitos alcanzan las 238, mientras que los colombianos registran 175.

Según el exdirector de migraciones, en el caso de Colombia y Venezuela, las cifras reflejan la alta presencia del crimen organizado entre los inmigrantes de dichos países, quienes integran las bandas que han protagonizado algunos de los delitos más graves de los últimos años, como el Tren de Aragua y la célula de Los Gallegos.

Agrega que una parte significativa de los inmigrantes expulsados “han ingresado de manera irregular al país, lo que sugiere su involucramiento en actividades delictivas o en redes de tráfico y narcotráfico”.

Sobre este punto, los datos entregados por la PDI dan cuenta de que Colombia, República Dominicana y Venezuela son los países que más han incrementado las expulsiones por delitos de ingreso clandestino o por paso no habilitado.

Según las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones, actualmente existen cerca de 30 mil decretos de expulsión pendientes. El costo para materializar dichas expulsiones, sería cercano a los $120 mil millones, según explicó el propio director de Sermig, Luis Thayer, en el Congreso. El monto podría ser incluso mayor, si se considera que el propio organismo migratorio proyecta que se sumen otros 20 mil decretos de aquí a fin de año.

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