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Se atribuyó condiciones que no poseía: Gobierno invalida pensión de gracia a beneficiario que entregó falso testimonio

Cuando se cumplían cuatro días desde el inicio de las protestas del 18 de octubre de 2019, personal del INDH llegó hasta el Hospital Hernán Henríquez Aravena, en Temuco. En el lugar recibieron el testimonio de Francisco Gatica Catalán, un joven de 28 años de edad, que había estado participando en las protestas del estallido.

En el relato que entregó a los funcionarios del organismo, Gatica aseguró que "mientras se encontraba manifestando de manera pacífica en el centro de Temuco", recibió disparos de perdigones, resultando con lesiones en tórax, al costado izquierdo y en su ojo izquierdo. En la querella presentada por el INDH, se adjuntaron imágenes del "trauma ocular grave que le generó el impacto del perdigón".

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Tras conocer el hecho, el 21 de febrero de 2022 el gobierno del expresidente Sebastián Piñera le otorgó una pensión de gracia cercana a los $250.000, monto que luego fue aumentado a $440.000 por la administración del presidente Gabriel Boric.

¿El problema? La historia relatada por Francisco Gatica era falsa. Las lesiones que se consignaron en la querella del INDH correspondían a un accidente de tránsito que había protagonizado días antes de la denuncia por supuestas agresiones en el estallido. 

A raíz de los nuevos antecedentes, la directora del organismo, Consuelo Contreras, anunció que el INDH "presentó a los tribunales un escrito para desistirse de la querella; interpuso una denuncia para que el Ministerio Público determine las responsabilidades sobre el denunciante, y ofició al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que se adopten las medidas que estime pertinentes".

Esas medidas finalmente fueron adoptadas por el Gobierno. En un documento, al que tuvo acceso Mega Investiga, el ministerio del Interior inició un proceso de invalidación de la pensión de gracia otorgada a Gatica.

A juicio de las autoridades, el hecho de que el beneficiario entregara un falso testimonio a los funcionarios del INDH, podría implicar un delito de obstrucción a la investigación, por lo que el otorgamiento del beneficio habría sido dictado ilegalmente desde un comienzo. Fuentes de La Moneda, aseguran que con esta medida el beneficiario debería devolver el dinero que se le otorgó desde febrero de 2022.

"Puede concluirse que el beneficiario, a sabiendas, actuó atribuyéndose condiciones y calidades que no poseía, y que indujeron a la autoridad a otorgarle una pensión de gracia que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del año correspondiente, no se encontraba habilitado para recibir", se lee en el documento firmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Desde el INDH reiteraron su "categórica condena a las transgresiones a la fe pública" provocadas por el falso testimonio de Francisco Gatica. A juicio del instituto, el hecho "lesionó la buena fe con que actúa para acoger a quienes presentan información como víctimas de vulneraciones".

Pensiones del estallido: La indagatoria que lleva Fiscalía 

Gatica no es el único que habría perdido el beneficio de la pensión de gracia en el marco del estallido. Tras un informe de Contraloría que detectó graves falencias en el otorgamiento de este beneficio, el Gobierno anunció que revocaría la pensión a otros 27 beneficiarios.

Se trata de personas que tenían antecedentes penales, entre los que figuraban delitos como robos con violencia, violencia intrafamiliar, homicidio frustrado, abuso sexual y producción de pornografía infantil, entre otros; además de otros beneficiarios que no habían acreditado sus lesiones en el marco de las protestas del estallido.

A fines de febrero, la Contraloría tomó razón de la revocación de las pensiones, y tras esto, la ministra Tohá anunció que en los próximos días los beneficiados serían notificados de que perderían la pensión.

Desde la subsecretaría del Interior confirmaron a este medio que ya se concretaron las revocaciones de las pensiones de gracia a los 27 beneficiarios, y desde marzo, ya no reciben el dinero.

Aún así, las eventuales irregularidades ya están en el ojo de la Fiscalía, entidad que en enero abrió una investigación de oficio para determinar eventuales delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público y estafa.

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Los primeros avances de la indagatoria fueron dados a conocer por Mega Investiga, en una causa que está en manos del fiscal Marcos Pastén, y donde ya ha declarado la jefa del Departamento de Acción Social (DAS), Sandra Guerra; la directora del INDH, Consuelo Contreras; además de otras diligencias como la revisión de 419 expedientes de los beneficiados que fueron entregados por la DAS.

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