Caso Convenios: Justicia retiene bienes de EnRed, la fundación que provocó el allanamiento del Ministerio de Vivienda
No solo en el radar de la Fiscalía está la Fundación EnRed Social, que la investiga por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno en tres regiones: Tarapacá, O'Higgins y Ñuble, cuyas pesquisas derivaron, la semana pasada, en un allanamiento liderado por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, en la oficina central del Ministerio de Vivienda en busca de información clave sobre esta ONG.
A esos líos judiciales, EnRed sumó un nuevo problema: una arista civil que va por los millonarios fondos que recibió por los convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los convenios firmados en la Sexta Región.
Así, el pasado 15 de noviembre, el Primer Juzgado Civil de Rancagua ordenó la retención de $224 millones que tiene la Fundación en una cuenta corriente del Banco BICE, tras una medida prejudicial precautoria que interpuso el Consejo de Defensa del Estado.
Esto para restituir los fondos que le entregó la SEREMI de Vivienda y el SERVIU de la Región de O’Higgins, a través de tres convenios con fecha 3 de noviembre de 2022, y que correspondían a programas de diseño, planificación e intervención en distintos campamentos.
La directora ejecutiva de EnRed, Carolina Pérez Fierro, junto al abogado Alejandro Laura, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Rancagua, para dejar sin efecto el bloqueo de la cuenta bancaria, denunciando que se provocó un daño irreparable a la Fundación, y que el gobierno excedió en sus atribuciones legales al poner término de forma unilateral a los convenios.
En uno de los escritos judiciales, Pérez señaló que en la región de O’Higgins EnRed gastó $80.114.562, que no fue reconocido por el SERVIU, lo que “significa un enriquecimiento sin causa del Estado chileno”.
A juicio de la fundación, desconocer estas actividades y obras, registradas en los convenios 876, 877 y 878, firmados el 3 de noviembre de 2022, es una grave falla y se estarían “apropiando del gasto” que significó la ejecución de los mismos.
Entre estos trabajos, EnRed señaló que se instalaron 36 luminarias en campamentos de Machalí y Rancagua, además del diagnóstico socio territorial en siete campamentos.
Desde el entorno de la Fundación EnRed, descartan cualquier tipo de irregularidad y que accedieron a abrir las cuentas bancarias tanto de los miembros del directorio como de la propia ONG para demostrar que no hubo malos manejos financieros.
Fiscal: “EnRed no tiene domicilio”
El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, removió el Caso Convenios la semana pasada al liderar un allanamiento en las oficinas centrales del Ministerio de Vivienda. Al ingresar, fue recibido por el ministro Carlos Montes, quien le habría pedido explicaciones por la diligencia.
El persecutor lleva cuatro meses investigando a dos fundaciones que recibieron millonarios contratos con el Minvu en Tarapacá. Se trata de Enlace Urbano y EnRed, cuya pesquisa está “bien avanzada” y permitió que el Tribunal de Iquique autorizada la recolección judicial de importantes documentos desde las oficinas del Minvu de calle Serrano.
El fiscal Ríos no dio luces de qué información específica estaba buscando con los efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, pero en entrevista con Mega Investiga deslizó algunos puntos de su investigación.
“Algunos de estos elementos que fueron adquiridos, extintores y luces led, fueron comprados o algunos implementos fueron comprados (sin dar publicidad) en Sodimac”, reveló Eduardo Ríos, quien agregó que varias de las obras comprometidas por la Fundación En Red fueron subcontratadas para que las realiza otras empresas.
Pero hay más. El fiscal en estos meses de indagaciones logró determinar que En Red no cuenta con un domicilio establecido. “Daban un domicilio en Santiago y un departamento. Y ese departamento en realidad correspondía a un código postal, por lo que se puede establecer que esa Fundación no tenía un domicilio físico”, sostuvo, tras concurrir a las cuatro direcciones que reportaron al momento de establecerse en el SII.
Y lo que sorprendió a Ríos, además, es la falta de infraestructura para una organización que recibió mil millones por parte del Estado. “Contaba con un sólo equipo tecnológico que fue incautado por la PDI, es decir un sólo computador. Y ahí cabe hacerse preguntas”, comentó el fiscal jefe de Iquique a Mega Investiga.
En esa línea, esas interrogantes a las que alude Ríos tiene relación con “¿Es posible, es real?” que sólo exista un computador para desarrollar un convenio por esa cantidad de dinero y que no haya otros elementos para una secretaria, un ayudante u otro profesional.
“Bueno, llama la atención y es materia de la investigación”, finalizó.
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