Columna de Mauricio Morales: Enterrado de cabeza

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Ya con el agua hasta el cuello, el gobierno no cede a la presión por un cambio de gabinete. Como si la situación no fuese crítica, el Presidente -en palabras de su vocera- ha decidido mantener su equipo y partir rumbo a Europa el próximo miércoles. Mientras todo el mundo sigue impactado por la profundidad y descaro de los múltiples casos de corrupción, el gobierno parece no tomar nota.

Si la estrategia es esperar a que baje la marea en conjunto con el hallazgo de situaciones igualmente condenables, pero que afecten a la administración de Piñera, el daño será aún mayor. La tozudez nunca es buena consejera, particularmente en este contexto, y mucho menos es recomendable plantear una táctica comunicacional cuyo único propósito es ganar tiempo.

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No por nada la última encuesta Cadem muestra que el 91% asocia el caso “Democracia Viva” a prácticas corruptas, mientras el 86% cree que este tipo de situaciones son generalizadas. El gobierno, en tanto, registra un 29% de aprobación. Más de algún asesor concluirá que a pesar del escándalo el gobierno resiste, lo que puede ser cierto, aunque lo hace en su base de apoyo más dura.

El gobierno no aprende. Ya sufrió una estrepitosa derrota ideológica en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Posteriormente, sufrió una derrota política en las recientes elecciones de consejeros constitucionales. Ahora recibe una derrota ética debido a los casos de corrupción.

Estas tres caídas dibujan un gobierno prácticamente enterrado de cabeza y sin posibilidad de reacción. Es cierto que un cambio de gabinete no sirve por sí mismo para salir de la crisis, pero es condición necesaria para avanzar. En general, los escándalos de corrupción tienen tres etapas.

La primera es la etapa política en que los gobiernos acusan el golpe y toman decisiones dolorosas, incluyendo cambios sustantivos en los equipos. Los ciudadanos valoran estas decisiones, pues sienten que el gobierno aún mantiene cierta dosis de empatía, especialmente si se trata de recursos públicos utilizados para beneficios personales o políticos.

Tal como los más pobres sufren debido a que esos recursos no fueron utilizados correctamente, el gobierno también debe dar muestras de sufrimiento al ver partir a los involucrados, por más cercanos y amigos que sean.

La segunda etapa es la judicial. Luego de haber hecho la pérdida, el gobierno delega los casos de corrupción y su respectiva investigación a la justicia, entregando toda la ayuda y colaboración posible.

La tercera etapa y final, es la legislativa. Acá el gobierno sugiere enmiendas institucionales para evitar que los casos de corrupción se repitan a futuro. Para eso están, por ejemplo, las comisiones de expertos encargadas de elaborar sugerencias que sean posteriormente debatidas en el Congreso.

Sin embargo, y en un desorden descomunal, el gobierno ha confundido estas tres etapas, sin seguir una secuencia lógica. Ya enredado en la esfera política -con la única ayuda de la vocería del ministro de Justicia- decidió instalar una comisión en materia de probidad y transparencia.

Como si no existiera un consenso respecto al déficit institucional en materia de corrupción a nivel central y local, el gobierno pretende abordar la etapa legislativa antes de resolver la crisis política. Esto es igual a que en medio de un incendio los bomberos se dedicaran a discutir sobre las causas de ese incendio en lugar de apagarlo para evitar que el desastre sea mayor.

Resulta difícil explicarlo, pero la reacción del gobierno ha sido sorprendentemente confusa. De hecho, al propio Presidente le ha costado desarrollar una cronología de los hechos, entrando en sucesivas contradicciones, lo que se explica, en parte, por el volumen de nueva información que entra diariamente.

El Presidente Boric debe proceder a un cambio de gabinete. Son razonables las presiones del PS para evitar la caída de Montes y de RD para mantener como sea a Jackson, a pesar de que según Cadem el 46% asocia el “Caso Fundaciones” al ministro de Desarrollo Social.

Pero al lado de la envergadura de la crisis, estas presiones son meras nimiedades. El país es más grande que un par de partidos o que una coalición cuyo comportamiento permanentemente disfuncional está produciendo un daño no solo para su propio gobierno, sino que también para la democracia chilena.

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