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Tren de Aragua: Justicia ordena a defensores devolver antecedentes de testigos protegidos

¿Qué pasó? 

El Juzgado de Garantía de Arica, tras una petición de la Fiscalía, ordenó a los defensores penales públicos de los integrantes del clan "Los Gallegos", brazo operativo del Tren de Aragua, devolver los antecedentes que contienen los nombres de los testigos protegidos en las causas.

Lo anterior se da luego que el juez del mismo tribunal, Héctor Barraza, exigiera la entrega de las identidades reservadas de más de 50 testigos, acogiendo la solicitud de los defensores de los imputados, los cuales planteaban que sus representados tenían derecho a saber quiénes los estaban acusando.

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Sin embargo, la jornada del jueves, la Corte de Apelaciones admitió el recurso de protección de la Fiscalía de Arica y suspendió el mandato del magistrado.

¿Qué dijo el Juzgado de Garantía? 

"Atendida la gravedad de consecuencias para los afectados y sus garantías y la naturaleza de los hechos en que la afectación incidiría, se ordena a los defensores penales públicos hagan devolución inmediata de los antecedentes entregados", se lee en el escrito emanado este viernes por el juzgado, según consignó Radio Bío Bío. 

De acuerdo a la resolución, los datos fueron entregados por el jefe de servicios del Juzgado de Garantía de Arica el pasado miércoles 13 de septiembre, los que "contienen la información de testigos protegidos del Ministerio Público". 

Gobierno analiza medidas contra el juez

El Gobierno informó que se encuentra analizando posibles medidas hacia el juez del Juzgado de Garantía de Arica.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó que para el Ejecutivo la decisión que había tomado el tribunal "es grave, porque, primero, no permitió escuchar a las partes intervinientes, como al propio fiscal a cargo", quien se encuentra con medidas de protección y que no se le permitió declarar vía telemática.

"El Gobierno está analizando las facultades constitucionales y legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente", aseveró.

En esa línea, la autoridad explicó que la Constitución "le entrega la facultad (al Presidente de la República) de revisar la conducta ministerial de los jueces y de otros empleados del Poder Judicial". 

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Al respecto, aclaró que esto "es conducente a la presentación eventual de un requerimiento para analizar la conducta de un juez a la Corte Suprema de Justicia".

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