La trama del presunto soborno que involucra al concejal PS y exjefe jurídico del SLEP en Atacama

La entrega de un sobre con dinero en una bencinera, es parte de los antecedentes que se encuentra investigando la Fiscalía de Atacama, en un caso que remeció a Copiapó. Uno de sus protagonistas es el concejal Miguel Carvajal, expresidente regional del PS, quien denunció recibir el dinero en efectivo el pasado 14 de septiembre.

La figura de Carvajal ha cobrado relevancia en las últimas semanas. En medio de la crisis que afecta al SLEP de Atacama, los dardos apuntan al concejal como uno de los responsables de los problemas que arrastran los establecimientos educacionales de la zona, ya que ejerció como jefe jurídico del servicio entre junio de 2022 y julio de 2023.

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En ese periodo, Carvajal estuvo a cargo de examinar la legalidad de los actos de servicio, asumir la representación jurídica ante los tribunales de justicia, además de revisar la adjudicación de licitaciones del SLEP. Sin embargo, según él mismo relata en recurso de protección que presentó contra el servicio, sus tareas iban mucho más allá, llegando a subrogar al director ejecutivo.

"El estrés era constante, a modo de ejemplo en mi primer día de trabajo, afuera del servicio había una protesta de trabajadores de una empresa que prestaba servicios para SLEP, los que denunciaban que no se le habían pagado los sueldos en más de un mes, encontrándome con carteles como 'concejal Miguel Carvajal paga', S.S, era mi primer día de trabajo", relata en el recurso de protección al que tuvo acceso Mega Investiga.

En Copiapó, es parte de las conversaciones entre autoridades que Carvajal llegó a ese puesto tras ser recomendado por el diputado de la zona, Juan Santana (PS), quien ha reconocido el asunto de una forma indirecta. "A todos los parlamentarios siempre nos piden recomendaciones de nombres, quien diga lo contrario cae en una hipocresía", dijo en entrevista con La Tercera el pasado 31 de octubre.

En Atacama es conocida la cercanía entre Santana y Carvajal, participaban juntos de actividades sociales en la zona, y además, trabajaron en sus respectivas campañas de diputado y concejal, tal como lo evidencian las publicaciones en sus redes sociales.

Consultado sobre la responsabilidad de Carvajal en la crisis, Santana respondió a este medio que "la ley específicamente señala en varios artículos que el máximo responsable de la infraestructura es el Director Ejecutivo y en el SLEP Atacama ha habido cuatro en poco más de año y medio. Me parece a lo menos llamativo que no se les achaque los problemas del SLEP a ellos, más allá de que Miguel Carvajal deberá responder si se comprueba que no asistía a su jornada laboral".

Sin nombrarlo directamente, el Gobierno apunta a Carvajal como uno de los responsables de la crisis en Atacama. "Naturalmente todos quienes son parte del sistema en el servicio local, en la dirección de educación pública, tienen algún grado de responsabilidad, eso es indudable", afirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el pasado miércoles 8 de noviembre.

El soborno detrás de las áreas verdes de Copiapó

Sin embargo, la crisis del SLEP, es solo uno de los problemas que acompañan al concejal en las últimas semanas. A las irregularidades en el cobro de su sueldo ante denuncias de inasistencias injustificadas mientras estuvo en el Servicio de Educación, se sumó la investigación por un supuesto soborno por una licitación municipal, que obligó a Carvajal a salir del paso de los cuestionamientos por su rol en este caso de corrupción.

Fue a inicios de septiembre cuando Carvajal recibió en su casa a Luis Orrego, quien fue durante meses su asesor, y que también es un conocido exconcejal de la comuna. El "chino Orrego", como lo apodan en la zona, es cercano a partidos como la FRVS, el PS y el extinto PRO, tiene una pescadería en la ciudad y es recordado, entre otras cosas, por su episodio de descompensación en medio de un concejo comunal, cuando Contraloría detectó irregularidades en recursos que utilizó en su periodo como edil de la comuna. Además, según la declaró ante la PDI, trabaja en la municipalidad de Copiapó, como relacionador de las organizaciones sociales de las tomas de Andacollo, cargo por el que recibe una remuneración mensual de $720.000.

Según relata una fuente que conoció del encuentro en la casa de Carvajal, ahí conversaron sobre una licitación que se votaría dentro de unos días en el Concejo Municipal. Se trataba del mantenimiento de áreas verdes en Copiapó, un trabajo que estaba a cargo de la empresa Siglo Verde y que dentro de unos días se volvería a licitar por un monto cercano a los $11 mil millones.

Para esta nueva licitación, había cuatro empresas en carrera. La administración del alcalde Marcos López (Ind. PS), planteó adjudicar los recursos a la propuesta unificada de dos empresas: Akro Diseños y Núcleo Paisajismo.

Sobre este punto, Orrego habría solicitado a Carvajal que votara en contra de esa decisión. "Si se rechaza, podemos dejarnos cinco palos para ti y cinco para mí (...) aquí no le haremos daño a nadie", relata una fuente que conoció del intercambio.

Previo a este encuentro, Orrego había contactado a un representante de la empresa Siglo Verde, al cual le ofreció hacer lobby con los concejales para rechazar la propuesta del alcalde. A cambio, recibiría una "recompensa" de la empresa.

El 12 de septiembre, llegó el día de la votación. El concejo rechazó de manera unánime la adjudicación de la licitación a las empresas Akro Diseños y Nucleo Paisajismo. Ante el riesgo de dejar sin mantención las áreas verdes de la comuna, el concejo optó por aprobar un trato directo con la empresa Siglo Verde, mientras se realizaba una nueva licitación.

Tras la caída de la licitación, Orrego y Carvajal coincidieron en una actividad relacionada al reconocimiento de los familiares de detenidos desaparecidos. En ese lugar, Orrego le habría dicho a Carvajal que al día siguiente le "pasaba su parte". Y así fue.

El jueves 14 de septiembre, en la pescadería de Orrego, se juntó el exconcejal con el representante de la empresa Siglo Verde, este último le entregó $15 millones en efectivo. Unas horas más tarde, a las 15:15 pm, Orrego se juntó con Carvajal en la pérgola del Servicentro Petrobras (ver imagen). En el lugar, Carvajal recibió cien billetes de $20 mil pesos, los que venían envueltos en un papel de diario amarrado con un elástico blanco.

Horas más tarde, el concejal PS decidió ir a la PDI para denunciar este intento de soborno. En el cuartel policial, Carvajal declaró hasta las tres de la madrugada ante la Brigada de Delitos Económicos.

La incautación de los celulares

Tras la extensa declaración del concejal, la PDI activó de inmediato las diligencias. Así, llegaron hasta el domicilio de Orrego, donde incautaron su celular y 127 billetes de $20.000, que sumaban un total de $2.540.000. Esa misma mañana, fue detenido por los funcionarios policiales. 

En paralelo, a las 7:30 de la mañana, los detectives llegaron a los hogares de cada concejal de la comuna para revisar si había dinero en efectivo e incautar sus celulares. "Hasta el momento, se desconoce los motivos de este procedimiento policial a cada uno de los y las concejales, quienes además, manifiestan toda la voluntad de cooperar con el esclarecimiento de la denuncia de posible cohecho", se leía en un comunicado que firmaron un grupo de concejales de la comuna.

El caso fue un verdadero remezón para Copiapó. En ese momento, fue el propio Carvajal quien publicó un video en sus redes sociales, refiriéndose al caso. "Tengo la tranquilidad de haber actuado tal como corresponde a mi calidad de abogado, padre de familia, concejal e hijo de un funcionario público de intachable trayectoria, pues era mi deber ir más allá, y contribuir a esclarecer qué, y quienes están detrás de estas maniobras, porque la corrupción es una carga muy pesada para la comuna y el país, y que no permite el desarrollo de nuestras comunidade", señaló.

El 21 de septiembre, los concejales recibieron de vuelta sus teléfonos y dos semanas después de la denuncia presentada por Carvajal, se firmó un nuevo trato directo de emergencia con las empresas Akro Diseños y Núcleo Paisajismos, para la mantención de áreas verdes hasta enero de 2024.

Para la concejala Carolina de la Carrera (RN), querellante en la causa, que un exconcejal y otro en ejercicio estén involucrados en este episodio de corrupción es lamentable y abre un quiebre en el trabajo diario entre el alcalde y los concejales. "Espero que la justicia esclarezca esta situación lo antes posible, y salga a la luz cuáles fueron los verdaderos culpables", comentó la edil.

Postura similar a la que tiene el concejal Juan Pablo Rico (ex Comunes), quien solicitó que la Fiscalía aclaré prontamente este caso y que la "persona que estiró las manos y se llevó esos dineros a sus bolsillos" paguen como corresponde ante la Justicia.