Robo de cilindros: El desconocido conflicto entre empresas que develó el cartel del gas acusado por la FNE

Corren las semanas y cada vez se acerca más el plazo donde las empresas Indura S.A. y Linde Gas Chile S.A., deberán responder a la acusación que ingresó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) el pasado 29 de abril.

En el requerimiento, la FNE denunció que ambas empresas incumplieron el decreto de ley 211, al celebrar un acuerdo en el que se habrían repartido zonas o cuotas de mercado entre 2019 y 2021.

En ese “acuerdo entre caballeros” –según lo denominó uno de los involucrados– habrían participado el entonces gerente de Indura, Marcelo Torres Bruce; y los gerentes de Linde, Sergio Novelli y David Lori.

De acuerdo con el caso que presentó la FNE ante el tribunal, existe un hecho en específico que representa la génesis de este “cartel”: una reunión entre ambos gerentes generales –Torres y Novelli– el 11 de noviembre de 2019 en el café Tavelli de Avenida Las Condes.

“Esta reunión en el café Tavelli marcó el inicio del acuerdo, pues a partir de ese momento las Empresas Requeridas comenzaron a desarrollar un entendimiento que, de forma progresiva en el tiempo, se fue fortaleciendo y consolidando, optando Indura y Linde por reemplazar la incertidumbre de la competencia por las ventajas que les reportaba una colaboración mutua”, planteó la FNE en el requerimiento.

Dicho encuentro fue acordado vía Whatsapp seis días antes, en una conversación entre Marcelo Torres (Indura) y Sergio Novelli (Linde). Según la declaración que este último entregó a la FNE el 15 de junio de 2021, en la cita consensuaron que “estaba difícil hacer ese repaso de precio, ese incremento de precio en los clientes, pero tenemos que seguir presionando por ello”.

Con la declaración que prestó el otrora gerente general de Linde –Novelli– ante la FNE, el organismo persecutor detalló que en esa reunión “compartieron su visión sobre la estrategia de precios que debían aplicar para velar por la rentabilidad de sus respectivas compañías y manifestaron su intención común de conducir las negociaciones con sus clientes hacia la aplicación de alzas de precios”, según se lee en el requerimiento.

Sin embargo, Marcelo Torres habría entregado otra explicación sobre la reunión en el café Tavelli. Fuentes cercanas a la investigación comentaron a Mega Investiga que el exgerente de Indura aseguró en su declaración que la cita tuvo como propósito solucionar el robo de cilindros de gases que se estaba generando en el mercado. Relato que no convenció del todo a la Fiscalía Nacional Económica.

“Frenar malas prácticas”

Una vez que se conocieron las graves denuncias de anticompetencia de la FNE contra Indura y Linde, ambas empresas reaccionaron públicamente entregando versiones contrapuestas.

Mientras que Indura negó categóricamente los hechos, Linde –que se acogió a la delación compensada– dijo que el actuar de los implicados no representa los valores de la compañía y que ambos fueron desvinculados tras una investigación interna.

Versiones contrapuestas de un mismo hecho que también se hicieron presentes durante el proceso de investigación, y que probablemente vuelvan a reflotar cuando los requeridos respondan al fondo de la denuncia.

Muestra de aquello son las diferencias respecto a la reunión del Tavelli.

La Fiscalía sostiene que ese encuentro llegó a reforzar el vínculo que ambos gerentes generales ya tenían desde su paso por Colombia. Un punto que se basa principalmente en la declaración de Novelli, quien dijo que desde ese momento se generó “una relación de confianza, más transparente, una mayor comunicación y con eso evitar cualquier tipo de agresión entre nosotros y entre las dos empresas junto al mercado existente”.

Mientras que Marcelo Torres e Indura expusieron –tanto a la Fiscalía como internamente– que ese encuentro fue el resultado de conversaciones infructuosas que se estaban llevando entre las empresas para “frenar malas prácticas” respecto al hurto, apropiación indebida y receptación de cilindros.

En base a esa versión, el mismo día en que los gerentes se enviaron mensajes para reunirse, los abogados de las compañías se habían reunido más temprano para zanjar este tema. Sin embargo, uno de los asesores externos de Linde no estuvo de acuerdo en formar un grupo de trabajo para abordar a fondo el asunto, por lo cual la cita terminó en malos términos.

Luego de ello se produjo el contacto entre los gerentes que, al menos en Indura, habría estado autorizado por su área legal.

El robo de cilindros

Mega Investiga accedió a antecedentes de la investigación y revisó las causas que se habrían discutido en la cita en el Tavelli. En concreto, en la reunión se habrían abordado dos casos en que Indura figura como víctima de receptación y robo de cilindros, en las cuales se denunció a otras firmas del mismo rubro: Criogas y Air Liquide.

Para una empresa que es víctima de robo de cilindros, el problema radica en dos factores. Primero la inversión económica en la adquisición de estos galones, que marcan con un número de serie para llevar registros de estos; y segundo el hecho de perder la trazabilidad un cilindro cuyo manejo está asociado a estrictas medidas de seguridad.

En la primera de esas causas, según relató el persecutor Javier Carrasco de la Fiscalía local de Valparaíso en el juicio oral, el 19 de mayo de 2021 la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI allanó las dependencias de la empresa Criogas en esa región, lugar donde se “sorprendió al imputado, gerente general de la referida empresa, manteniendo en su poder 507 cilindros contenedores (...) y cinco termos industriales, especies avaluadas en la suma de $158.912.500”.

Según acusó el Ministerio Público en el juicio oral, el gerente de Criogas, Juan Ignacio Lira, estaba al tanto de que esos cilindros se habían obtenido a través de un robo anterior que había sufrido Indura. “Situación que fue verificada por personal policial debido a que en el momento de ingreso se pudo constatar que personal de la empresa por instrucción del imputado, se encontraba transformando los cilindros con el fin de comercializarlos pintándolos de color blanco”, señaló el fiscal en la apertura de la audiencia.

A juicio de la fiscalía –en concordancia con la denuncia que ingresó Indura el 29 de abril del 2020–, se constituía el delito de receptación por parte del gerente general de Criogas. Parte de la imputación se sostenía en un informe de la Bicrim que, tras el allanamiento, concluye que la empresa en cuestión “utiliza sin autorización de Indura cilindros contenedores propiedad de esta última (...), se logra apreciar que en la parte posterior del recinto se acopia gran cantidad de cilindros contenedores”.

Finalmente, el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Valparaíso desestimó los argumentos de la fiscalía y los querellantes, y absolvió al representante de Criogas pues –a juicio de los magistrados– no se pudo acreditar el delito base de la acusación y tampoco el dolo que buscaba imputar el Ministerio Público.

La otra causa que habría motivado la reunión es una denuncia que presentó Indura en contra de otro de sus competidores: Air Liquide. El hecho se remonta al 23 de diciembre de 2019, cuando se denunció que Cristhian Ponce Opazo, jefe de la sucursal de Air Liquide en San Bernardo, mantenía sin autorización de Indura una serie de cilindros que habían sido sustraídos de la empresa acusada por la FNE.

El 23 de diciembre de 2021, el fiscal Pablo Sabaj formalizó a Ponce por el delito de receptación en grado de consumado. Sin embargo, un año después, el mismo persecutor desistió de la acusación y presentó una solicitud de suspensión condicional del procedimiento y finalmente se decidió sobreseer a Ponce Opazo de todos los cargos.

En los últimos seis años, la firma Indura registra al menos diez denuncias presentadas en contra de empresas y distribuidores del mismo rubro. Práctica habitual que refleja que la propiedad de los cilindros se ha transformado en un conflicto de larga data dentro de la –hoy cuestionada– industria.

“Competencia desleal”

Sin embargo, la presentación de esas denuncias le abrió otro frente inesperado a Indura, en paralelo a la investigación que desarrolla el organismo que dirige el fiscal económico Jorge Grunberg: un juicio civil por competencia desleal.

Y es que en agosto del año pasado, la firma Criogas presentó una demanda ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, acusando que las denuncias penales presentadas por Indura “se encuadran en una estrategia legal cuidadamente pensada e implementada (...) que ha buscado desincentivar la competencia que le plantea a Criogas en los segmentos del mercado que actúa”.

En el escrito, ingresado al tribunal en agosto del año pasado, ya se mencionaba que la FNE llevaba adelante una investigación en contra de Indura por posibles prácticas reñidas con la libre competencia, en donde la FNE le había solicitado a Criogas aportar antecedentes.

El 25 de marzo, sin embargo, el juzgado civil rechazó la demanda interpuesta por Criogas, desestimando los argumentos de la firma y calificando como “legítimas” las acciones penales presentadas por Indura en el marco del robo de cilindros. Actualmente la firma denunciante se encuentra apelando a la sentencia.