Las inéditas rendiciones de Procultura por convenio con el Gobierno Metropolitano y el rotundo informe de Contraloría

Con un abrazo y evidentemente emocionados, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y el fundador de Procultura, Alberto Larraín, sellaban hace dos años lo que sería uno de los proyectos más ambiciosos en salud mental. "Este es el fondo más grande en la historia de Chile en acompañamiento en prevención de suicidio", decía en ese entonces Larraín.

El programa Quédate buscaba, entre otras cosas, ayudar a personas que estuvieran pensando en el suicidio. Para materializar el proyecto, el gobierno regional le entregaría $1.683.788.000 a Procultura. Ahora, como explicaba el gobernador Orrego, venía el "vía crucis administrativo y burocrático para que las platas salgan luego".

A dos años de ese anuncio, el entusiasmo quedó atrás. La fundación cerró sus puertas en noviembre del año pasado, sin rendir todo el presupuesto que les fue entregado, hecho por el cual el gobierno regional presentó una demanda civil contra Procultura, y posteriormente una querella criminal.

Hasta ahora no se conocían los detalles de las rendiciones que alcanzó a presentar la fundación. Mega Investiga tuvo acceso a estas, donde se detalla que entre octubre de 2022 y octubre de 2023, Procultura rindió un total de $673.408.709, de los $1.683.788.000 que les transfirió en una sola cuota la gobernación.

La entidad encabezada por Orrego, aprobó la mayoría de las rendiciones, dejando solo $5 millones rechazados. El 32% de los gastos que rindió la fundación, fueron destinados al pago de recursos humanos y gastos administrativos, equivalentes a $217.400.000. El resto de las rendiciones respondieron a gastos en el pago "facilitadores comunitarios en habilidades básicas de prevención del suicidio"; programas de capacitación; asesorías comunicacionales, difusión, entre otros.

El 14 de noviembre de 2023, el gobierno regional pidió acceso a las cartolas de las cuentas de Procultura para verificar el estado de los fondos transferidos, sin embargo, no tuvieron respuesta desde la fundación. Octubre fue el último mes que rindió gastos Procultura. De esta manera, se ejecutó menos de la mitad del proyecto, y quedaron $1.015.283.548 sin rendir, luego de que en enero de este año, el gobierno regional liquidara el convenio.

Esto inició un largo camino administrativo y judicial para recuperar el dinero. La gobernación solicitó el cobro de la garantía a la Aseguradora Porvenir (Aspor), pero esta última interpuso un recurso judicial para evitar entregar el dinero, argumentando entre otras cosas, que no habían sido informados sobre las rendiciones observadas por el organismo regional. Esto abrió una nueva arista judicial entre el gobierno regional y Aspor, que hoy se enfrentan en una causa civil, además de un proceso sancionatorio en la Comisión para el Mercado Financiero en contra de la aseguradora.

Así, lo que sería uno de los proyectos más ambiciosos en el cuidado de la salud mental, se transformó en un verdadero dolor de cabeza para el organismo encabezado por el gobernador Orrego. En las últimas semanas, el Fiscal de Aysén, Luis González, región donde está radicada la indagatoria de Procultura, solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, incorporar en la investigación la información financiera de la fundación, y sus representantes, Alberto Larraín y María Constanza Gómez.

Junto con todo lo anterior, la Contraloría General de la República llevó adelante una auditoría que hasta ahora no se conocía, y que reveló un largo listado de problemas en la ejecución del convenio.

Contraloría apunta a gobierno regional: "Deberá concretar medidas de control y monitoreo de transferencias"

Fue en noviembre del año pasado, cuando el ente contralor emitió una serie de informes sobre irregularidades en convenios de fundaciones con organismos del Estado, entre ellos, las Seremi de Vivienda y los Gobiernos Regionales.

En ese primer listado, no aparecía el Gobierno Metropolitano. Sin embargo, dos meses después, la Contraloría emitió el Informe N° 700, donde se analizó en profundidad el convenio entre Procultura y el gobierno administrado por Orrego.

Varios de los problemas detectados en el convenio, eran similares a los que se habían encontrado en los informes de los Gobiernos Regionales. En ese listado, aparecen deficiencias en el control y monitoreo de los proyectos.

El documento advierte que la entidad encabezada por Orrego, no contempló una definición detallada de los plazos para la ejecución del convenio, lo que habría impedido "un adecuado control de la ejecución del programa examinado".

Asimismo, se señala la falta de una "medición de indicadores de impacto y cumplimiento de los programas" lo que provocaría que "no se disponga de información certera sobre si los recursos están cumpliendo sus objetivos".

Junto con esto, en el documento se da cuenta sobre la ausencia de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados del proyecto en examen, señalando que en el proyecto solo "se presentan sólo costos globales".

Uno de los puntos más complejos advertidos por Contraloría, respondía los problemas en las rendiciones del programa Quédate. El ente fiscalizador dio cuenta de que existían “deficiencias y falta de uniformidad” en las planillas de control de las rendiciones, las cuales se realizaban en planillas excel.

Además, el documento apunta a los atrasos en la ejecución del programa Quédate. Específicamente, la Contraloría advirtió que al 22 de noviembre de 2023, de los $1.683.788.000 transferidos, Procultura presentaba montos por rendir, por un total de $1.010.379.291.

La contraloría entregó un plazo de 60 días hábiles, para que el gobierno regional respondiera sobre el resultado del término anticipado del convenio y la ejecución del cobro de las pólizas de seguro. La respuesta llegó pocos días después, a través de un oficio enviado por Orrego a la contralora Dorothy Pérez el 26 de enero de este año.

En este, Orrego da cuenta de los problemas judiciales que se generaron al momento de cobrar la garantía a la Aseguradora Porvenir, proceso donde "se le requirió al Consejo de Defensa del Estado, asumir la defensa judicial" de la gobernación.

El oficio concluye informando sobre la liquidación del convenio con Procultura, que tuvo lugar el 9 de enero de 2024. Desde el gobierno regional, informaron que el programa Quédate alcanzó a realizar 1.847 atenciones de salud mental, de las cuales 440 corresponden a intento de suicidio, además de 5.795 orientaciones vía chat y otras 3.626 orientaciones vía web.