Fraude y coimas por $300 millones: Las claves del juicio que puede condenar a 40 años al exalcalde de Tierra Amarilla

“Operación Pureza”, así es como denomina la Fiscalía de Copiapó a la causa que tiene como protagonista al exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales. Al exedil se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco, negociación incompatible, entre otros; en una causa donde además están involucrados otros nueve funcionarios municipales y empresarios, a quienes se les imputan delitos como soborno, fraude al fisco y cohecho.

Específicamente, la Fiscalía busca acreditar 12 hechos acontecidos entre los años 2017 y 2020, que van desde millonarios pagos de coimas en medio de procesos licitatorios, hasta pagos a concejales a cambio de votos.

La investigación ya se encuentra en etapa de Juicio Oral, donde el ente persecutor se encuentra desde abril presentando las principales pruebas de la indagatoria, que incluyen alrededor de 70 testigos, más de 500 pruebas documentales, entre otros. Se trata de un juicio inédito para la región, y que se extendería por seis meses. “Este juicio está agendado para seis meses principalmente por dos cosas: primero por el tipo de delito, y por otra parte, nos encontramos frente a un número importante de acusados”, afirma a Mega Investiga, Luis Miranda, fiscal a cargo de la indagatoria.

El juicio no ha estado exento de polémicas. En medio del proceso, el exalcalde transgredió en reiteradas ocasiones la medida cautelar de arresto domiciliario. Incluso, durante uno de los recesos, amenazó a una de las imputadas. Según el relato de la denunciante, el exalcalde la habría amenazado, indicándole que “depende de lo que declares si sigues viva o no”.

Tras esto, la Fiscalía decidió formalizar al exalcalde por amenazas, y el pasado 9 de julio, solicitó su prisión preventiva, medida cautelar que se encuentra cumpliendo en la cárcel de Copiapó.

Incluso, en medio del juicio Morales apuntó al actual alcalde de la comuna, Cristóbal Zúñiga, a quien acusó de pedir dinero a cambio de entregarle el voto dentro del concejo. Sin embargo, desde la Fiscalía advierten que “no existe ningún hecho que lo vincule al alcalde”. Sin embargo, el fiscal Miranda aseguró a este medio que tras la declaración de Morales, se generó una causa independiente en la Fiscalía para indagar en las acusaciones.

Los millonarios compromisos que aseguraron su cargo

Durante cuatro años, la Fiscalía buscó las pistas y armó el puzzle de la “Operación Pureza”, detectando un complejo esquema de corrupción liderado por el alcalde Morales, y apoyados por numerosos colaboradores, que concertaron un sistema a través del cual asignaron proyectos de manera irregular: licitaciones que eran acordadas previamente a cambio de coimas, y que implicaron la firma de contratos irregulares por un monto cercano a los $1.300 millones.

Ir a la siguiente nota

Este mecanismo quedó relatado en las más de 160 páginas de la acusación que presentó el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Ahí se detalló cómo antes de convertirse en alcalde suplente, Morales comenzó a idear su operación. Mientras aún era concejal de la comuna, contactó al representante de la Constructora Sol SpA, John Sol Ramos, a quién le solicitó diversas sumas de dinero, para asegurarse que promoviera su elección como edil suplente. Por su parte, Morales le comprometió al empresario la adjudicación de licitaciones y la contratación en el municipio de familiares y amigos.

Pero ese era apenas el primer paso. Morales, además, debía conseguir los votos de los concejales para que aprobaran su llegada a la cabeza del municipio. Fue en ese proceso, cuando solicitó el voto de cuatro concejales, a cambio de que una vez en el cargo de alcalde suplente, les aumentaría el sueldo a cada uno de ellos y contrataría a personas cercanas a los ediles.

Apenas unos días después, Morales concretaría su anhelo: tras aceptar los sobornos, los concejales dieron luz verd a su nominación el 29 de agosto de 2017.

La hora de cobrar los favores

Al llegar al sillón municipal de Tierra Amarilla, una de las primeras medidas de Morales fue aumentar sus ingresos personales. Para ello, el alcalde junto al administrador municipal, Alejandro Mella, y al concejal Boris Pérez, “realizaron maquinaciones” para obtener dinero por prestaciones de servicios inexistentes.

Específicamente, contactaron al arquitecto Didimo Díaz, quien se desempeñaba como trabajador a honorarios, a quien, bajo la amenaza de poner término a su contrato, le solicitaron beneficios económicos. De esta manera, Mella aumentó sin justificación la remuneración del arquitecto, con el fin de que parte de su remuneración se destinara al pago del propio Morales y del concejal Pérez. Los pagos se mantuvieron durante dos años, entre 2018 y 2020.

En paralelo a estos esquemas, Morales junto a un grupo de funcionarios municipales, comenzaron a instalar una verdadera “organización de tipo empresarial”, como lo denominó la Fiscalía, con el fin de dañar al patrimonio municipal, alcanzando un fraude cercano a los $248.000.000.

La compleja operación encabezada por el exalcalde, consistía en ofrecer a empresarios la adjudicación de contratos municipales, a cambio de pago de coimas que eran obtenidas del propio presupuesto municipal. Para ello, se establecía un sobreprecio en cada uno de los contratos de aproximadamente un 10%.

El propio alcalde suplente, era el encargado de dar las instrucciones a los funcionarios municipales, para que estos dieran luz verde a los pagos irregulares de los contratistas, así como asesorar a los mismos, sobre las postulaciones a las licitaciones de la comuna. Según la Fiscalía, “el total de las adjudicaciones significaron egresos municipales por un monto total de $1.283.680.247”.

El negocio funcionaba a la perfección. Prueba de ello, fue la adjudicación del proyecto “Mejoramiento Sector Centro, Comuna de Tierra Amarilla” al empresario Ricardo Carrizo por un monto de $49.623.571, el que posteriormente fue aumentado a $87.886.364, sin justificación, por el alcalde Morales y la exdirectora de SECPLA, Daniza Hidalgo, todo con el objetivo, de asegurar pagos corruptos a funcionarios municipales, que formarían parte del costo global del contrato.

Estos son apenas algunos de los hechos por los cuales la fiscalía solicita más de 250 años de condena a los involucrados. El fiscal Miranda, comentó que en las próximas semanas, el juicio estará marcado por las declaraciones de funcionarios municipales y la exhibición de prueba vinculada con las interceptaciones telefónicas.