Desde el FA a Republicanos: concejales de Las Condes amplían denuncia en "Caso Cesfam"

Desde hace un tiempo que las sesiones del concejo municipal en Las Condes están marcadas por las tensiones entre sus protagonistas. El caso Cesfam ha desatado una verdadera batalla entre quienes respaldan la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) y quienes critican la misma.

En las últimas semanas, esta serie sumó un nuevo capítulo. El 7 de julio, concejales desde el Frente Amplio hasta Republicanos, solicitaron a Contraloría que determine la legalidad de una investigación contratada por la municipalidad en el caso Cesfam.

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Se trata de un “servicio externo de compliance” que anunció la alcaldesa el pasado 30 de marzo de 2023. En el decreto que autorizó el contrato del servicio, se argumenta la “necesidad de contratar los servicios profesionales de un equipo de abogados para la realización de una investigación (...) en relación a las adquisiciones de inmuebles para proyectos de interés municipal y las materias que la Municipalidad estime necesarias”.

El documento de 44 páginas titulado “Informe de Investigación Interna”, fue elaborado por el estudio Albagli Zaliasnik (AZ), en colaboración con Gómez, Pallavicini & García. En este, se entrega un análisis sobre el proceso de adquisición de inmuebles que la municipalidad llevó a cabo para la realización de un tercer Cesfam para la comuna.

El informe establece que “la adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose -a nuestro juicio-, la configuración de ilícitos en este sentido”. Además, el informe señala que “durante el proceso de adquisición de algunos inmuebles, que configuran el terreno para su construcción, existieron errores administrativos”.

En ese sentido, entre las recomendaciones finales, se plantea que se inicien procesos disciplinarios para determinar las responsabilidades de: Patricio Navarrete (Director Jurídico), Alejandro Contreras (Director Secretaría Comunal de Planificación), Eduardo López (Director de Control de la Municipalidad) y Ricardo Gutiérrez (Secretario General de la Corporación de Salud).

Entre los mencionados, Alejandro Contreras ya renunció a la municipalidad en medio de la controversia abierta por la compra de casas del Cesfam, y la alcaldesa solicitó la renuncia anticipada al director jurídico Patricio Navarrete, quien iba a acogerse a retiro.

El documento de AZ fue valorado por la alcaldesa, quien afirmó el pasado 19 de junio, que el “informe es tajante, claro y preciso al señalar que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control por parte de las unidades internas, así como un cambio en el modelo de adquisición de la última casa, cambios que no me fueron consultados ni informados”.

Sin embargo, ese informe ha sido criticado por un grupo de concejales, quienes acusan supuestas irregularidades en la contratación del estudio jurídico AZ y en la elaboración de la investigación.

De las críticas a la denuncia en Contraloría

El caso Cesfam también ha tenido un impacto en la distribución de fuerzas al interior del municipio. Tanto así, que incluso representantes de oficialismo y oposición han actuado en conjunto para denunciar el caso.

Así quedó de manifiesto en una solicitud de ampliación de denuncia en Contraloría, que fue firmada por los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex UDI), Leonardo Prat (Indep. Republicano), Sergio Melnick (Indep. Republicano), Catalina Ugarte (P. Republicano) e Isidora Alcalde (Rev. Democrática).

En el documento, al que tuvo acceso Mega Investiga, los concejales solicitan al Contralor Jórge Bermúdez, determinar la legalidad del decreto mediante el cual el municipio autorizó la contratación del informe elaborado por el estudio AZ, a través de la modalidad de trato directo.

Según argumentan los concejales, el informe contempló el apoyo del estudio jurídico Gómez, Pallavicini & García, el cual no estaba contemplado en el contrato. Sin embargo, desde el municipio afirman que “los productos contratados fueron entregados a cabalidad y, como una prestación adicional sin costo para la Municipalidad de Las Condes, surgió del propio contratista la idea de que prestara apoyo el estudio Gómez, Pallavicini & García”.

Además, la municipalidad señala que “todas las entrevistas que se realizaron en el marco del proceso de investigación y la redacción de los respectivos informes, fueron llevados a cabo personalmente por la Directora del Grupo Compliance del Estudio Jurídico Albagli Zaliasnik, no existiendo subcontratación de servicios como se ha pretendido establecer”.

Pero la ampliación de la denuncia, incorpora un segundo punto. Los concejales aseguran que la contratación no fue visada por el Concejo, a pesar de que se consideraba un “cobro adicional” de un 30% que podría alcanzar un total de $38 millones, monto que “superaría con creces las 500 UTM que la normativa vigente establece como límite para que una contratación no requiera el acuerdo del Concejo Municipal”.

Desde la municipalidad aseguran que la contratación estuvo en regla, ya que “la suma del contrato ascendió a 833 Unidades de Fomento, IVA incluido, lo que de acuerdo a los cálculos de los propios concejales indicados en su denuncia, equivale sólo a 475 UTM”.

Respecto del eventual cobro adicional, la municipalidad respondió a este medio que la modificación era eventual y no se concretó, por lo tanto, no era necesario recurrir al acuerdo del Concejo.

Aún así, los cuestionamientos al informe de AZ se han hecho presentes en las sesiones del Concejo. El pasado 6 de julio, el concejal Melnick, criticó fuertemente la elaboración del informe. “No es una auditoría, como señaló públicamente la alcaldesa, sino que es un informe jurídico administrativo (...) este informe concluye exactamente lo que la alcaldesa quería establecer, y eso es, que solo había errores administrativos”, dijo en esa sesión.

Críticas que han sido compartidas por la concejala Isidora Alcalde, quien consultada por este medio, respondió que “hay un conflicto de interés importante, ya que entre la municipalidad y este estudio hay una relación contractual de asesor con cliente, por lo que difícilmente van a llegar a conclusiones que son contrarias al interés de quien los está contratando”.

El reservado informe del Director de Control

Las tensiones han escalado más allá de los representantes electos. En el municipio se han abierto disputas entre los funcionarios de los departamentos involucrados en el caso Cesfam.

La última ofensiva la protagonizó el Director de Control, Eduardo López, quien es apuntado en el informe de AZ, como uno de los principales responsables de los errores administrativos del caso Cesfam.

En un documento solicitado por el concejal Melnick a la Dirección de Control para entregar mayores antecedentes sobre la contratación del informe, López responde duramente al trabajo realizado por el estudio AZ.

En el documento al que tuvo acceso Mega Investiga, el contralor municipal reitera los argumentos expresados por los concejales en la ampliación de la denuncia, pero además describe una serie de supuestas irregularidades del informe. En ese listado, menciona que el documento de AZ “no se encuentra suscrito ni firmado por profesional alguno”, y que para los “estándares municipales no resulta válido y no se le puede dar valor legal”.

Además, critica que el informe de AZ denuncie una falta de coordinación entre las distintas direcciones, y que “extrañamente nada se dice de la responsabilidad que pudiera caber a la Alcaldesa, como máxima autoridad y responsable del funcionamiento total del municipio”.

López concluye su informe asegurando que el trabajo elaborado por el estudio AZ “no aporta nuevos antecedentes e incluso podría afectar los procesos administrativos o judiciales que se están llevando a cabo, dado que se limita a emitir juicios de valor, sin estar suficientemente fundamentados”.

Mega Investiga consultó a la municipalidad sobre este punto, pero optaron por no entregar declaraciones al respecto.