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"Ha sido lamentable": Presidenta de Asociación Nacional de Fiscales por entrega de nombres de testigos protegidos

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Alerta, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Maritza González, y el senador José Durana (UDI), entregaron sus puntos de vista en torno a la autorización de la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, por parte del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza.

Cabe recordar, que dicha autorización permitió que se revelara la identidad de 50 testigos protegidos a los abogados defensores de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua que opera en el norte del país.

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¿Qué se dijo?

Para comenzar su intervención, Maritza González señaló que "como asociación de fiscales (...) pensamos que ha sido resolución muy lamentable y muy cuestionable".

Lo anterior, debido a que "se ha puesto en entredicho, y además en peligro, una investigación muy importante, que no ha sido fácil, es una investigación compleja atacando el crimen organizado. El fiscal regional, Mario Carrera, ha hecho un tremendo trabajo junto con los fiscales de esta investigación, quienes han tenido que cumplir un trabajo que conlleva peligro para sus propias vidas y para sus familias".

"Esta decisión ataca principalmente a lo que es poder cumplir con nuestra misión, que es llevar una investigación de carácter objetiva, de que esta investigación puede llegar a buen puerto", agregó.

Además, precisó que se ha puesto gran cantidad de recursos en Arica, debido a que "el tren de Aragua viene desde el norte, de Centroamérica y va bajando. Lo que nosotros queremos evitar es que esto siga, pero que 56 testigos tuvieran que ser reubicados me parece grave y, obviamente, la resolución del juez es completamente cuestionable".

Producto de lo anterior, cerró diciendo que "cualquier persona que desee colaborar (en una investigación) se va a cuestionar el hecho de dar información porque va a tener un problema en su vida cotidiana, y eso no puede ser".

Por su parte, el senador Durana fue enfático en que "aquí lo más importante es la protección de testigos, que son protegidos producto de que estamos enfrentando delitos del crimen organizado, o de mayor connotación social".

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"Esto pudo haber generado una situación distinta, porque también están las defensorías penales licitadas, que no necesariamente son parte de la defensoría penal y, desde esa perspectiva, hoy se ha puesto en riesgo a 56 testigos protegidos. ¿Quién responde por ello?", subrayó el parlamentario.

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