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"Se busca": Justicia no logra notificar a Daniel Andrade por demanda del CDE contra Democracia Viva

A más de dos semanas de que el CDE iniciara una arremetida legal contra los representantes de Democracia Viva, aún la justicia no consigue notificarlos de la demanda que busca restituir $391 millones que recibió la fundación a través de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Como la acción judicial fue presentada en el Primer Juzgado Civil de esa ciudad, ésta debe ser notificada a los involucrados que están en otra ciudad, por medio de un exhorto, el cual fue derivado hacia Santiago.

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Así, esta misión fue encomendada al receptor judicial Gabriel Muñoz Flores, quien intentó cumplir con su trabajo en dos oportunidades sin éxito. Es decir, no pudo comunicar la demanda al fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade.

El primer intento ocurrió el 5 de septiembre pasado, a las 14.52 horas, cuando Muñoz llegó hasta el domicilio de la Fundación, ubicada en Exequiel Fernández en la comuna de Ñuñoa. Al consultar al conserje del condominio de departamentos, le informó que ya no concurría nadie a ese lugar. Información que fue confirmada por una ex vecina de Andrade que tiene su departamento al lado en el que supuestamente funcionaba Democracia Viva y donde los detectives de la PDI ejecutaron el allanamiento cuando explotó el caso en junio pasado.

Luego, el receptor judicial tomó su vehículo y se movilizó a la comuna de La Florida, donde podría encontrarse la ex pareja de la diputada Catalina Pérez. Según reportó Muñoz, esa diligencia la realizó a las 15.32 horas en calle Camino Las Cumbres con el objeto de notificar personalmente a Daniel Andrade. Pero recibió la misma respuesta: nadie con ese nombre vive en ese lugar.

Esta información fue comunicada al Consejo de Defensa del Estado, donde tendrán que buscar nuevos domicilios para lograr la notificación y así se dé curso a la demanda civil.

Recuperar el dinero

En el libelo del CDE, presentado el 29 de agosto pasado, se hace mención a los tres convenios firmados entre la Fundación y la Seremi del Minvu de Antofagasta por un total de $426 millones, y al término anticipado de los mismos, una vez que estalló el escándalo político.

Así, se estableció que por el primer contrato, solo se ejecutó el 14,3% de los dineros asignados para trabajar en los campamentos de la Segunda Región. Mientras que del segundo sólo se alcanzó a usar el 1,3% de los recursos y un 6,11% del tercer acuerdo.

Por ello, el CDE exige la devolución de $391.768.516 tras detectar que Democracia Viva “no dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumió en cada convenio”.

Si bien el Consejo de Defensa del Estado está optimista de estas diligencias, la Contraloría se ha mostrado en la otra vereda con una sensación más pesimista para recuperar dicho dinero. Tras oficializar el demoledor informe contra Democracia Viva, en el que acreditó “faltas a la probidad”, el contralor Jorge Bermúdez aseguró en una entrevista que no había ninguna posibilidad de recuperar el dinero, debido a la falta de garantías que no se presentaron en estos convenios.

Formalización: no por ahora

En la Fiscalía de Antofagasta, en tanto, siguen adelante con las diligencias bajo absoluta reserva y rechazaron- por ahora- la solicitud de los querellantes del Partido Republicano de formalizar a Daniel Andrade y al ex Seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, a quienes sindicaron como los cabecillas de esta supuesta red de corrupción.

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De todas formas, el Ministerio Público ya cuenta con una amplia cantidad de pruebas para formalizar investigación, pues en la carpeta del casos se encuentra el dossier con documentos que entregó el propio ministro de Vivienda Carlos Montes, el informe final de Contraloría, además de la contundente querella que interpuso el CDE por el delito de fraude al fisco contra Andrade y Contreras.

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