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Didi se suma a otras aplicaciones de transportes y recurre a Contraloría por reglamento de la "Ley Uber"

¿Qué pasó? 

La empresa Didi informó que recurrió a la Contraloría General de La República (CGR) a raíz del reglamento que dictó el Ministerio de Transportes para la denominada "Ley Uber", que regula la operación de aplicaciones de transporte.

Se trata del tercer escrito que ingresa una compañía de ese mercado y que plantea reparos a la normativa, ya que previamente lo habían hecho Uber y Cabify.

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"Exige datos que podrían identificar a las personas"

A través de un comunicado, aseguraron que "estamos preocupados" por el reglamento de la Ley EAT (Empresas de Aplicación de Transportes) presentado por el Ejecutivo el pasado 5 de enero. 

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"Nos preocupa especialmente que el reglamento presentado por el Ministerio de Transportes afecte los derechos de las personas y establezca normas que van más allá de lo establecido por la misma Ley EAT", indicó Didi.

Además, alertó sobre el posible impacto negativo que la norma podría llegar a tener en los usuarios de aplicaciones en el país.

"En particular, estimamos que el reglamento contraviene la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada al exigir información detallada sobre los viajes de los pasajeros, incluyendo datos que podrían identificar a las personas", explicó la empresa.

"Solicita información altamente detallada"

"Esto va más allá de lo establecido por la ley EAT, que estipula que las empresas de aplicaciones de transporte
deben mantener información estadística para el cumplimiento y fiscalización de la ley, pero de manera que no permita la identificación de individuos", expuso la firma. 

Por el contrario, de acuerdo a lo indicado por Didi, el reglamento "solicita información altamente detallada, como horarios específicos de solicitud y realización del viaje, coordenadas geográficas precisas y otros detalles minuciosos sobre el desplazamiento de las personas".

Además, la normativa exige a las empresas "compartir información sobre sanciones judiciales y ejecutoriadas que los Juzgados de Policía Local les hayan aplicado a ellas y a sus conductores, lo cual no está contemplado en la Ley EAT". 

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Finalmente, la compañía manifestó que el ordenamiento limita las garantías de los conductores y empresas al establecer procedimientos de "impugnación restrictivos", por lo que esperan "que la Contraloría analice nuestros argumentos y confirme la ilegalidad del reglamento". 

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