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El "cartel del oxígeno": Así cayeron las empresas que se coludían para aumentar los precios a clínicas y hospitales

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) mantiene una investigación en contra de dos grandes empresas de la industria del oxígeno que se habrían coludido para elevar los precios de los cilindros que le vendían a hospitales y clínicas.

Indura y Linde se habrían organizado en la época de pandemia para aumentar su rentabilidad, sin embargo, la Fiscalía comenzó a sospechar y descubrió en poco tiempo los delitos cometidos.

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A través de escuchas telefónicas, allanamientos y la confesión de una de las empresas involucradas, a cambio de no pagar multas y no asumir responsabilidades penales, se logró descubrir este verdadero "cartel del oxígeno". Una investigación que la FNE mantiene en proceso y a la que el equipo de Mega Investiga tuvo acceso.

Subieron los precios del oxígeno en plena pandemia

Según las investigaciones, el 11 noviembre 2019, en plena época de estallido social y previo al inicio de la pandemia de coronavirus, dos altos ejecutivos de Indura y Linde se reunieron en un café de Las Condes para llegar a un acuerdo para coludirse y elevar los precios de sus cilindros de oxígeno. De paso eliminaban a la competencia y se dividían el mercado.

El "cartel del oxígeno"

Uno de ellos era el brasilero Sergio Novelli, gerente general de la multinacional Lind, empresa líder en el mercado de los gases industriales. El otro era su principal competidor, el ejecutivo chileno Marcelo Torres Bruce, gerente general de Indura.

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"Necesitamos incrementar nuestra rentabilidad y no estar peleando el mercado", fueron parte de las palabras que intercambiaron ese día. "Hay que subir los precios también (...) sin compasión, sin piedad", se dijeron en ese encuentro y en instancias posteriores a través de conversaciones telefónicas, las que fueron interceptadas por la Fiscalía.

Ambas empresas acordaron elevar sus precios a algunos de sus clientes, como empresas forestales, acuícolas y metalúrgicas. Lo más polémico fue que aumentaron los valores de venta a hospitales y clínicas, los que usan el oxígeno para pacientes críticos. Durante la pandemia, de hecho, fue altamente necesario para salvar la vida de los contagiados. 

"A los vendedores, que son los que están al frente, el que no aplique la política le corto las manos (...). La instrucción es subir precios", fue otra de las conversaciones que logró interceptar la FNE, en la que se dio cuenta de los sobreprecios que pagaron los recintos de salud.

Colusión oxígeno

La colusión vendría de varios años atrás

Arnoldo Vargas, exgerente de Linde, detalla a Mega Investiga: "La Fiscalía toca el tema de que solamente se actuó en contra de los hospitales en pandemia, pero esto viene de cuatro años de la pandemia".

Vargas denuncia que fue despedido por descubrir en 2015 a David Lori, gerente argentino del área de Negocios Industriales de Linde, reunido en su oficina con el gerente de una empresa competidora. Lori era el encargado de controlar el equipo de ventas y hacer cumplir el acuerdo con Indura.

Supuestamente, por ley las reuniones privadas con el área comercial de la competencia están prohibidas, lo cual fue manifestado por Vargas a Lori, quien le respondió que ya tenían todo arreglado y que se habían dividido el mercado. "En 2015, cuando llega David Lori a Chile... por dar un ejemplo, él llega a Chile en marzo y en mayo empieza con sus cosas", asegura Arnoldo.

Recién seis años después, el 26 de enero de 2021, la FNE allanó las oficinas de los tres principales involucrados en la colusión: Sergio Novelli, Marcelo Torres y David Lori.

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Ese mismo día, Linde solicitó una postulación al programa de delación compensada, es decir, Novelli y Lori confesaron la colusión con Indura y prometieron entregar toda la información a cambio de quedar libres de cualquier responsabilidad penal.

En su requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia, la FNE pidió aplicar una multa de $29.732 millones a Indura y de $109 millones a su gerente general, Marcelo Torres. En cuanto a Linde, se solicitó que se les exima del pago de multas y responsabilidad penal.

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