Caso Convenios: PDI indaga a fundación de "control canino" que firmó proyectos en Arica y Copiapó

El "Caso Convenios" sumó un nuevo capítulo la mañana de este miércoles. Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigación (PDI), llegaron hasta las oficinas del Gobierno Regional de Arica para incautar material vinculado a uno de los convenios firmados por la Fundación Comprometidos.

Según fuentes que presenciaron el hecho, la PDI estuvo aproximadamente una hora en el lugar, donde solicitaron la entrega de información a través de un pendrive. Estas diligencias fueron solicitadas por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, quien lidera la causa en Atacama por el delito de fraude al fisco.

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El objetivo del procedimiento fue indagar abonos y comprobantes de egreso relacionados con adjudicaciones de la Fundación Comprometidos durante los años 2022 y 2023. La organización, vinculada al PRO, es una de las que integra el listado de fundaciones investigadas en el caso convenios.

Una de las primeras alertas sobre los convenios de esta fundación tuvo lugar en la región de Atacama, a fines de junio. En esa oportunidad, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmó la apertura de un sumario, luego de que la Fundación Comprometidos recibiera $128 millones desde la Seremi del Minvu de Atacama para la entrega de agua potable en Copiapó, pese a tener un giro de actividades cinematográficas y de servicios veterinarios.

Pero Atacama no era la única región donde “Comprometidos” había firmado convenios. Es por ello, que los ojos del fiscal Miranda se trasladaron hacia Arica, pues la fundación presidida por Sebastián Duarte firmó dos convenios con el Gobierno Regional por una suma que superaba los $280 millones para implementar un sistema de control canino y registro de mascotas.

En este caso, los cuestionamientos a los convenios comenzaron luego de que algunos consejeros regionales de Arica recibieran antecedentes sobre supuestos nexos políticos entre los integrantes de la fundación con funcionarios del Gobierno Regional, que eran miembros del partido en formación “Mejor Región”, colectividad donde Duarte aparece como uno de sus fundadores.

Desde el Gobierno Regional de Arica comentaron a Mega Investiga que no se trató de un allanamiento, sino que fue una “entrega voluntaria de información” sobre la causa que se investiga por traspasos desde el Serviu a la Fundación Comprometidos para la entrega de agua en campamentos.

Las otras tres fundaciones investigadas

Son al menos tres las fundaciones que tiene en la mira el Ministerio Público en la región de Arica. Una de ellas es la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones con el Gobierno Regional de Arica, para un programa de emprendimiento, aun cuando la fundación no tenía ninguna experiencia en este ámbito. Así, la Fiscalía de Arica decidió iniciar una investigación de oficio el pasado 6 de julio.

Pero no es el único caso. La Fiscalía también está detrás de los pasos de la Fundación Conecta Tea, organización que atiende a personas con trastorno del espectro autista, principalmente niños, niñas y adolescentes.

El pasado 28 de octubre de 2022 el gobierno Regional de Arica firmó un convenio por $357,5 millones para un programa de atención gratuita, sin embargo, Mega Investiga dio a conocer que la agrupación cobraba a las familias que se atendían bajo el programa, además de otras irregularidades como denuncias de falsificación de firmas y boletas falsas.

El listado de convenios investigados lo completa la Fundación Deportiva Valcar, que firmó dos convenios para programas en materia de seguridad y salud. Uno de los que encendió las alarmas fue el senador José Miguel Durana (UDI), quien presentó los antecedentes ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuestionando la “nula” experiencia de la fundación con respecto a proyectos relacionados a seguridad y a la votación que obtuvo en el Consejo Regional de Arica, donde el proyecto solo tuvo el voto a favor del gobernador Jorge Díaz (DC), ya que de los 13 consejeros regionales, siete rechazaron el traspaso de recursos y seis se abstuvieron.

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